27 Nov 2014 
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 Cosa Juzgada: una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no se puede revisar por otro juez bajo una demanda de nulidad contra ella. Ya que para ese efecto está prevista la demanda de revisión extraordinaria de sentencia.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0698/2006-R Sucre, 17 de julio de 2006 El recurrente solicita tutela a los derechos de su mandante a la seguridad jurídica, a la defensa, al debido proceso, al Juez natural y a la tutela judicial efectiva, consagrados por los arts. 7 inc. a), 16.II y IV de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas puesto que dentro del proceso ordinario seguido por su representada el Juez Noveno de Partido en lo Civil dictó la Sentencia 153/2003, de 9 de abril, declarando probada la demanda, disponiendo entre otras cosas la nulidad de la Resolución 119/83, de 3 de junio, por inexistencia del proceso, apelada que fue la referida Sentencia, el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 481/2004, de 25 de octubre, confirmó el fallo impugnado, por lo que la parte contraria recurrió de casación, instancia en la cual los Ministros recurridos mediante Auto Supremo 60, de 7 de abril de 2005, anularon obrados hasta la admisión de la demanda, Resolución que desconoció la garantía constitucional del juicio previo, por cuanto no habiendo existido ningún proceso ordinario sobre prescripción adquisitiva seguido contra su mandante, sino solamente una Sentencia fraguada y protocolizada ante Notario de Fe Pública que dio validez a una Sentencia dictada sin proceso, por otra parte, el citado Auto se fundó en una norma evidentemente inaplicable al caso en análisis lesionando de esa manera el principio de legalidad, pues dicha Resolución consideró que contra los procesos ordinarios sólo se admite el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, cuyo conocimiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los arts. 297 al 302 del CPC; sin embargo, el caso en análisis no se subsumía en ninguno de los cuatro casos previstos por el art. 297 del citado Código, vulnerando también el principio del juez natural, pues consideró que el Juez a quo no podía conocer una demanda de nulidad de sentencia, por cuanto carecía de competencia para revisar y anular actos jurisdiccionales pronunciados y ejecutados por un Juez de igual jerarquía, finalmente los recurridos no valoraron y omitieron considerar la prueba producida en el proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la representada del recurrente a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1.Al efecto, es preciso señalar que el recurso de amparo constitucional es una acción tutelar que tiene por objeto la protección inmediata, idónea y eficaz de los derechos fundamentales y garantías constitucionales frente a los actos u omisiones ilegales o indebidas de los funcionarios y autoridades públicas, en ese sentido, corresponde precisar que al agotarse dentro de un proceso todos los recursos que franquea la ley, se está ante la cosa juzgada, la que no puede ser revisada por un recurso extraordinario, pretendiendo revertir sus efectos. El Tribunal de amparo no tiene atribuciones ni competencia para dejar sin efecto resoluciones o revisar fallos dictados con plenitud de jurisdicción y competencia dentro del marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes, puesto que no constituye una instancia procesal de revisión de resoluciones, excepto cuando existe certeza sobre la conculcación de derechos y garantías fundamentales reconocidos a favor de la persona o la garantía del debido proceso (SSCC 1902/2003-R, 0861/2004-R, 0208/2005-R, 0674/2005-R, 1129/2005-R,
1254/2005-R y 1305/2005-R).
III.2.En el presente caso el recurrente denuncia que dentro del proceso ordinario de nulidad de resolución, nulidad de transferencia y reivindicación de un inmueble, seguido por su representada, los Ministros recurridos mediante Auto Supremo 60, de 7 de abril de 2005, anularon obrados hasta la admisión de la demanda, desconociendo con ello los derechos y garantías constitucionales de su mandante, pues el Tribunal de casación no valoró la prueba presentada sobre la inexistencia del proceso ordinario sobre prescripción adquisitiva seguido contra su mandante; por consiguiente, dio validez a una Sentencia dictada sin proceso, desconociendo además la competencia del Juez a quo, pues señaló que éste no podía conocer una demanda de nulidad de sentencia, por cuanto carecía de competencia para revisar y anular actos jurisdiccionales pronunciados y ejecutados por un juez de igual jerarquía.
Para resolver la problemática planteada por el recurrente es preciso efectuar algunas precisiones de carácter doctrinal y normativo, al efecto corresponde señalar que la jurisprudencia constitucional respecto a la naturaleza de la competencia, señala: "(…) la competencia es la capacidad jurídica que tiene una determinada autoridad o funcionario conferida por la Constitución o las Leyes, a objeto de que, en representación del Estado, de acuerdo a determinadas reglas previamente establecidas pueda conocer y resolver un determinado asunto o controversia de carácter administrativo o judicial. La competencia puede ser definida a partir de diversos criterios, es decir, por razón de territorio, de materia, la cuantía o la naturaleza jurídica de la controversia a resolver" (SC 0087/2003, de 9 de septiembre).
Por otra parte el art. 297 del CPC establece los casos en los que procede el recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, de lo que se colige que dentro de los procesos de conocimiento, ordinarios y sumarios, que han concluido con sentencia firme se admite el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, como un remedio procesal extraordinario destinado a examinar nuevamente una sentencia con calidad de cosa juzgada, cuando existen presupuestos para establecer que se llegó a dicha Resolución que se revisa por medios ilícitos o irregulares.
Ahora bien, en el presente caso conocido en casación el proceso ordinario de nulidad de resolución, nulidad de transferencia y reivindicación seguido por la representada del recurrente, los Ministros recurridos determinaron que el "thema decidendum" del citado proceso ordinario era dejar sin efecto la Sentencia que recayó sobre la acción de prescripción adquisitiva o usucapión y como consecuencia la nulidad de transferencia que los usucapientes habían realizado a favor de una tercera persona y la consiguiente reivindicación del inmueble a la representada del recurrente, en función a lo cual determinaron: "(…) un proceso ordinario planteado ante un juez similar al que pronunció la sentencia cuya nulidad se demanda, no es el mecanismo idóneo para revisar un proceso ordinario, menos dejar sin efecto la resolución que sobre ella hubiere recaído (…) la competencia solo nace de la ley y es ésta la que permite abocar el conocimiento y decisión de una pretensión y su defensa. En el sub lite el juez a quo no podía conocer una demanda de nulidad de sentencia, por cuanto carece de competencia para revisar y anular actos jurisdiccionales pronunciados y ejecutados por un juez de igual jerarquía", determinación de la que no se colige que hubiese sido emitida en forma ilegal o incurriendo en una omisión, toda vez que como se tiene de la doctrina constitucional y la normativa legal glosadas precedentemente, en el proceso de origen que motivó la interposición de la presente acción tutelar se demandó la nulidad de una sentencia pronunciada por un Juez de igual jerarquía ante el cual se interponía el proceso ordinario con ese objeto, habiendo dicha autoridad radicado el proceso ante su Juzgado, siendo que no tenía competencia para conocer, tramitar y resolver una acción que tenía por objeto la nulidad de una resolución dictada -se reitera- por un juez de igual jerarquía, por ende, el proceso ordinario de nulidad de resolución seguido por la representada del recurrente no era la vía ni el mecanismo idóneos para revisar un proceso ordinario y dejar sin efecto la resolución que había sido pronunciada dentro del mismo, pues dicha facultad está reservada para la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a lo señalado por la propia ley.
En ese sentido, los Ministros recurridos con la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) al haber sido puesto en su conocimiento el proceso ordinario seguido por la mandante del recurrente, estaban obligados como Tribunal de casación a revisar de oficio todo el proceso de referencia, actuación en la cual detectaron la existencia de una causal para invalidar la Resolución venida en revisión como lo era que la Sentencia del proceso hubiese sido dictada por un juez incompetente, actuación de la que no se constata hubiese existido lesión al derecho a la seguridad jurídica invocado por el recurrente, pues siendo que dicho derecho constituye: "(…) condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio", (AC 0287/1999-R, de 28 de octubre) al contrario de lo señalado por la parte recurrente, se constata que los Ministros recurridos lejos de lesionar dicho derecho, aplicaron en forma objetiva la ley, al haber dispuesto la anulación de obrados del proceso pues el mismo había sido conocido y tramitado por un juez incompetente.


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Código del Articulo: 5923
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 3:52 PM

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