19 Sep 2014 
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 Juicio Ejecutivo: reseña histórica del juicio ejecutivo. Explicación de lo que se trata en el juicio ordinario que viene después de una juicio ejecutivo a consecuencia de su ordinarización.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1329/2006-R Sucre, 18 de diciembre de 2006 III.5.Con relación al Auto de Vista dictado por las autoridades recurridas en grado de apelación respecto de la Sentencia pronunciada por el Juez a quo en el proceso ejecutivo y con relación al cual el recurrido acusa presuntas vulneraciones a sus derechos y garantía y, de la entidad que representa, es de aplicación la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución.
Al efecto, no puede omitirse señalar que dado que en el proceso ejecutivo sólo se logra una sentencia que adquiere valor de cosa juzgada formal, el mismo procedimiento civil permite lo que la doctrina denomina "juicio ordinario posterior", o sea la ordinarización del juicio ejecutivo. En ese sentido es necesario recordar que en el régimen procesal civil vigente en Bolivia se han previsto distintas vías jurisdiccionales para hacer efectivo el cobro judicial de las obligaciones impagas, a saber: el proceso ordinario y los procesos de ejecución entre los que está el proceso ejecutivo, por una parte, y la ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios, por otra; los mismos que tienen una naturaleza jurídica y configuración procesal propia, distinta una de la otra.
En ese marco, este Tribunal Constitucional en las SC 0569/2004-R, de 15 de abril, ha establecido:
"Se considera al proceso ejecutivo como vía de ejecución porque su objetivo consiste en lograr la satisfacción de un crédito o el cumplimiento de una obligación que la propia ley presume existente en virtud del documento base de la ejecución; además, el efecto inmediato de la pretensión ejecutiva consiste en un acto de intimación de pago y en acto coactivo sobre el patrimonio del deudor al embargarse directamente sus bienes, si es el caso.
Son presupuestos del proceso ejecutivo la necesaria existencia de un título ejecutivo -nulla executio sine- pues no hay proceso ejecutivo válido si no existe el título base de la ejecución que contenga la obligación en mora cuyo cumplimiento puede exigirse por esa vía; la existencia del acreedor o titular de la obligación; y, la existencia del deudor, u obligado a pagar, responder o hacer.
La finalidad última del proceso ejecutivo es …lograr el pago o cancelación total de la deuda, o la entrega de la cosa, dependiendo de lo que establezca el título ejecutivo. Entonces, en el proceso ejecutivo no se discuten derechos dudosos o contradictorios, y la ejecución está subordinada a lo que conste en el documento base de la ejecución, pudiendo esgrimirse en defensa del deudor, únicamente las excepciones permitidas por la ley".
La misma Sentencia Constitucional, con relación a los procesos ordinarios o de conocimiento aclara lo siguiente:
"…el proceso de cognición o denominado también de conocimiento hace referencia a la tramitación del juicio en el que se persigue obtener del juez o tribunal una declaración de voluntad de la que se derivan consecuencias jurídicas a favor o en contra de las partes litigantes. Se llama proceso de cognición como término de diferenciación del proceso ejecutivo, en el cual de lo que se trata es de dar efectividad a la obligación contenida en el título ejecutivo, en el juicio de conocimiento, se pretende llegar a la verdad sobre un acto jurídico, determinar su validez o invalidez, su legalidad o ilegalidad, y así establecer los derechos -u obligaciones- de las partes".
Para el cobro de una obligación impaga, entonces, el acreedor siempre puede utilizar la vía ordinaria, mas no, de la misma manera la acción ejecutiva puesto que en ésta corresponderá hacerlo sólo en base a un título con fuerza ejecutiva.
En este último contexto, el art. 490.I del CPC establece que "lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior", y si bien la norma no señala los casos en los que es viable esta ordinarización, no existe la menor duda que sobre lo que tiene que dilucidarse en el proceso ordinario es lo resuelto en la sentencia del proceso ejecutivo; es decir, sobre lo que ésta determinó con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, casos en los que presuntamente al ser el juicio ejecutivo breve, entre otras características, no pudo por su propia naturaleza permitir como en un juicio de conocimiento, demostrarse la certeza de la pretensión o de la excepción, no pudiendo entenderse; sin embargo, que lo que no se pudo cobrar por la vía ejecutiva será cobrable al fin por vía de la ordinarización del proceso, pues esta instancia, aunque tramitada mediante otro proceso, en este caso, ordinario, es una continuación del proceso ejecutivo para dilucidar sobre la pretensión de modificarse lo resuelto en el proceso ejecutivo, y declarar en su caso, la obligación o no de pago, de acuerdo con la exigibilidad que devenga de la fuerza ejecutiva del documento acompañado a la demanda ejecutiva, pues ésta es, en esencia, la única manera de salvaguardar la razón de existencia del proceso ejecutivo, y la seguridad jurídica.
En efecto, así como el demandante tiene la opción de elegir la vía para hacer efectivo el cobro de una obligación dependiendo si el documento base de la acción tiene o no fuerza ejecutiva, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de someter sus actos y determinaciones al ordenamiento jurídico, pues no tendría ningún sentido, salvo el del abuso procesal, que sin importar como se decida en un proceso ejecutivo, al ordinarizar el proceso, sean otras las circunstancias que se valoren o diluciden.
Luego, la pretensión de pago sobre la base de un documento no idóneo, que no tiene fuerza ejecutiva, por ejemplo, aparejará la confirmación de tal circunstancia en el proceso ordinario. No se trata, entonces, que el proceso ordinario que suceda al proceso ejecutivo determine si existe la obligación, se trata de dilucidar si al pronunciarse la sentencia dentro del proceso ejecutivo, la demanda fue planteada efectivamente en base a un título ejecutivo, con competencia, personería legal de las partes, exigibilidad de la obligación y plazo vencido, y si, por otra parte, las excepciones planteadas en su caso tuvieron su fundamento, demostradas en su caso, con la documentación pertinente, como exige la ley.
En una retrospectiva de las disposiciones legales en esta materia, en Bolivia, se tiene, entre otras, que por Decreto de 7 de enero de de 1850, bajo la presidencia provisoria de Manuel Isidoro Belzu, estableció:
"…11. En los juicios ejecutivos, no se admitirán otras 'ecepciones' (sic) dilatorias, que la falta de personería 'lejítima' (sic), de jurisdicción ó la de incompetencia y la de falta de fuerza ejecutiva en el instrumento presentado. Estas 'ecepciones' (sic) deberán interponerse y resolverse precisamente, dentro de los primeros seis días 'consiguientes' (sic) al decreto de solvendo.
1. En ningún caso podrá el juez pendiente un artículo, admitir otro ni pasar a sustanciarlo antes de resolverse 'espresamente' (sic) el anterior, pena de nulidad.
2. Toda 'esepción' (sic) perentoria se opondrá, conforme al art. 526 de Código de Procedimientos [El demandado que oponga excepciones, deberá hacerlo precisamente dentro de los primeros dos días de los diez señalados; pasados éstos, podrá 'recojerse' (sic) el proceso a solicitud del ejecutante (las perentorias son cosa juzgada, dolo, miedo grave, transacción, prescripción i pacto de no pedir -art. 165)] aún cuando sea sobre la nulidad o falsedad del instrumento que motiva la ejecución.
3. Si alguna 'ecepción' (sic) perentoria no pudiese probarse en el término de diez días por la naturaleza y circunstancias del hecho, el Juez dejará en la sentencia de remate, salvo el derecho del ejecutado para la vía ordinaria.
4. El juicio ordinario que habla el artículo anterior se entablará precisamente dentro de los quince día siguientes, desde que sea ejecutoriada la sentencia de remate."
Por su parte el Decreto de 19 de noviembre de 1863, emitido bajo la presidencia constitucional de José María de Achá, establecía:
"…8. El juicio ejecutivo, cualquiera que sea la sentencia que la termine, queda tanto al actor como al demandado, salvo su derecho para promover el ordinario.
1. El ejecutado, que por no haber podido probar sus 'esepciones' (sic) en el juicio ejecutivo, quiera promover el ordinario conforme al artículo anterior, debe instaurarlo precisamente dentro de quince días contados desde que se haya ejecutoriado la sentencia de remate.
2. El ejecutante en su caso podrá promover juicio ordinario en el término que las leyes conceden para el ejercicio de sus acciones, según su naturaleza y circunstancias".
El art. 490 del CPC, sustituido según lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal y de Asistencia Familiar, determina que lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, el que podrá ser promovido por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia en el plazo de los seis meses, caducando así, el derecho a demandar la revisión del fallo; proceso que, según lo previsto en la citada Ley, se tramitará por separado sin paralizar la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo; en la versión anterior a la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, este plazo, concedido sólo al ejecutado, era de treinta días, en cambio, el ejecutante perdidoso podía acudir a la vía ordinaria en los plazos legales para exigir la declaración de la obligación.
En cuanto a las excepciones que puede oponerse dentro del proceso ejecutivo, la ley las enumera taxativamente, en el art. 507 del CPC, mismas que deban oponerse todas juntas, debidamente documentadas en los casos que corresponda, dentro de cinco días fatales desde la citación con la demanda.
Por lo señalado, cobra relevancia lo afirmado en sentido que en el proceso ordinario tendiente a modificar lo resuelto en la sentencia del proceso ejecutivo, debe dilucidarse sobre la demanda de pago en base a un título ejecutivo o sobre las excepciones opuestas, en ambos casos presuntamente porque no fueron resueltas conforme a ley.
En ese sentido, y al no ser el recurso de amparo constitucional un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o administrativos que la ley dispensa a los ciudadanos dentro de los procesos judiciales y toda vez que de acuerdo con lo previsto por el art. 490 del CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF, el que se creyere afectado con la sentencia pronunciada dentro del proceso ejecutivo puede acudir a la vía ordinaria para eventualmente modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo, es de aplicación el art. 96.3 de la LTC que se refiere a la improcedencia del amparo constitucional cuando "las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso".
III.6.Realizadas las precisiones que explican el porqué de la improcedencia del recurso planteado por subsidiariedad, corresponde señalar como corolario y modulación de las líneas jurisprudenciales relativas al otorgamiento de la tutela en los casos de omisión o valoración arbitraria de la prueba por parte de las autoridades recurridas o que no obedezcan a los principios de razonabilidad y equidad, o los casos en los que hay inobservancia o errónea aplicación de la legislación ordinaria al dictarse resoluciones, que éstas no son de aplicación cuando se trata de impugnar autos de vista pronunciados en grado de apelación de las Sentencias pronunciadas dentro de un proceso ejecutivo pues en tal caso existe una eventual ordinarización del proceso.
III.7.De igual manera es preciso señalar que la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Resolución, referido a los casos en los que si el recurrente "considera que se dieron irregularidades en el proceso ejecutivo (…)" podrá él acudir a la vía ordinaria prevista por el art. 490 del CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF; la misma fue implícitamente modulada para los casos en el que el recurrente considera que se dieron irregularidades en el proceso ejecutivo porque "el documento de crédito que lo originó tuvo vicios de nulidad…", puesto que, ante tales circunstancias, cuando se trata de nulidad o anulabilidad de un documento, el recurrente puede acudir independientemente a la vía ordinaria para demostrar y conseguir en su caso una sentencia declarativa de nulidad o anulabilidad.
No es otro el sentido de la SC 0569/2004-R, que refiere en el caso entonces examinado sobre el hecho comprobado de que "la ejecutada perdidosa no ordinarizó el ejecutivo dentro del plazo previsto por el art. 490 del CPC, sino que planteó demanda ordinaria de nulidad del documento"; no hay que perder de vista que el art. 316 del CPC establece que todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario.
III.8.Por último, corresponde señalar que al no haberse dilucidado el fondo de la demanda interpuesta
por estar la misma en una de las causas de inactivación reglada del amparo contenida en el art. 96.3 de la LTC, corresponde declarar la improcedencia del presente recurso; por lo que el Tribunal de amparo al "denegar" el amparo solicitado ha empleado una terminología inapropiada, pues ésta debe utilizarse cuando no se ha encontrado cierta y efectiva la denuncia.
En consecuencia, el recurso de amparo constitucional interpuesto no se encuentra dentro de los alcances y previsiones del art. 19 de la CPE, de manera que el Tribunal de amparo al haber "denegado" el amparo solicitado, ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional, aunque en este caso corresponde utilizar la terminología adecuada.



Detalles del Articulo
Código del Articulo: 6063
Fecha de Creación: 13 Apr 2009 1:53 PM

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