24 Oct 2014 
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 Domicilio: diferencia entre domicilio procesal y domicilio real. citar con la demanda en el domicilio señalado en el contrato fuente de la obligación no es legal cuando a tiempo de la citación este no era el domicilio real del demandado, a no ser que expr
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1473/2003 - R Sucre, 7 de octubre de 2003 Que, el recurrente solicita tutela a sus derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los arts. 7 incs. a) e i) y 16.II y IV CPE, por cuanto en la tramitación del proceso coactivo seguido en contra de su representada Gladys Laura y otros, el juez y vocales recurridos, han rechazado un incidente de nulidad de citación con la demanda y la sentencia, realizado en un domicilio falso señalado por el acreedor. En revisión, corresponde a este Tribunal, determinar si la protección demandada se encuentra en los casos de tutela previstos en el art. 19 CPE.
III.1 Que, la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en primer término, se encuentra encomendada a las autoridades judiciales de la justicia ordinaria, mediante los procedimientos establecidos en la Ley y demás disposiciones legales; agotados esos medios ordinarios de defensa, en segundo término la protección se la puede otorgar por el Tribunal Constitucional, que en revisión, conoce y resuelve el recurso de amparo constitucional, que se constituye en el punto final y pone término al conjunto de medios procesales que tienen el mismo objeto, pero no por ello puede equipararse a esta acción extraordinaria a un recurso de apelación y menos a un recurso de casación; todo lo que se desprende del art. 19.IV CPE y 94 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).
Que, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, también pueden ser lesionados por el Juez o tribunal que conoce un proceso judicial, en esas circunstancias y tras el agotamiento de las vías ordinarias de defensa, se abre la vía del recurso de amparo constitucional contra resoluciones judiciales, que tiene como una de sus finalidades, la corrección inmediata de los defectos o deficiencias de las actuaciones judiciales que lesionan los derechos fundamentales o garantías constitucionales del recurrente; de esta manera esta acción extraordinaria constituye un medio de protección inmediato, frente a la actuación injustificada de la autoridad judicial.
Que, en el presente caso si bien es cierto que el recurrente, a través de esta acción, solicita la tutela a sus derechos fundamentales invocados disponiendo la nulidad de obrados por citación ilegal con la demanda y notificación con la sentencia, realizada el 27 de marzo de 1999, no es menos cierto que esa actuación procesal a su vez y en su oportunidad, la impugnó por los medios ordinarios de defensa, cuando promovió un incidente de nulidad de esa actuación, que fue rechazado por las autoridades recurridas a través de las resoluciones ahora impugnadas, como son el Auto de 18 de octubre de 2002, que es confirmado por el Auto de Vista de 17 de abril de 2003. Esta relación, implica que en esta acción extraordinaria se evidencia que la representada del recurrente ha cumplido con los principios de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto en tiempo razonable agotó sus medios idóneos y ordinarios de defensa y al no obtener una respuesta favorable a lo solicitado, dentro del plazo de seis meses de emitido el Auto de Vista impugnado, plantea este recurso a fin de que sea esta jurisdicción constitucional la que en definitiva compulse la amenaza, restricción o supresión a un derecho fundamental; motivos estos por los que se pasa a conocer el fondo de lo demandado.
III.2 Que, con carácter previo a la consideración de la problemática planteada, corresponde recordar la diferencia conceptual entre el domicilio procesal o especial, con relación al domicilio real o principal. Al efecto cabe señalar que conforme a la norma prevista por el art. 24 del Código civil (CC): "el domicilio de la persona individual está en el lugar donde tiene su residencia principal. Cuando esa residencia no puede establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal". De la norma referida se infiere que legalmente el domicilio de una persona no es necesariamente el bien inmueble de su propiedad, sino el lugar donde ha fijado su residencia principal o, en su defecto, donde realiza su actividad principal; ello significa que si una persona tiene un bien inmueble de su propiedad en una determinada ciudad, pero reside habitualmente en otra ciudad, legalmente su domicilio será considerado en esta última y no en la primera. Ahora bien, en el art. 29 CC se ha previsto el carácter de irrenunciabilidad del domicilio, estableciéndose una excepción a la regla para los casos de realización de ciertos actos procesales o ejercicio de determinados derechos, así se dispone en el art. 29.II CC al señalarse que "Puede elegirse un domicilio especial para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho"; empero, para ese caso deberá la persona señalar expresamente dicho domicilio especial, así ha entendido este Tribunal Constitucional, cuando haciendo una interpretación sistematizada de las normas previstas por los arts. 24 y 29.II CC, en su SC 1209/2002-R ha establecido lo siguiente:
".. conforme lo establecen los arts. 120 y 121 CPC, la citación con la demanda y reconvención se hará a la parte en persona, pero si el citado no fuere encontrado en su domicilio o en el que para tal efecto hubiere indicado el demandante -previa representación del oficial de diligencias de haber sido buscado por dos veces y no encontrado-, el juez ordenará que la citación se practique por cédula; si la citación se hubiere hecho en el domicilio indicado por el demandante y resultare ser falso, la diligencia será nula.
" .. de la norma de referencia se colige que cuando el demandado no ha podido ser citado personalmente, podrá practicarse esa citación en su domicilio real, salvo que se haya constituido uno especialmente para efectos de la ejecución, en cuya circunstancia la citación se realizará en ese domicilio especial o también denominado procesal.
".. El domicilio real es aquel que tienen las personas en un determinado lugar en forma habitual y es el que se establece en el art. 24 del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC); el mismo que difiere del domicilio especial reconocido en la previsión del art. 29-II CC que es aquel que en el marco del principio de autonomía de la voluntad de las partes lo señalan para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho, así sucede en los préstamos con garantía hipotecaria en los que algunas veces los deudores señalan un domicilio para la realización de citaciones o notificaciones, con la finalidad de garantizar por una parte al deudor el oportuno y exacto conocimiento de acciones ejecutivas u otras y por otra parte al acreedor contra las dilaciones de los trámites procesales que pueden producirse por razón de cambios de domicilio real o residencia.
".. Tratándose de acciones ejecutivas o todos aquellos procesos que en definitiva persiguen el cumplimiento de una obligación, cuando en el documento base de la ejecución los deudores no señalan en forma expresa un domicilio procesal, la citación con la demanda y demás notificaciones deben ser realizadas en el domicilio real que en ese momento tenga el emplazado, cumplidas que sean las formalidades correspondientes".
III.3 Que, establecida la diferencia y el alcance del domicilio procesal con el real, con relación al trámite y procedimiento de citación con la demanda y notificación con la sentencia, corresponde realizar las consideraciones que se detallan seguidamente:
Que, en el caso que motiva esta acción extraordinaria, de la revisión cuidadosa de los antecedentes que cursan en el expediente se constata que si bien es cierto que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria fue suscrito en la ciudad de Santa Cruz, el inmueble hipotecado está ubicado en esa misma ciudad y que la cédula de identidad de la representada del recurrente fue expedida en la misma ciudad, no es menos cierto que en dicho contrato, la representada del recurrente, no intervino directamente sino a través de un mandatario o apoderado para sostener que en el momento de la celebración del contrato no tenía su domicilio en la ciudad de Santa Cruz sino en la ciudad de Cochabamba tal como se tiene demostrado. De otro lado, cabe señalar que los coactivados, entre ellos la representada del recurrente, no señalaron domicilio especial o procesal, es decir, las partes contratantes no convinieron ni acordaron expresamente un domicilio determinado para efectos de las citaciones y notificaciones de las acciones judiciales que podrían derivar del incumplimiento del contrato; en tal circunstancia, la citación con la demanda y la notificación con la sentencia debía haber sido realizada en el domicilio real de los coactivados indicado por el coactivante, domicilio real que no es otro que el lugar en el que tienen su residencia principal.
Que, en la demanda, el Banco coactivante, señaló como domicilio real de Gladys Laura el de Calle Pedro Vélez Nº 36 de Santa Cruz, lugar en el que mediante cédula se la citó con la demanda y se la notificó con la sentencia; en ejecución de sentencia la coactivada se apersonó al proceso y promovió un incidente solicitando la nulidad de su citación y notificación, por cuanto su domicilio real sería el de Calle 14 de julio Nº 400 de Cochabamba; incidente que es rechazado por las autoridades recurridas por Autos de 18 de octubre de 2002 y 17 de abril de 2003, con el fundamento de que la sentencia no se puede suspender por ningún recurso y que en la citación y notificación no hubo infracción alguna.
Que, de obrados se evidencia que el inmueble de Calle Pedro Vélez 36 de la ciudad de Santa Cruz es de propiedad de Gladys Laura Sandoval representada del recurrente, así como de Liza Laura Sandoval, Mónica Laura Sandoval y David Laura Sandoval; inmueble que fue otorgado en garantía hipotecaria por Justino Laura Marcelo, representante legal de los propietarios a favor del Banco de la Unión S.A., en el contrato de préstamo de 27 de agosto de 1997, también suscrito en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, por la documental acompañada a tiempo de promoverse el incidente, así como por la documental adjunta a esta acción extraordinaria, también se evidencia que la representada del recurrente, desde hace muchos años atrás (incluso mucho antes de que se suscriba el documento base de la ejecución), tenía y tiene su residencia fija en la ciudad de Cochabamba, como se desprende de las cédulas de sufragio (de las elecciones generales de 1997 y municipal de 1999, fs. 270 y 271 respectivamente), certificado domiciliario (fs. 272), certificados de nacimiento de sus hijos (de 1998 y 2001, fs. 279 y 278, respectivamente) y otros.
En consecuencia, si bien es cierto que la citación con la demanda y la notificación con la sentencia realizada, a la representada del recurrente, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Vélez Nº 36 de Santa Cruz, formalmente cumple con todos los requisitos previstos por el art. 121.I y II CPC; no es menos cierto que materialmente no ha cumplido con la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico en el marco de resguardo del derecho al debido proceso de toda persona sometida a una acción judicial. En efecto, si bien se cumplieron con todas las formalidades señaladas por la referida norma procesal, empero la citación y la notificación fueron realizadas en un lugar en el que la coactiva, hoy representada del recurrente, no tenía por residencia principal ni siquiera desarrollaba su actividad principal, es decir, no era el lugar donde se encontraba habitualmente, de manera que no tuvo ocasión ni oportunidad de enterarse de la diligencia realizada, lo que significa que no se enteró materialmente de la iniciación y tramitación del proceso coactivo menos de la emisión de la Sentencia, consiguientemente fue colocada en una situación de indefensión ya que al no estar debidamente informada del proceso no asumió plenamente su defensa. Por lo tanto, las actuaciones procesales de citación con la demanda y notificación con la Sentencia, realizadas en relación a la representada del recurrente, fueron viciadas de nulidad al haber vulnerado las reglas del debido proceso, nulidad prevista por las normas establecidas por los arts. 121.III CPC y 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).
Que, resulta necesario recordar que uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser informado del proceso, así como de las resoluciones judiciales que tienen las partes intervinientes en un proceso judicial o administrativo en el que se tenga que establecer una responsabilidad, o determinar un derecho o una obligación, es un derecho que tiende a asegurar a las partes, o a cualquier persona legitimada para intervenir en un proceso bajo otro título, el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el Juez o Tribunal judicial o administrativo durante el curso del proceso, de manera tal que pueda intervenir en él en igualdad de condiciones y, en su caso, hacer uso de los medios o vías legales de impugnación de toda resolución que le sea lesiva a sus derechos. Entonces, la citación con la demanda tiene una finalidad concreta. El que la persona demandada se entere materialmente de la existencia del proceso judicial instaurado en su contra y pueda asumir su defensa; de otro lado, la notificación con la sentencia tiene la finalidad que el demandado o procesado se informe materialmente de la decisión judicial que pone fin el proceso, de manera que si le es contraria a sus derechos o intereses pueda hacer uso de las vías de impugnación. Dentro de ese marco, la correcta y legal citación con una demanda y notificación con la sentencia, no constituyen postulados formales contenidos en las normas procesales sino una condición de validez esencial de la actuación procesal, exigida en resguardo del derecho al debido proceso de las partes que intervienen en el proceso judicial. En consecuencia, cuando se cita con la demanda o notifica con la sentencia, a la parte demandada, en un lugar en el que no tiene establecido su domicilio real o constituido como domicilio procesal, se lesiona las reglas del debido proceso y se vicia de nulidad el acto procesal, lo que obliga a reparar y declarar la nulidad de las actuaciones conforme a las normas previstas por los arts. 121.III y 247 LOJ.
Que, por todo lo referido las autoridades recurridas, a través de las resoluciones judiciales impugnadas en este amparo, al haber rechazado el incidente de nulidad planteado por la representada del recurrente, no obstante de estar debidamente acreditada la ilegalidad de las actuaciones procesales impugnadas, han lesionado la garantía constitucional del debido proceso consagrada por el art. 16 de la Constitución o derecho al debido proceso consagrado por los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por lo que corresponde otorgar la tutela demandada, al constatarse que previamente se han agotado los medios ordinarios de defensa.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5958
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 6:33 PM

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