24 Nov 2014 
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 Nulidad de obrados: Los tribunales de alzada solo pueden anular obrados si la parte interesada a reclamado los vicios a tiempo de apelar. Aplicación del art. 15 de la L.O.J.
Respuesta Sentencia constitucional 0772/2005-R Sucre, 5 de julio de 2005 La actora aduce que en el proceso ejecutivo que se le siguió, los vocales recurridos, al resolver las apelaciones de la partes, no cumplieron lo dispuesto por los arts. 227 y 236 del CPC, pues los fundamentos que sustentan su alzada no han sido resueltos, el fallo carece de motivación legal y lógica, a más que tal instancia no tiene facultad para anular obrados, de modo que considera que se han lesionado el principio de igualdad procesal, los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso. Consecuentemente, en revisión, se debe analizar si en la especie es pertinente otorgar la tutela pretendida.
III.1.El art. 511 del CPC, modificado por el art. 31 de la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar (LAPCAF), dispone que vencido el plazo probatorio -del proceso ejecutivo- o cuando el ejecutado no hubiere opuesto excepciones conforme al art. 509 del CPC, el juez sin necesidad de instancia de parte y dentro del plazo legal, pronunciará sentencia con imposición de costas. Contra la sentencia procede el recurso de apelación y el auto de vista no admitirá recurso de casación.
III.2. En el caso de autos, la hoy recurrente planteó apelación contra la sentencia de 5 de noviembre de 2003. Por su parte, la ejecutante formuló alzada contra el proveído de 29 de diciembre del mismo año, mediante el cual, el juez de la causa rechazó su pedido de complementación y enmienda respecto de la ampliación de la demanda, con el argumento que no se habría citado a la ejecutada con la ampliación de la demanda y su admisión.
Al efecto, cabe recordar que el art. 190 del CPC, dispone que:
"La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado."
Según el art. 192 del mismo cuerpo de normas, la sentencia se dará por fallo y contendrá: 1) el encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales y objeto del litigio; 2) la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda; 3) la parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente; 4) el plazo que se otorgare para su cumplimiento; 5) el pronunciamiento sobre costas; 6) la imposición de multa en el caso de declararse temeridad o malicia por parte de los litigantes o profesionales intervinientes; 7) el lugar y fecha en que se pronuncia; 8) la firma del juez y la autorización del secretario o actuario con los sellos respectivos y el del juzgado o tribunal.
De modo que corresponde a la parte que se crea agraviada con la totalidad del fallo o una parte del mismo, formular apelación velando por sus intereses y derechos si estima que han sido lesionados. Por ende, en el caso presente, la ejecutante tenía la potestad de apelar contra la Sentencia al no haberse analizado en la misma, la ampliación a la demanda, que ciertamente no es un aspecto accesorio, sino fundamental para dirimir la controversia, y más aún, incide en lo sustancial del fallo por cuanto en un proceso ejecutivo se debe resolver el monto que tendría que pagar la parte ejecutada en caso de declararse probada la demanda y existiendo ampliación, dicho monto puede variar.
Sin embargo, en autos, la ejecutante solamente solicitó complementación y enmienda de la sentencia, lo que fue denegado por el juez con un argumento que tampoco es evidente por cuanto la ejecutante en el memorial de apersonamiento y oposición de excepciones, expresamente se dio por notificada con la ampliación a la demanda y su admisión.
Ya en la tramitación y resolución de la alzada, si bien es cierto que el art. 237 del CPC señala entre las formas de resolución de la apelación, la posibilidad de emitir Auto de Vista anulatorio o repositorio, con responsabilidad al inferior, no es menos evidente que esa norma debe ser interpretada y aplicada en vinculación directa con lo determinado por el art. 236, que dispone el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343 -el citado art. 227 señala que la apelación de la sentencia o auto definitivo se interpondrá fundamentando el agravio sufrido, ante el juez que los hubiere pronunciado; y, el art. 343 también mencionado, se refiere a la potestad del juez de no resolver las demás excepciones opuestas, si encontrare probada una excepción perentoria, aspecto que no se aplica en al especie-, no es menos evidente que en el caso concreto ahora revisado, en la única apelación planteada contra la Sentencia -recurso formulado por Ella Justiniano de Serrate-, ni se menciona la falta de pronunciamiento en la misma sobre la demanda ampliatoria, de manera que el Tribunal de alzada no podía emitir una Resolución sobre un aspecto que no fue objeto del recurso ordinario indicado contra el fallo de primer grado, toda vez que la llamada a reclamar sobre ese extremo era la ejecutante, pero no lo hizo, e interpuso apelación contra el 29 de diciembre de 2003, solicitando en forma expresa se disponga la complementación impetrada. Dicho de otro modo, los vocales hoy demandados tenían facultad de anular la Sentencia exclusivamente por uno de los motivos invocados en la apelación presentada contra esa determinación judicial, si así estimaban conveniente en Derecho, pero no para anularla con un argumento no contemplado en ese recurso y tomando en cuenta lo alegado en la alzada contra un decreto posterior a la Resolución de primera instancia, máxime si esa anulación no fue pedida por ninguna de las partes.
Entonces, las autoridades judiciales recurridas, al anular la Sentencia del proceso ejecutivo, con un fundamento que no ha sido esgrimido por la única apelante de esa decisión, sin referirse a los aspectos que sí fueron objeto de alzada, y actuando de manera ultra petita en relación a la apelación del decreto de 29 de diciembre de 2003, conforme a los razonamientos jurídicos precedentes, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio (SC 287/1999-R, de 28 de octubre, y varias otras), así como el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la Constitución, y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendido por este Tribunal, en su uniforme jurisprudencia, como "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SSCC 418/2000-R y 1276/2001-R y otras), todo lo que determina la procedencia del amparo, tomando en cuenta que no existe otra vía o medio al que pueda acudir la recurrente para formular su reclamo.
Cabe hacer notar, por otra parte, que si bien el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) establece que "los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes", la potestad de anular obrados por la existencia de algún vicio procesal únicamente puede ejercitarse cuando se encuentre alguna de las causales de nulidad señaladas en el art. 247 de la citada Ley, que determina: "...La nulidad o reposición de obrados sólo será procedente por falta de citación con la demanda, notificación con la apertura del termino de prueba y notificación con la sentencia", u otros expresamente determinados por ley. Situaciones que no se presentan en el caso ahora examinado, lo que refrenda la necesidad de otorgar la tutela impetrada sobre la base de los fundamentos antes explicados.


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Código del Articulo: 6020
Fecha de Creación: 13 Apr 2009 12:44 PM

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