03 Sep 2014 
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 Principios que rigen la aplicación de las Medidas Cautelares
Respuesta Es importante conocer las características generales de las medidas cautelares, porque esto ayuda a entender mejor el sentido de las mismas y saber aplicarlas con mayores criterios de justicia. Además, también es importante conocer cuáles son las características intrínsecas de las mismas, es decir, la “camisa de fuerza” que impide que sean aplicadas arbitrariamente.
Se pueden destacar como principios o características generales de las medidas cautelares los siguientes:
1)EXCEPCIONALIDAD.- Es un principio general que obliga:
–Al poder legislativo cuando desempeña su facultad de regular el régimen de la coerción procesal, y
–A los tribunales, en todos los casos en los cuales cumplen su tarea de aplicación práctica de las disposiciones referidas al encarcelamiento preventivo.
En vista del derecho a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia (que veremos con más detalle cuando analicemos la detención preventiva), la regla sería la libertad y la excepción la aplicación de la medida cautelar, y ésta nunca procedería de manera generalizada.
“La principal exigencia que deriva del principio de excepcionalidad es la de asegurar los fines del proceso a través de medidas de coerción menos lesivas, distintas a la privación de libertad.” (Alberto Bovino, Prisión Cautelar, El fallo Suárez Rosero, p. 671)
2)PROPORCIONALIDAD.- Implica:
– La imposibilidad, como regla, de aplicar el encarcelamiento preventivo
•En delitos leves;
•En delitos que no prevén pena privativa de libertad;
•En casos en que no se espera sanción privativa de libertad – o su cumplimiento efectivo y
– La cesación del encarcelamiento cuando su duración equivalga o supere a la condena que se espera.
Porque deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar.
“La violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en caso de probarse el delito en cuestión…si se trata de delitos que tienen previstas penas menores o penas de multa leve, resulta claramente inadmisible la aplicación de la prisión preventiva. Si en el caso concreto se espera una suspensión de la pena, tampoco existiría fundamento para encarcelar preventivamente al imputado.” (A. Binder. Introducción al derecho procesal penal. Edit. Alfa Beta, Bs.As. 1993, p. 201).
3) EMPLEO DE LA FUERZA PÚBLICA.- Para imposición de una medida cautelar, que implica que se puede hacer uso de ésta para detener a un ciudadano (detención preventiva) o puede amenazarse con aplicar la fuerza para hacer cumplir el mandamiento respectivo (ejemplo, citación bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de negativa a hacerlo).
4) INSTRUMENTALIDAD.- Ya que la medida cautelar no tiene una finalidad en sí misma.
“La característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria -no son penas- sino instrumental y cautelar: sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva.
Así por ejemplo, para evitar que el imputado intente amenazar o sobornar a testigos, alterar los rastros del delito, etc. - lo que haría peligrar el descubrimiento de la verdad-, se permite restringir su libertad de locomoción mediante la detención. Y si se temiera que, aún privado de libertad, pueda intentar todavía entorpecer la investigación por medio de terceras personas, se podrá disponer su incomunicación. Asimismo, cuando en el caso concreto sea presumible que el imputado preferirá darse a la fuga antes que someterse a la pena que se le pudiera imponer, frustrando as{I la efectiva aplicación de la ley sustantiva, se autoriza también la imposición de restricciones a su libertad (detención preventiva).” (José I. Cafferata Nores. Medidas de Coerción en el nuevo código de procedimiento penal. Edic. Depalma, Bs.As. 1992, p. 4)
5) TEMPORALIDAD.- Si transcurrido un plazo razonable, el Estado no alcanza los fines que justificaron el encarcelamiento del imputado, entonces el riesgo debe cambiar de manos y el imputado recuperar su libertad: a partir de ese momento los riesgos los corre la meta estatal de realización de la ley penal.
La medida cautelar solo puede adoptarse estando pendiente el proceso principal y tiene una duración limitada en el tiempo.
“Toda persona sometida a un proceso tiene derecho a que tal proceso termine dentro de un lapso razonable. Con más razón aún, toda persona que está privada de libertad durante el proceso, tiene el derecho a que ese proceso finalice cuanto antes; y si el Estado es moroso en el desarrollo del proceso, tal encarcelamiento preventivo pierde legitimidad. Si el Estado utiliza un recurso tan extremo como encarcelar a una persona para asegurar el desarrollo del proceso, adquiere paralelamente la obligación de extremar todos los medios a su alcance para concluir el proceso cuanto antes.” (A. Binder. Introducción al derecho procesal penal. Edit. Alfa Beta, Bs.As. 1993, p. 201).
6) REVISABILIDAD.- Debido a que la aplicación de medidas cautelares debe cumplir con los requisitos sustanciales que se han mencionado, las mismas deben ser objeto de un permanente control judicial.
•El control judicial debe realizarse incluso de oficio.
Porque su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su alteración o revocación.
“Artículo 250.- (Carácter de las decisiones). El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio”. (Nuevo Código de Procedimiento Penal).
“Artículo 251.- (Apelación) La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el término de setenta y dos horas…” (Nuevo Código de Procedimiento Penal).
7) JURISDICCIONALIDAD.- Pues su aplicación y control se encuentran reservados exclusivamente a los jueces.
“Si son los jueces quienes tienen a su cargo la vigencia de los principios de juicio previo y de inocencia, es coherente -más aún dentro de la lógica de las garantías- que sean los jueces y sólo ellos quienes autoricen medidas excepcionales como la que tratamos. Carecería de sentido que se les encomendara a los jueces la preservación de estos principios y se concediera a cualquier autoridad la posibilidad de autorizar las excepciones. Por lo tanto, la interpretación correcta de la norma constitucional indica que solamente se puede privar de libertad a las personas mediante una autorización judicial.” (A. Binder. Introducción al derecho procesal penal. Edit. Alfa Beta, Bs.As. 1993, p. 197).


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 6003
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 7:43 PM

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