02 Sep 2014 
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 Incidentes: si se apertura un incidente en materia civil y existen hechos que probar el juez debe abrir un plazo para su dirimición y valoración. Si el incidente tiene que ver con nulidad de notificación con la demanda esto puede traer la nulidad de los a
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0944/2004-R Sucre, 18 de junio de 2004 El recurrente, solicita tutela de sus derechos a la seguridad jurídica, a formular peticiones, a las garantías de reserva legal, que nadie está obligado a hacer lo que las leyes no manden y al principio de la inalterabilidad de los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 incs. a) y h), 29, 32 y 229 de la CPE, denunciando que han sido vulnerados por los recurridos, ya que dentro de la ejecución de sentencia del proceso ejecutivo que sigue el recurrente, los recurridos anularon obrados porque no se abrió término de prueba para resolver un incidente de nulidad de citación con la demanda y auto intimatorio, con la agravante de que anularon todo lo obrado en ejecución de sentencia, sin tomar en cuenta lo siguiente: a) por disposición expresa del art. 251 del Código de Procedimiento Civil, ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere determinada por la Ley; y que según la norma prevista por el art. 247 de la Ley de Organización Judicial la nulidad o reposición de obrados sólo será procedente por falta de citación con la demanda, notificación con la apertura de prueba y notificación con la sentencia; b) el referido incidente no suspende la tramitación de la ejecución de Sentencia; y c) la nulidad determinada quebranta el principio de especificidad consagrado en las normas previstas por los arts. 247 de la LOJ y 251 del CPC. En consecuencia, en revisión de la resolución del tribunal de amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales referidos a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1. Al efecto, cabe referir que la problemática planteada se originó en un incidente de nulidad de citación con la demanda y notificación con la sentencia, planteado dentro de la sustanciación del proceso ejecutivo seguido por el recurrente contra Sergio Marcelo Guillén Cevallos. Según la doctrina procesal el incidente es una cuestión distinta o diferente de la causa principal del proceso, relacionada directamente con él, que se sustancia y decide por separado; puede ser planteado durante la tramitación del proceso o sobreviniente en la fase de ejecución de la sentencia; se reconocen dos clases de incidentes, el de previo y especial pronunciamiento, cuya tramitación suspende la prosecución del proceso principal, y el de especial pronunciamiento, cuyo trámite no suspende ni pone obstáculos al trámite de la causa principal.
Con relación a los incidentes, la norma prevista por el art. 149 del CPC, dispone que "toda cuestión accesoria que surgiere en relación con el objeto principal de un litigio se tramitará por la vía incidental"; de otro lado, con relación a su trámite, el art. 150 del citado Código dispone que "los incidentes no suspenderán la tramitación del proceso principal, a menos que hubiere disposición expresa de la Ley o que, en casos excepcionales, así lo resolviere el Juez cuando fuere indispensable
por la naturaleza de la cuestión planteada"(las negrillas son nuestras); la norma transcrita recoge los criterios doctrinales e implícitamente distingue las dos clases de incidentes, dejando la definición de la suspensión del trámite del proceso principal a la Ley y otorgando potestad discrecional al Juez para que en casos excepcionales pueda resolver la suspensión.
III.2. Para resolver la problemática planteada resulta necesario analizar los alcances de la norma prevista por el art. 152 del CPC, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución.
La norma referida dispone lo siguiente: "Si el incidente fuere admitido se correrá traslado a la otra parte para contestarlo dentro de tres días perentorios, vencidos los cuales, si hubiere cuestiones de hecho que probar, el Juez abrirá de inmediato el plazo probatorio de seis días" (las negrillas son nuestras). En primer lugar, habrá de señalar que la norma, con relación a la apertura de término o plazo probatorio, no es potestativa, como erróneamente sostiene el Tribunal de Amparo, sino es imperativa, toda vez que manda a que el Juez de la causa abra dicho plazo, no deja margen o alternativa para que pueda decidir en uno u otro sentido, es decir, por la apertura o no. En segundo lugar, el cumplimiento de ese mandato, por parte del Juez, está sujeto a una condición que el propio legislador ha previsto, ella es que existan cuestiones de hecho a probar; entonces, según la norma referida, la intervención del Juez de la causa no alcanza a dirimir sobre si abre o no el plazo probatorio, sino a definir si existen cuestiones de hecho a probar, lo que derivará de las pretensiones expresadas por las partes, es decir, quien plantea el incidente y la otra parte que interviene en él. En tercer lugar, cabe señalar que la previsión legislativa tiene su base en la necesaria compatibilidad de la legislación procesal con la Constitución, con la finalidad de proteger y precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en el proceso, entre esos derechos y garantías merecen especial atención el debido proceso y el derecho a la defensa. En cuarto lugar, sobre las premisas referidas y efectuada una interpretación de la norma procesal desde y conforme a la Constitución, se entiende que si el incidente planteado está vinculado con el ejercicio del derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, el Juez está obligado a efectuar una interpretación de la norma procesal y valorar los antecedentes orientado a hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos, así le impone la norma prevista por el art. 91 del CPC; en consecuencia, si las partes expresan posiciones contrapuestas, lo que da lugar a que existan cuestiones de hecho que probar por las partes y a verificar por el Juez, éste deberá disponer la apertura del plazo probatorio, dando oportunidad a que las partes, en igualdad de condiciones y de manera contradictoria, puedan producir sus pruebas para sustentar sus pretensiones.
III.3. Efectuada la precisión conceptual del incidente y la interpretación de los alcances de la norma procesal que regula la sustanciación del mismo, corresponde analizar la problemática planteada siguiendo el orden de los fundamentos expuestos por el recurrente.
Con relación al fundamento de que por disposición expresa del art. 251 del CPC, ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere determinada por la Ley; y que según la norma prevista por el art. 247 de la LOJ la nulidad o reposición de obrados sólo será procedente por falta de citación con la demanda, notificación con la apertura de prueba y notificación con la sentencia; cabe expresar las siguientes consideraciones de orden constitucional:
III.3.1 . Según la norma prevista por el art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual es parte el Estado Boliviano, "Ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados (..)".
III.3.2. Habrá de recordar que el debido proceso está consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la Constitución y como derecho humano por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; a su vez el derecho a la defensa es parte esencial del debido proceso, está expresamente consagrado por el art. 16 de la Ley Fundamental y el art. 8 de la mencionada Convención.
III.3.3. De las normas constitucionales y convencionales referidas precedentemente, se infiere que las disposiciones previstas por los arts. 251 del CPC y 247 de la LOJ, deben ser interpretadas de manera extensiva para que permita el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales y no en forma restrictiva que tienda a restringirlos o suprimirlos. A ese efecto, la interpretación de las normas procesales y orgánicas invocadas por el recurrente, debe ser efectuada de manera sistematizada y en concordancia práctica con el conjunto de normas previstas en las respectivas leyes.
III.3.4 . Tomando en cuenta las premisas referidas precedentemente, cabe señalar que en una interpretación sistematizada de la norma prevista por el art. 251 del CPC y en concordancia práctica con el conjunto de normas previstas por la referida ley procesal, se puede inferir que, precisamente, en el marco referido por dicha norma, es válido y legal declarar la nulidad de un acto procesal cuando éste se ha constituido desconociendo o infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional. En efecto, la norma prevista por el art. 90 del CPC dispone lo siguiente: "I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la Ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este Artículo serán nulas" (las negrillas son nuestras). En la norma transcrita está expresamente prevista la nulidad de un acto procesal que se constituya infringiendo o desconociendo las normas procesales; está claro que se infringe una norma procesal cuando no se da estricto cumplimiento a lo previsto por ella o se realiza una interpretación contraria al sentido que fue establecido por el legislador, así como a la Constitución; entonces, lo dispuesto por la norma citada encuadra en la previsión del art. 251 del CPC. De otro lado, corresponde señalar que cuando se constituye o asume un acto procesal vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional se lo vicia de nulidad, lo que implica que dicho acto procesal no nace a la vida jurídica, por lo mismo no puede ser convalidada en el marco de una interpretación restringida de la norma prevista por el art. 251 del CPC, al contrario debe y tiene que ser declarada su nulidad por la autoridad competente. Es en el marco de las premisas referidas que deberá interpretarse la norma orgánica prevista por el art. 247 de la LOJ.
III.3.5. De lo referido precedentemente, así como del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente del presente amparo constitucional, se concluye que las autoridades judiciales recurridas, al haber declarado la nulidad de la resolución emitida por el Juez de la causa, al resolver el incidente de nulidad de citación con la demanda y notificación con la sentencia, no han vulnerado los derechos fundamentales y los principios constitucionales invocados por el recurrente como lesionados. En efecto, de los antecedentes del proceso se tiene que, dentro del proceso ejecutivo seguido por el recurrente contra Sergio Marcelo Guillen Cevallos, en instancia de ejecución de sentencia, el demandado planteó un incidente de nulidad de la citación con la demanda y notificación con la sentencia, lo que implica que el incidente tiene su relación con el ejercicio del derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, lo que obligaba al Juez de la causa a efectuar una interpretación extensiva y no restrictiva de la norma prevista por el art. 152 del CPC; de otro lado, de los antecedentes del caso se evidencia que sobre el domicilio del demandado, incidentista, surgió una controversia, pues entre tanto éste sostuvo que a la fecha en que fue citado con la demanda ya no tenia por domicilio el inmueble en el que se practicó la diligencia de citación por cédula; en tanto que el demandante, hoy recurrente, sostuvo lo contrario, es decir, que sí tenía por domicilio dicho inmueble y que el nuevo domicilio referido por el incidentista fue constituido con posterioridad a las diligencias de citación y notificación; de lo que se concluye que en la sustanciación del incidente emergieron cuestiones de hecho que requerían ser probados dentro de un plazo probatorio y de manera contradictoria por las partes; entonces, el Juez de la causa, como se ha sostenido anteriormente, no tenía potestad alternativa sino imperativa para abrir dicho plazo probatorio, ya que se había cumplido con la condición prevista por el art. 152 del CPC, al no haberlo hecho desconoció dicha norma procesal, cuyo efecto fue la lesión del derecho al debido proceso y derecho a la defensa del incidentista, lo cual vició de nulidad su decisión, por haber infringido los arts. 90 y 152 del CPC, y por haber vulnerado el derecho fundamental de una de las partes que intervienen en el proceso, ello encuadra en la norma prevista por el art. 251 del CPC, por lo tanto correspondía, a la autoridad competente como son los recurridos, declarar esa nulidad pre-existente.
A lo referido habrá de añadir que la nulidad no era subsanable, pues dada la configuración procesal prevista por el Código de Procedimiento Civil para la tramitación de los recursos de apelación en efecto devolutivo, el Tribunal de alzada no pudo haber superado la deficiencia procesal abriendo término probatorio, toda vez que según la norma prevista por el art. 245 de la ley procesal, decretada la radicatoria del expediente remitido en apelación, sin más trámites debe resolver el recurso en el plazo de seis días, entonces no puede abrir un plazo probatorio como en el caso de la apelación en efecto suspensivo; por lo mismo al no tener los suficientes elementos de prueba no podría pronunciarse en el fondo del recurso.
III.4. Con relación al fundamento de que el incidente, planteado por el demandado en el proceso ejecutivo, no suspende la tramitación de la ejecución de Sentencia; por lo que la nulidad determinada quebranta el principio de especificidad consagrado en las normas previstas por los arts. 247 de la LOJ y 251 del CPC, corresponde formular las siguientes consideraciones de orden constitucional:
III.4.1. Si bien es cierto que, en el marco de las clases de incidentes que reconoce la doctrina, el incidente de nulidad de citación con la demanda y notificación con la sentencia, no es de previo y especial pronunciamiento, no es menos evidente que, dada la importancia del hecho denunciado, una defectuosa citación con la demanda y notificación con la sentencia, y las consecuencias que de la decisión que resuelve el incidente podrían emerger en caso de que el Juez declarase probado el incidente y declarase la nulidad de la citación y notificación impugnadas, no es razonable que prosiga la tramitación del proceso principal, más aún cuando se encuentra en estado de ejecución de sentencia, pues ello podría causar efectos o consecuencias irreparables, afectando incluso derechos fundamentales de terceros que concurran de buena fe al proceso, así, por ejemplo, habiéndose planteado el incidente se prosigue con la ejecución de sentencia y se lleva a subasta pública los bienes embargados del demandado, en cuyo acto procesal un tercero de buena fe se adjudica dichos bienes, en caso de declararse la nulidad de la citación con la demanda se retrotraerán las cosas a su estado original, por lo mismo la nulidad alcanzará a todo lo actuado incluida la subasta pública, en ese caso se afectaría los derechos de ese tercero. Por lo referido, el Juez pudo haber ejercido la potestad que le confiere la norma prevista por el art. 150 del CPC, y disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia entre tanto se resuelva el incidente.
III.4.2. Si bien es cierto que el incidente, siendo una cuestión distinta de la causa principal del proceso, se sustancia y decide por separado, no es menos evidente que los efectos de la decisión que se emite podrían afectar la causa principal, así la declaración de la nulidad de citación con la demanda podría derivar en una nulidad de todo lo obrado en la causa principal. De lo referido se infiere que no se puede adoptar, ni existe, una formula general y única con relación a la nulidad de obrados que se disponga en la sustanciación de los incidentes, pues cada caso particular exige una valoración cuidadosa de la naturaleza de la cuestión planteada. Es en ese marco que debe valorarse la decisión adoptada por las autoridades recurridas e impugnada mediante el presente recurso.
III.4.3. Conforme a lo referido, se concluye que la decisión adoptada por las autoridades recurridas es razonable y proporcional a la naturaleza jurídica del incidente planteado por el demandado en el proceso ejecutivo que dio lugar al presente recurso. Ello porque, en primer lugar, como se tiene referido precedentemente, el incidente de nulidad de citación con la demanda y notificación con la sentencia tiene una estrecha vinculación con el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa del demandado incidentista; en segundo lugar, en caso de que el Juez resolviere favorablemente el incidente, el efecto sería la anulación de todo lo obrado en el proceso, pues tendría que retrotraerse al estado original en que tenga que citarse nuevamente al demandado; en tercer lugar, el efecto de la resolución del incidente podría causar daños irreparables a terceros que concurran al proceso en ejecución de sentencia. En consecuencia, no tiene sentido ni resulta lógico que, estando impugnándose la propia existencia de la sentencia se prosiga con su ejecución.
Por lo referido, este Tribunal concluye que las autoridades recurridas al haber dispuesto que la nulidad abarca a todo lo actuado con posterioridad a la resolución emitida por el Juez de la causa en el incidente promovido por el demandado en el proceso ejecutivo, no han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la petición, ni las garantías constitucionales y principios consagrados por las normas previstas por los arts. 29, 32 y 229 de la Constitución, lo que hace inviable la concesión de la tutela solicitada.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 6007
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 7:45 PM

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