26 Oct 2014 
Sistema de Soporte » Preguntas Frecuentes ( FAQ ) » Cosa Juzgada: las sentencias ejecutoriadas pueden imponerse en todo tiempo; y pasado un año en procesos ejecutivos el juez no pierde competencia. Por otro lado lo único que deja sin efecto una sentencia con calidad de cosa juzgada no ejecutada, es la pres
 Cosa Juzgada: las sentencias ejecutoriadas pueden imponerse en todo tiempo; y pasado un año en procesos ejecutivos el juez no pierde competencia. Por otro lado lo único que deja sin efecto una sentencia con calidad de cosa juzgada no ejecutada, es la pres
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0016/2004 Sucre, 27 de febrero de 2004 Los recurrentes denuncian que dentro del proceso ejecutivo que les siguió Sabina García Velasco y otros, el recurrido encontrándose suspendido en su competencia por conclusión del pleito, dictó el Auto de 18 de octubre de 2003, adjudicando el bien inmueble embargado, después de haber transcurrido más de un año de que el remate fuera declarado desierto ignorando que: a) en aplicación de la primera parte del art. 196 CPC concluyó su competencia respecto al objeto del litigio al momento de pronunciar la sentencia, y conforme al art. 487 inc. 8) CPC al transcurso de un año si no se agotó por la parte victoriosa la etapa de ejecución coactiva, pues la Sentencia del proceso ejecutivo debió ejecutarse perentoriamente dentro del plazo señalado por el art. 516 CPC o en el peor de los casos dentro del plazo máximo de un año que venció el 12 de mayo de 2001 y b) se está tramitando un juicio ordinario para modificar lo dispuesto en el proceso ejecutivo ante el Juez Noveno de Partido Ordinario en lo Civil y Comercial, a cuya competencia se hallan sometidos. En consecuencia, corresponde analizar lo planteado, y resolver si el recurrido efectivamente al dictar el Auto de 18 de octubre de 2003, incurrió en los presupuestos del art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 79.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) por estar suspendido de sus funciones, a fin de declarar fundado o infundado el recurso.
III.1.Dada la naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad, se colige que es una acción jurisdiccional de control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, cuya finalidad es la de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes; vale decir, que es un medio jurisdiccional reparador.
III.2.El art. 79 LTC, que desarrolla los presupuestos del art. 31 CPE, en su parágrafo II estipula que el recurso planteado: "También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado"; en el caso presente el recurrente impugna la decisión judicial con el fundamento de que la autoridad judicial recurrida ya cesó en el ejercicio de su competencia cuando emitió la misma; por lo que este Tribunal Constitucional encuentra motivo suficiente para resolver la problemática de fondo.
III.3.Ingresando al análisis de la problemática planteada, para determinar si la autoridad recurrida actúo sin competencia por haber cesado la misma, resulta necesario realizar una análisis e interpretación de las normas jurídica invocadas por el recurrente como fundamento de su recurso.
III.3.1.Al efecto cabe señalar que la norma prevista por el art. 487 inc. 8) CPC disponen lo siguiente:
"Son títulos ejecutivos: (..) 8) "La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada", para entender la ratio legis de la norma citada, acudiendo a la sistemática legislativa, cabe ubicarla en su verdadero contexto; en ese orden se establece que la norma se encuentra ubicada en el Libro Tercero del Código de procedimiento civil, que con el nómen juris "De los Procesos de Ejecución", consigna normas procesales que regulan la sustanciación de los procesos de ejecución, como el Proceso Ejecutivo o el Proceso Coactivo Civil; este Libro Tercero a su vez está organizado en dos Títulos, el Título I relativo al proceso ejecutivo y el Título II referido a la ejecución de las sentencias; finalmente el Título I referido está organizado en seis capítulos, el Capítulo I, con el nomen juris "procedencia, títulos ejecutivos" consigna normas que definen la procedencia del proceso ejecutivo, enumeran los documentos que tienen el valor de título ejecutivo, entre otros aspectos procesales.
Ahora bien, tomando en cuenta lo referido precedentemente se infiere que la ratio legis de la norma examinada es de calificar como título con fuerza ejecutiva una sentencia ejecutoriada, dictada en cualquier proceso civil o comercial en la vía ordinaria de hecho en el que se hubiese constituido una obligación de dar o de hacer, cuyo cumplimiento no se hubiese exigido sino después de un año de haberse ejecutoriado la sentencia; de manera que el plazo estipulado en la norma analizada no es para ejecutar la sentencia dictada dentro de un proceso ejecutivo.
III.3.2. Con relación a las normas previstas por los arts. 516 y 517 CPC, invocados por el recurrente como sustento de su recurso, cabe señalar que las mismas se encuentran ubicadas en el Capítulo I del Título II, del Libro Tercero, bajo el nomen juris "Ejecución de Sentencias".
Las normas previstas por el art. 516 CPC, bajo el nomen juris de "Término de ejecución", disponen lo siguiente: "I. Si el juez no hubiere fijado plazo para el cumplimiento de la sentencia conforme al artículo 192, inciso 4), ella deberá ejecutarse dentro de tercero día. "II. Cuando por circunstancias especiales fuere imposible el cumplimiento de la sentencia en el plazo fijado en ella o en el previsto en el parágrafo anterior, el juez podrá conceder otro plazo prudencial e improrrogable". De una interpretación adecuada se extrae que la ratio legis de las normas citadas es establecer los plazos en los cuales, el ejecutado (procesado), deberá cumplir lo dispuesto en la Sentencia por el Juez, dicho de otra forma, esos plazos constituyen el período de tiempo en el cual el procesado o ejecutado deberá cumplir con la obligación de dar o de hacer determinada en sentencia, por lo tanto fijan el período de tiempo dentro del cual deba ejecutar su decisión el Juez; en consecuencia, no debe entenderse que las normas citadas estipulan plazos como delimitación del ejercicio de la competencia del Juez de la causa.
De otro lado, las normas prevista por el art. 517 CPC, con el nomen juris "Ejecución coactiva de las sentencias", dispone lo siguiente: "La ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución". Una interpretación de la norma citada lleva a la conclusión de que, el legislador, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo, ha previsto la eficacia de la sentencia para garantizar los derechos del ejecutado a través de una ejecución continua e ininterrumpida, rechazando todo incidente que podría suscitar el ejecutado utilizando recursos ordinarios o extraordinarios previstos en la legislación procesal; empero, no estipula pérdida de competencia alguna del Juez con relación a la ejecución de la Sentencia proferida en el proceso ejecutivo.
III.3.3. La norma prevista por el art. 28 LAPCAF, modifica la prevista por el art. 490 CPC, con el siguiente texto: "I. Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquier de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses. Vencido este plazo, caducará el derecho a demanda la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo. III. El proceso ordinario promovido se tramitará por separado ante el juez de partido y no podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo". Como podrá advertirse, las normas previstas por la disposición legal citada, establecen una vía judicial para que, la parte perdidosa en el proceso ejecutivo, pueda hacer modificar lo resuelto en sentencia, para cuyo efecto fijan un plazo de seis meses. Ahora bien, ese plazo previsto por la norma citada, no es un plazo de caducidad para la ejecución de la sentencia emitida en el proceso ejecutivo, es un plazo de caducidad del derecho de accionar la vía del proceso ordinario para modificar la sentencia; por lo mismo no es un plazo otorgado al Juez para que ejecute su sentencia proferida en el proceso ejecutivo.
III.4.De la compulsa de las normas legales que fueron invocadas por el recurrente para sustentar su pretensión, se llega a las siguientes conclusiones: a) el legislador no ha previsto ninguna norma que establezca un plazo de caducidad para la ejecución de la sentencia emitida en un proceso ejecutivo, un plazo que sea aplicable al Juez, de manera que el único límite a la ejecución de una sentencia emitida en proceso ejecutivo es la prescripción extintiva prevista por el Código civil; y b) al no existir un plazo de caducidad aplicable al Juez, el legislador tampoco ha previsto la pérdida de competencia del Juez de la causa, como sanción por la no ejecución de la sentencia emitida en un proceso ejecutivo.
En consecuencia, no resulta evidente ni pertinente sostener que el Juez que hubiese tramitado un proceso ejecutivo pierda su competencia, si la sentencia que ha dictado declarando probado el proceso ejecutivo no concluye en su ejecución en el plazo de un año desde la fecha en que, su decisión, adquiera la calidad de cosa juzgada.
III.5.De lo referido precedentemente, este Tribunal Constitucional, concluye que la autoridad recurrida, al emitir el Auto de 18 de octubre de 1003, no ha incurrido en los presupuestos jurídicos previstos por el art. 31 de la Constitución para que dicha decisión esté viciada de nulidad; por lo mismo, el citado Auto no se encuentra en las causales previstas por el art. 79 LTC, ya que la autoridad recurrida no ha usurpado funciones ni ha ejercido una potestad o competencia que no emane de la Ley, pues al momento de emitir la decisión impugnada no estuvo suspendido de sus funciones ni había cesado su jurisdicción y competencia sobre el proceso ejecutivo que motivó el presente recurso. En consecuencia no puede aplicarse, a la decisión impugnada, la nulidad prevista por el art. 31 de la Constitución, en cuyo resguardo se ha establecido el recurso directo de nulidad.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5921
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 3:46 PM

 Esta respuesta me fue util  Esta respuesta no me fue util

 Volver
 Login [Recuperar contraseña] 
Email:
Código de Tarjeta:
Recordarme:
 
 Buscar
 Opciones de Articulo
Inicio | Registrarse | Preguntas Frecuentes ( FAQ ) | Novedades
Lenguaje:

 Empresa Legal Card