31 Oct 2014 
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 Conciliación: el acta de conciliación celebrada ante un centro de conciliación permitido por la ley, debe ser ejecutado en la forma conciliada, y quien tiene competencia para su ejecución es el juez civil.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0433/2004-R Sucre, 24 de marzo de 2004 El recurrente señala que la autoridad recurrida, cual si se tratase de un proceso ordinario, está saliendo con evasivas y disposiciones que paradójicamente desnaturalizan la ejecución forzosa del Acta de Conciliación suscrita entre Katia Valverde de Matkovic -su representada- y el SNC; siendo asi que dicho documento tiene carácter de cosa juzgada, inmodificable para las partes; además, pese a que la Jueza recurrida reconoció su competencia admitiendo el auxilio judicial, luego declinó de competencia con el argumento de que previamente debía someterse el asunto a conocimiento del Centro de Conciliación, aspecto que no corresponde dado que se cumplió con parte del acuerdo y no existen divergencias respecto al contenido del mismo; situaciones que restringirían y suprimirían el derecho al debido proceso. Por lo que corresponde analizar en revisión, si tales aseveraciones son ciertas, y si dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 de la CPE.
III.1El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes.
III.2Este Tribunal Constitucional a través de la SC 1008/2003-R de 18 de julio, ha entendido que: "…el ordenamiento jurídico boliviano, ha incorporado la Ley de Arbitraje y Conciliación, que tiene por objeto regular los trámites extrajudiciales para solucionar controversias, siendo uno de ellos, la Conciliación, que puede ser adoptada tanto por personas naturales como jurídicas, para la solución de mutuo acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, ante un tercero imparcial e independiente, concluyendo con un Acta que tiene valor de cosa juzgada, cuyos efectos jurídicos al tenor del art. 92.II LAC, sólo pueden recaer sobre las partes y sus sucesores a título universal (…)Que, al no existir un mecanismo coactivo que asegure el cumplimiento de la citada acta, al igual que para ejecutar un laudo, es legítimo que la parte que pretenda su cumplimiento, demande el auxilio judicial ante los jueces ordinarios en materia civil-comercial, quienes tienen plena competencia para proceder a ejecutar ya sea los laudos o el acta de conciliación que se hubieran dictado o suscrito bajo las normas de la Ley de Arbitraje y Conciliación …". Por lo que corresponde analizar si la actuación de la autoridad judicial recurrida al dictar la Resolución 509/2003 de 17 de diciembre de 2003 declinando su competencia al Centro de Conciliación del Colegio de Abogados o la Cámara de Comercio, constituye o no un acto ilegal u omisión indebida.
III.3En el caso que se examina, de los antecedentes que cursan en expediente se tiene evidencia que el Acta de Conciliación fue suscrita entre Katia Valverde de Matkovic -representada por el ahora recurrente- y el SNC ante el Centro de Conciliación y Arbitraje del I. Colegio de Abogados de La Paz, oficina de conciliación establecida conforme a ley; consecuentemente, se trata de un acto celebrado bajo los alcances y regulaciones de los arts. 85 y sigs.de la LAC, cuya ejecución únicamente puede ser efectivizada por vía de auxilio judicial, al haberse ya definido las obligaciones y derechos de cada parte suscribiente, conforme prevén los arts. 91 y sigs. de la LAC; consiguientemente, al tratarse de un medio alternativo de solución de controversias, no corresponde ingresar a la fase de arbitraje, en el entendido de que para proceder a la suscripción del referido documento de conciliación, han tenido que superarse las diferencias existentes.
Por previsión expresa del art. 92.II de la LAC, el Acta de Conciliación de 6 de mayo de 2000, surte los efectos jurídicos de una transacción, documento que ha adquirido entre la partes suscribientes, la calidad de cosa juzgada para fines de su ejecución forzosa, es decir, para exigir el cumplimiento integro de los acuerdos u obligaciones contraídas por las partes suscribientes del mencionado acuerdo; en cuyo mérito, Katia Valverde de Matkovic acudió en auxilio judicial ante la Jueza recurrida solicitando el cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio y en particular, exigiendo la cobertura del monto de $US4.000.000.- por parte del SNC, fijado en dicho documento, además, de la entrega del total del yacimiento y el retiro de maquinarias, instalaciones y otras pertenencias que siguen en la concesión "Las Piedras".
III.4De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 9. II de la LAC, y fundamentalmente, teniendo en cuenta el entendimiento que emerge de la citada jurisprudencia constitucional, la demanda de auxilio judicial para exigir el cumplimiento del Acta de Conciliación suscrita en función a las regulaciones contenidas
en la Ley de arbitraje y conciliación, debe ser presentada ante los jueces en materia civil-comercial, por ser estas las autoridades competentes para proceder a su ejecución; Acta de Conciliación, que por mandato expreso del art. 92.II de la LAC, surtirá los efectos jurídicos de la transacción y tendrá entre las partes y sus sucesores a título universal la calidad de cosa juzgada, para fines de su ejecución forzosa. De donde resulta, que la Jueza recurrida, no obstante de haber aprehendido conocimiento de la referida demanda de auxilio judicial, desconoció su propia competencia al dictar la Resolución 509/2003 de 17 de diciembre, que declina de competencia y dispone la remisión del caso al Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de La Paz; acto ilegal que lesiona el derecho al debido proceso en su componente, a la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida dentro del contexto constitucional, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un Juez o Tribunal competente para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas; por lo que corresponde brindar la protección solicitada a través del presente recurso.
Por lo que se concluye, que el Tribunal de amparo al haber declarado procedente el recurso, ha valorado correctamente los hechos e interpretado adecuadamente los alcances del art. 19 de la CPE.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5905
Fecha de Creación: 09 Apr 2009 3:16 PM

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