28 Nov 2014 
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 Concurso de acreedores: definición de concurso de acreedores necesario y voluntario.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0031/2004-R Sucre, 14 de enero de 2004 El recurrente arguye que: a) el Juez recurrido al haber rechazado la acumulación del proceso coactivo que sigue el Banco de Crédito de Bolivia S.A. contra Adolfo Cárdenas Caba, ante el Juzgado de Partido Primero de Montero, ha vulnerado la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso; b) al igual que los Vocales recurridos al dictar el Auto de Vista 577/2003 de 8 de septiembre de 2003, por el que confirman el Auto de rechazo. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.
III.1. El Código de procedimiento civil, en su Libro Cuarto relativo a los procesos especiales, prevé en su Titulo I, los procesos concursales que, de acuerdo al art. 562, son los promovidos por los acreedores para el cobro de sus créditos a un deudor no comerciante, o por el deudor para el pago de sus deudas. En el primer caso se llama concurso necesario, en el segundo, voluntario. Ambos tipos de concurso tienen carácter universal y comprenden todas las obligaciones del deudor (art. 563).
Conforme expresa el art. 564 CPC, el concurso necesario será una consecuencia de los procesos ejecutivos promovidos contra el deudor. El concurso voluntario será promovido por el deudor, existieren o no procesos ejecutivos pendientes. En ambos casos, se acumularán en el Juzgado que conociere del concurso, todos los procesos ejecutivos que se sustanciaren en otro, en el estado en que se encontraren.
Iniciada la demanda del concurso necesario, de acuerdo al art. 568 CPC, el Juez ordenará la acumulación de todos los procesos ejecutivos pendientes en otros juzgados y se llamará por edictos a los demás acreedores con el plazo de 15 días. Ordenada tal acumulación, continuará la causa hasta dictarse sentencia de subasta y remate, a menos que en el mismo proceso o en cualquiera de los acumulados existiere sentencia (art. 570 CPC). Según el art. 571 CPC, las diligencias de tasación y subasta de los bienes del deudor se seguirán en cuaderno separado hasta realizar el remate, cumpliéndose las normas establecidas para el proceso ejecutivo. El producto de la subasta se depositará a nombre del Juez.
El art. 573 CPC manifiesta que si el bien hipotecado o embargado hubiere sido rematado con anterioridad al proceso concursal, su producto será transferido a la orden del juez del concurso.
Por otra parte, la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar (LAPCAF), de 28 de febrero de 1997, incorporó al Código procesal civil, el proceso coactivo civil como procedimiento para la ejecución coactiva de créditos hipotecarios y prendarios, que figura como Título II del Libro Tercero intitulado "De los Procesos de Ejecución". El citado proceso conforme lo manifiesta el art. 48 LAPCAF procede, en el caso de obligaciones de pago de suma líquida y exigible sustentada en crédito hipotecario inscrito, y crédito prendario de bienes muebles sujetos a registro, igualmente inscrito, en cuyos títulos el deudor hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo.
III.2.La SC 1539/2003-R en un caso análogo al presente, luego de analizar las disposiciones anotadas en el numeral precedente, ha declarado:
"Empero, de la interpretación sistematizada de las normas legales precedentemente expuestas, se concluye que en el proceso concursal, deben comprenderse todas las deudas que tenga el concursado, y en especial, en el concurso necesario deben ingresar forzosamente todos los procesos ejecutivos y coactivos que se estén tramitando en su contra, puesto que la utilización del término "procesos ejecutivos" que hace el art. 568 CPC obedece a que, al momento de promulgarse dicho Código, no existía aún en nuestro ordenamiento jurídico el proceso coactivo civil, el mismo que, al ser incorporado por la Ley 1760 dentro del Libro Tercero, relativo a los procesos de ejecución, como Título II, ha sido concebido como un proceso que se basa en la existencia de un crédito hipotecario o prendario de bienes muebles sujetos a registro debidamente inscrito en el registro correspondiente, o sea, que persiguen el pago de una obligación con suma líquida y exigible que se sustenta en los títulos referidos. Dicho de otro modo, los procesos coactivos civiles suponen necesariamente la existencia de una deuda, la cual debe ingresar dentro del proceso concursal dado el carácter universal de éste, con el objeto de que el Juez competente dicte la Sentencia de grados y preferidos estableciendo la prelación de pago en relación de todos los acreedores, sin que entre ellos puedan existir privilegios más allá de los que en forma taxativa señala el Título II del Código Civil".
"En consecuencia, todo proceso coactivo civil, cuente o no con sentencia ejecutoriada, en tanto no haya culminado totalmente con la efectivización del pago que persigue -luego de la liquidación, mediante remate, de los bienes hipotecados o embargados- debe ser acumulado al proceso concursal que se haya incoado, afirmación que resulta de la apropiada interpretación de lo dispuesto por los arts. 564-III CPC, que dice que la acumulación se realizará en el estado en que se encuentren los procesos a acumularse, y 573 que inclusive prevé la posibilidad de que en el proceso (ejecutivo o coactivo), se haya realizado ya el remate. Esto, obviamente, no implica de manera alguna que, en el caso que se trate, el proceso de subasta y remate quede estancado o suspendido, toda vez que el mismo puede continuar tramitándose en cuaderno separado, pero no puede realizarse ningún pago con el producto de tal acto hasta que no exista pronunciamiento de la Sentencia que emita el Juez del concurso estableciendo el grado y prelación de pago de cada acreencia".
En el caso de autos, el Juez recurrido al declarar probado el incidente presentado por el Banco de Crédito de Bolivia S.A, mediante Auto de 17 de febrero de 2003, disponiendo no haber lugar a la acumulación del proceso coactivo civil interpuesto por el referido Banco contra Adolfo Cárdenas Caba y otra, solicitada por la Jueza Primero de Partido y Sentencia de Montero, no realizó una interpretación adecuada de las normas señaladas y ampliamente descritas por la SC 1539/2003-R precedentemente citada.
III.3.El art. 236 CPC dispone que: "El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación" .
Por su parte los Vocales recurridos, dictaron el Auto de Vista 577/2003 de 8 de septiembre, confirmando el Auto de 17 de febrero de 2003, con un fundamento impertinente ajeno a los puntos apelados, que no resuelve el fondo del asunto, dejando a la recurrente en estado de indefensión, al no existir otra instancia en la que pueda hacer valer sus derechos. Sin tomar en cuenta que las autoridades jurisdiccionales están en la obligación de resolver los planteamientos de las partes, recurriendo a la interpretación adecuada de las normas en vigencia.
De esa manera las autoridades recurridas infringieron la normativa señalada y vulneraron la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa previstos en el art. 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), abriéndose en consecuencia la competencia del recurso de amparo constitucional en resguardo de los derechos y garantías vulnerados.
De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al haber declarado procedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, aunque con otro fundamento.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5910
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 3:28 PM

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