01 Nov 2014 
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 Juicio Ejecutivo: si se tiene titulo coactivo, puede demandarse en la vía ejecutiva.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1032/2006-R Sucre, 16 de octubre de 2006 Los recurrentes afirman que se han lesionado los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso, reconocidos por los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la CPE, además de haberse conculcado los principios de legalidad y "del juez natural" por cuanto las autoridades recurridas sin haber reparado en la naturaleza del proceso instaurado en su contra, permitieron que éste se desarrolle transgrediendo el sistema procesal al que deben sujetarse dichas autoridades, sustanciaron el proceso ejecutivo cuando el pago de la obligación correspondía ser demandado y tramitado por la vía coactiva, y porque, por otra parte, la autoridad llamada a conocer un proceso ejecutivo tiene la obligación de examinar el título presentado antes de intimar al pago y también a tiempo de dictar Sentencia; obligación que se extiende al Tribunal de apelación cuyo examen corresponde hacerlo incluso de oficio. En el proceso ejecutivo iniciado por FRIDOSA en su contra, la Jueza recurrida les intimó al pago de $us101995,18.-, en base a la escritura pública 194/2003, de 5 de febrero, por la que se les otorgó un crédito rotativo hasta la suma de $us25000.- y no obstante que opusieron las excepciones de falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad del título que dio lugar a la admisión de la demanda, en Sentencia declaró probada la misma e improbadas las excepciones opuestas, omitiendo considerar, al igual que el Tribunal de alzada, que el proceso ejecutivo es trámite especial dirigido a hacer efectivo el pago de una obligación en virtud de un título que tenga fuerza de ejecución, con plazo vencido y con suma líquida y exigible, lo que no fue examinado ni a tiempo de admitirse la demanda ni en Sentencia, ni por el Tribunal de alzada en apelación. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.
III.1.El amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE, como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías.
III.2.En ese marco, antes de entrar a considerar el fondo del recurso planteado corresponde señalar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este órgano jurisdiccional constitucional colegiado "(…) le corresponde analizar los actos procesales en los cuales pudo haber existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione los derechos fundamentales de alguna de las partes, sin que pueda entrar a realizar valoraciones de fondo de la prueba o de los antecedentes producidos en la sustanciación del proceso judicial que dio lugar al amparo constitucional, ya que la valoración de la prueba y la definición del fondo del litigio corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, puesto que la función de este Tribunal es el de procurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales" (SC 1732/2004-R, de 27 de octubre).
Sin embargo, cabe mencionar, que la nueva línea jurisprudencial asumida por el Tribunal Constitucional a partir de la SC 1846/2004-R, de 30 de noviembre, ha establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que a la jurisdicción constitucional le corresponde "verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales" (las negrillas son nuestras).
La citada Sentencia Constitucional recogiendo la proclamación que hace el art. 1.II de la Constitución referida a que: "Bolivia es un Estado social y Democrático de Derecho, que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, a la libertad, igualdad y justicia, proclama que estos valores son la base del ordenamiento jurídico, y a la vez presiden su interpretación y aplicación". Tal Resolución añade que el valor Justicia no sólo es valor en sí, sino es una medida de los demás valores jurídicos que ha sido vinculado, en su contenido, con otros valores, principios y derechos, dentro de los cuales, junto a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, derechos humanos, libertad, está el principio de razonabilidad que tiene como finalidad preservar el valor justicia en las resoluciones, normas y en los actos tanto públicos como privados.
III.3.Cabe señalar también que el derecho a la seguridad jurídica, reconocido por el art. 7 inc. a) de la CPE -como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional- "representa la garantía de aplicación objetiva de la ley, de modo tal que las personas saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" (SSCC 0287/1999-R, 1509/2004-R, entre otras), es también reconocido como un principio constitucional informador del ordenamiento jurídico; en tanto que el derecho al debido proceso consagrado por el art. 16.IV de la CPE, es entendido como "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar" (SSCC 0418/2000-R y 1276/2001-R, entre otras). Así, la autoridad jurisdiccional debe observar y está condicionada al cumplimiento del conjunto de reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos -según su naturaleza- asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. En este último sentido las SSCC 0342/2005-R, 0143/2006-R y 0717/2006-R, entre otras.
Cabe hacer notar también que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) establece: "Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes", y si bien -como ha señalado este Tribunal Constitucional- el art. 15 de la LOJ, faculta a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que adviertan vicios, dicha disposición no puede ser interpretada sino en concordancia con otras disposiciones -se entiende- aplicables al caso concreto.
III.4.En el caso examinado se evidencia, por una parte, que los recurrentes suscribieron un contrato de apertura de crédito rotativo hasta la suma de $us25000.- a ser utilizado dentro de un plazo también determinado, habiendo renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo, y por otra, que el acreedor, en base a la escritura pública que protocolizó dicho acuerdo, demandó en la vía ejecutiva el pago de la suma de $us101995,18.-, demanda en virtud de la cual, la Jueza recurrida mandó a pagar esta última suma indicada, y posteriormente en Sentencia declaró improbadas las excepciones de falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad del título opuestas, en consecuencia, probada la demanda ejecutiva interpuesta, Sentencia que fue confirmada mediante Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de alzada. En ese contexto corresponde dilucidar si al haber constituido un título coactivo puede el acreedor perseguir el pago mediante la vía ejecutiva y si existiendo un documento de crédito rotativo hasta una suma determinada, éste puede ser suficiente título como fuerza ejecutiva para demandar el pago de una suma mayor y si tales circunstancias lesionan los derechos y garantías invocados por los recurrentes.
III.5.Para el análisis de la problemática planteada resulta necesario recordar que en el régimen procesal civil vigente en Bolivia se han previsto distintas vías jurisdiccionales para hacer efectivo el cobro judicial de las obligaciones impagas, a saber: el proceso ordinario y los procesos de ejecución entre los que están el proceso ejecutivo, por una parte, y la ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios, por otra; los mismos que tienen una naturaleza jurídica y configuración procesal propia, distinta una de la otra.
En cuanto al proceso coactivo civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios ha sido instituido mediante la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, que de acuerdo con lo previsto por su art. 48, procede en el caso de obligaciones de pago de suma líquida y exigible sustentada en títulos referidos a créditos hipotecarios inscritos y crédito prendario de bienes sujetos a registro, igualmente inscritos, en los cuales el deudor hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo.
Para la ejecución en cualquiera de los casos, es imprescindible que el crédito hipotecario o prendario esté inscrito y que la renuncia del deudor al proceso ejecutivo sea expresa puesto que, de acuerdo con lo señalado en la SC 0604/2003-R, de 6 de mayo, "cuando no concurren ambos requisitos no puede demandarse en la vía coactiva civil, pues los requisitos son exigidos en forma conjunta y no alternativa…", más, como prosigue esta Resolución "(…) el documento no puede ser invalidado sino reconducido a la vía ejecutiva civil siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos por ley para ser considerado como título ejecutivo" (las negrillas son nuestras).
En ese sentido, la misma Resolución al referirse a un documento que no tenía fuerza coactiva señaló lo siguiente: "(…) ello no anula el derecho que tiene el acreedor de perseguir el cobro de la obligación por la vía del proceso ejecutivo, siendo así que el documento, si bien es cierto que no tiene fuerza coactiva, pero sí tiene fuerza ejecutiva". Claro está, cuando el documento cumple con los requisitos que la ley establece para darle la calidad de título ejecutivo.
III.6.En otro orden es preciso señalar que conforme a lo previsto por el art. 1309 del CCom, se entiende por apertura de crédito o línea de crédito "el acuerdo en virtud del cual un Banco se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado en la medida de sus requerimientos o bien realizar otras prestaciones que permitan a éste obtener crédito; el acreditado a su vez, se obliga a reembolsar la suma utilizada o a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, así como a pagar las comisiones, intereses o gastos convenidos". De hecho, mediante este tipo de contratos una entidad financiera o mercantil, se obliga con su cliente, hasta una cantidad determinada y durante cierto tiempo, a concederle crédito mediante las formas legalmente acordadas recibiendo como contraprestación el reembolso de lo adeudado más los pagos convenidos.
Este contrato puede efectuarse bajo modalidades tales como la simple, cuando se utiliza el crédito hasta agotarse el monto pactado, o la rotatoria cuando el cliente tiene derecho a efectuar reembolsos durante la vigencia del contrato, reponiendo con ellos el saldo o las sumas disponibles a su favor, que podrán ser reutilizadas a necesidad del cliente, hasta el límite del monto pactado.
El art. 1310 del CCom, establece que la apertura de crédito se formalizará por escrito en el cual además de la naturaleza de la prestación, se estipulará por lo menos el importe del crédito otorgado que puede ser determinado o determinable, según su naturaleza o finalidad, el plazo de utilización, las garantías específicas si las hubiera, la forma de utilización del crédito: simple o rotatoria, y las comisiones, intereses y gastos convenidos.
En general, la fuerza ejecutiva de un documento mercantil como el presentado por la empresa ejecutante, constituye materia regulada por las normas sustantivas y de ninguna manera por normas adjetivas en las que por el sólo hecho de ser un documento mercantil se le asigne la calidad de título ejecutivo, así como tampoco, se le asignará tal calidad en base a normas que no atienden a la naturaleza de la relación contractual concertada.
En ese contexto, en general, el contrato de apertura de crédito y la liquidación de la cuenta, en efecto, tienen fuerza ejecutiva, mas, como se trata de obligaciones de carácter pecuniario es indispensable conocer si en la operación se determinó o no el límite de la suma del crédito otorgado, pues este límite, si se ha concertado, constituye para ambas partes un elemento sustancial a la hora de tener por cierta una suma líquida y exigible que haga sobre esa base viable un proceso de ejecución como el ejecutivo. Si bien la liquidación de la cuenta, siendo menor al contrato de apertura no afecta el límite de lo pactado y por lo tanto no es sino ésta la base de la acción ejecutiva, aparejada al contrato de apertura que es el marco en el que se circunscribe las operaciones emergentes de ese contrato; no ocurre lo mismo cuando la liquidación de cuenta excede el límite de crédito acordado en el contrato marco, pues, de acuerdo a lo acordado por las partes en el contrato de apertura hay un límite que constituye la suma líquida y exigible mediante la vía ejecutiva.
Cualquier otra pretensión en la que la liquidación de cuenta se presuma sin límite, más allá del contrato, causa incertidumbre en la exigibilidad de la obligación y desnaturalizaría el proceso ejecutivo, situación que, sin embargo, de ninguna manera, restringe la persecución del pago mediante la vía ordinaria. Por lo señalado, es el contrato el que determina el límite al crédito a otorgarse y por tanto la suma líquida y exigible de la ejecución, en tanto que la liquidación de la cuenta, es la que corrobora la utilización del crédito simple o rotatorio hasta el límite de lo acordado.
En efecto, al haberse excedido el crédito más allá del límite acordado, el acreedor debe buscar una sentencia declarativa de obligación respecto al monto que excedió el límite fijado, para cuyo fin el proceso ejecutivo no es la vía ya que de acuerdo a los arts. 486 y ss. del CPC, el proceso ejecutivo tiene un procedimiento especial en mérito a que su naturaleza jurídica lo distingue de los procesos de conocimiento previstos en los arts. 316 y ss. del mismo Código adjetivo. Así, de acuerdo con lo expresado en las SSCC 0269/2006-R y 0033/2000,"En el proceso ejecutivo no existen hechos o derechos contenciosos, su objetivo fundamental es lograr el pago o cumplimiento de obligaciones y deudas en mora, en virtud de un título que tenga fuerza ejecutiva, por lo que ante la inexistencia de hechos controvertidos se impone su celeridad, como se ha reconocido en la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil, al establecer modificaciones que hacen aún más expedito su procedimiento".
III.7.De lo expuesto precedentemente, no existe duda que sí es posible que habiéndose constituido un título coactivo, el acreedor de la obligación bien puede optar por demandar el pago de la obligación a su acreedor, tal cual se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.5., siempre que el documento base de la acción cumpla con los requisitos establecidos por ley para ser considerado como título ejecutivo, situación que en el caso examinado no se da por cuanto el recurrente basa su acción en la escritura pública 194/2003 de distribución, crédito rotativo y posterior cobranza hasta la suma de $us25000.-, constituyendo en este caso y bajo la modalidad acordada en el contrato como la única suma líquida y exigible, salvo aquella que a base de la liquidación de cuentas efectuada por el acreedor, ésta no exceda el monto límite pactado, lo que no ocurre, pues señala como suma líquida y exigible $us101995,18.-, resultado de un estado de cuenta en base a las notas de productos presuntamente entregados al cliente -sin entrar al examen de la legalidad o ilegalidad de éstas y sus efectos independientemente del contrato de apertura- suma que no guarda relación con la naturaleza del contrato porque conforme a las condiciones de éste existe un límite pactado por las partes, lo que, al no estar dentro del contexto del contrato de apertura rotativo con un monto límite pactado desvirtúa la suma límite determinada por acuerdo de partes.
En ese sentido, las autoridades recurridas al no sujetar su labor jurisdiccional a las normas que rigen la tramitación de cada proceso en particular y siendo ostensible la inobservancia a la obligación que se tiene de examinar cuidadosamente el título ejecutivo base de la acción, cuidando que éste tenga, de acuerdo a la naturaleza del documento, una suma líquida y exigible, no hay duda que hubo una lesión a los derechos a la seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso, cuando lo que correspondía, a su turno, era rechazar la demanda por no existir un crédito ejecutivo con una suma líquida y exigible precisa en el límite acordado dentro del documento base de la acción intentada.
En consecuencia, el recurso de amparo constitucional interpuesto se encuentra dentro de los alcances y previsiones del art. 19 de la CPE, de manera que el Tribunal de amparo al haber denegado el recurso, no ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.



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Código del Articulo: 6062
Fecha de Creación: 13 Apr 2009 1:52 PM

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