27 Nov 2014 
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 Usucapión: El proceso por usucapión se realiza ante el juez de partido y no ante el instructor, no importando la cuantía.
Respuesta Sentencia constitucional 1138/2004-R Sucre, 21 de julio de 2004 Juana Grissel Sivila Vda. de Daza, instauró acción de tutela en contra de la decisión pronunciada por la Jueza Segunda de Instrucción en lo Civil y Jueza Segunda de Partido en lo Civil, alegando vulneración de su derecho al debido proceso, señalando que en el proceso origen del presente amparo se presentaron las siguientes irregularidades: a) la demanda no consigna la cédula de identidad de la demandante ni su domicilio real; b) se tramitó el proceso como sumario ante la Jueza de Instrucción, pese a que la Circular 07/98 de la Corte Suprema de Justicia establece la competencia de los Jueces de Partido al efecto; c) el defensor de oficio designado no asumió ninguna defensa a su favor; d) la citación con la demanda y notificación con la Sentencia fue mediante edictos, publicados en un órgano especializado en derecho que no es leído por todos los ciudadanos; e) a pesar de haber formulado apelación, la Sentencia de primera instancia fue declarada ejecutoriada, sin que se hayan revisado los vicios procesales. Consecuentemente, en revisión, se debe analizar si en la especie es pertinente otorgar la tutela pretendida. III.1.En la especie, como primera irregularidad, en la tramitación del proceso de usucapión, se tiene que este fue tramitado en la vía sumaria, cuando por determinación de Circular de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 12 de agosto de 1998 (fs.73), al no estar expresamente prevista en la ley la competencia para conocer y resolver los procesos de usucapión, se determinó que tales juicios son de competencia privativa de los jueces de partido en materia civil, dada la naturaleza del proceso y sin interesar la cuantía de la causa. En este caso, se tramitó el proceso de usucapión en la vía sumaria ante el Juzgado de Instrucción y, en apelación, ante el Juzgado de Partido, quebrantándose así el derecho al juez natural, entendido como el elemento constitutivo del derecho al debido proceso, ya que este representa la garantía constitucional del justiciable consistente en que la autoridad a la que se somete la controversia jurídica debe estar revestida de la competencia para conocer dicho asunto, con fundamento en la Constitución o la ley. El desconocimiento del juez natural constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que implica la ausencia de uno de sus elementos fundamentales, esto es, que la valoración jurídica sea llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, por esta razón, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la ausencia de juez natural no es una simple irregularidad sino un error que afecta la legalidad del proceso. La SC 491/2003-R de 15 de abril, en la que se señaló expresamente lo siguiente:"Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución".
III.2.De otro lado se observa que en la tramitación del recurso motivo del presente amparo, incoada la demanda de usucapión, se realizo la citación de la recurrente mediante edictos, designando la Jueza recurrida como defensor de oficio al abogado Franklin Gutiérrez, que figura como defensor de oficio de primera instancia en la nómina de designados por la Corte Superior de Tarija para la gestión 2003 (fs. 274), el mismo que se apersonó, aceptó el nombramiento e indicó que los demandados no cuentan con un domicilio específico donde se les haga conocer las actuaciones del proceso, y que al no contar con prueba de descargo, efectuaría el seguimiento del proceso, sin que haya presentado prueba alguna ni realizado ninguna defensa cual era su obligación, a favor de los declarados rebeldes, entre ellos, la recurrente, es decir que no existió defensa real alguna de Juana Grissel Sivila Vda. de Daza, quien quedó en total indefensión, sin tener oportunidad de presentar la documentación que avala su derecho propietario y en su caso para desvirtuar los extremos de la demanda de prescripción adquisitiva; ya que la obligatoriedad de la presencia de las partes en el proceso, se explica por la innegable relación
que existe entre tal hecho y la efectividad del derecho de defensa, ya que además de las actuaciones directas que con su presencia pueden efectuar las partes la comunicación entre éstas y sus abogados constituyen una pieza fundamental para lograr una estrategia de defensa con mayores probabilidades de éxito, la defensa tiene como base el conocimiento real de los hechos, del cual depende en buena medida la posibilidad de solicitar pruebas que desvirtúen las acusaciones o requerimientos de la otra parte. Ello no implica que la designación de un abogado de oficio para atender a la persona ausente, suponga una violación del derecho de defensa. Simplemente, que las posibilidades de defensa -su estrategia- se verán menguadas por la inasistencia de la parte demandada en el proceso que puede inducir a error al Juez y a la violación del derecho de defensa del recurrente, más aún en el caso de autos en el que se evidencia que el abogado defensor no cumplió el rol, que le fue asignado a cabalidad, actuación ilegal que fue convalidada por las autoridades recurridas, ya que es obligación del juez garantizar la igualdad entre sujetos procesales durante la sustanciación del proceso, debido a que en esta etapa le corresponde al juez, figura central de la actuación judicial, estar atento a que el defensor realmente promueva una adecuada defensa de su defendido para lograr la igualdad de los sujetos procesales y, por otra, asegurarle el pleno goce de los derechos constitucionales. Así mismo, que la defensa asistida por un abogado, además de constituir una garantía para que se presenten argumentos jurídicos en la defensa, no es una opción es una imposición de la ley. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en su uniforme jurisprudencia entre otras la la "SC 313/2002-R, de 20 de marzo ha declarado: "... en cuanto a la violación al derecho a la defensa invocado, cabe precisar que cuando la Constitución establece que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos II y III del mismo precepto, el legislador ordinario ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvio decir que la asignación de un defensor oficial no agota la formalidad legal que tal acto implica, sino estriba en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado...". III.3.El entendimiento jurisprudencial señalado precedentemente, es aplicable al caso en examen, toda vez que el recurso de amparo constitucional únicamente procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyan vías de hecho este fenómeno se presenta cuando en la decisión judicial se "incurra en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que el mismo se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Entendiéndose que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno, el llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma, es completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último, el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo." Cabe advertir que no cualquier defecto de esta naturaleza transforma la decisión judicial en vía de hecho. Se precisa, además, que estos defectos sean manifiestos. En el caso de autos corresponde a este Tribunal establecer: si la actuación de una autoridad judicial, basada en información insuficiente suministrada por la parte demandante, constituye vía de hecho y, en caso negativo, si el inadecuado tratamiento de información relativa al desconocimiento de domicilio de una persona puede originar un perjuicio irreparable que afecte sus derechos constitucionales y obligue a revisar una actuación judicial. El Tribunal ha señalado que la omisión de las autoridades judiciales en notificar debidamente las actuaciones procesales constituye una violación al debido proceso, de tal magnitud que la decisión judicial deviene en una vía de hecho. Lo anterior por el hecho de que el recurrente se ve imposibilitado, de conocer las providencias, para ejercer debidamente su derecho de defensa; ya que en el caso de autos la recurrente señala que jamás tuvo conocimiento de actuaciones decisivas en la tramitación del proceso -como la definición de la situación jurídica, la producción de la prueba, y la sentencia de la usucapión- no le fueron notificadas, de modo que le fue imposible interponer, frente a ellos, los recursos previstos en la ley. III.4.Por otra parte el art. 16.II de la CPE establece que el derecho de defensa en juicio es inviolable. El parágrafo IV de este precepto determina que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal, entendiéndose en consecuencia que la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en la norma constitucional anotada asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que puedan comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, infiriéndose de ello que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición. Criterio fundado en la importancia del debido proceso que está ligada a la
búsqueda del orden justo, ya que no implica solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc, derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.
Este criterio es el que uniformemente ha manifestado este Tribunal en sus SSCC 103/2001-R, 380/2002-R, 418/2002-R, 1514/2002-R, y muchas otras, entre las que se tiene la SC 1049/2003-R, de 23 de julio de 2003 que ha expresado que "La existencia de una vía de hecho en el presente proceso frente al hecho cierto de que la recurrente al momento de dictarse providencias decisivas dentro del proceso y la sentencia final desconocía de la existencia del proceso, lo que nos lleva a una paradoja. De una parte, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que, salvo que exista una vía de hecho, las providencias judiciales no son objeto de revisión por parte del juez de amparo. Por otra, resulta incuestionable que el Estado tenía la obligación de garantizar a la recurrente defensa de oficio".
III.5.Del referido precedentemente se establece que el derecho al debido proceso, con relación al derecho a la seguridad jurídica y derecho a la defensa ha sido violado por ambas autoridades recurridas al haber adoptado decisiones sin seguir el procedimiento regular, previamente establecido en la ley, que forzosamente debe respetar el derecho de contradicción o defensa de quien se encuentra vinculado a una actuación. La seguridad jurídica por otra parte sirve de sustento para lograr un orden justo que no puede ser el resultado de un proceso en el cual se violen, garantías fundamentales de las partes, seguridad que se efectiviza cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados en todo proceso sea judicial o administrativo, mandato que impone el art. 228 de la CPE a todas las autoridades judiciales, para asegurar el efectivo goce de los derechos constitucionales brindándose una justicia que con sus decisiones o con su actividad, no lesionen los derechos constitucionales de los ciudadanos. El debido proceso se aplica, entonces, tanto a las actuaciones judiciales, como a las administrativas. De este modo, siempre que se haga uso de poder sancionatorio, entendido como la prerrogativa para imponer sanciones o castigos, se deben observar las formalidades y requisitos que integran el debido proceso, ya sea que dicha facultad sea asumida por una autoridad pública o por un particular.
III.6.Por otra parte la acción de tutela procederá como mecanismo de protección judicial si se evidencia una actuación de hecho por cuenta de una autoridad judicial, criterio sustentado por la jurisprudencia de este Tribunal, que ha considerado procedente la tutela cuando la decisión judicial se encuentre afectada por una vía de hecho, situación que se presenta en aquellos casos en los cuales el Juez se aparta de la función que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una decisión judicial, una conducta arbitraria, debiendo estos casos aplicarse la excepción al principio de la subsidiariedad, por cuando en el caso que nos ocupa, el hecho de que la recurrente no hubiese planteado el recurso de casación previsto en el art. 255 del CPC, no puede considerarse negligencia de su parte ya que como se señaló anteriormente, la recurrente nunca estuvo a derecho dentro del proceso de usucapión. Por consiguiente, a pesar del carácter subsidiario del recurso de amparo, en el caso de autos el único medio idóneo para solucionar la situación planteada por la recurrente es la protección constitucional, entendiéndose la misma como la única solución que permite la prevalecía del derecho sustancial y la necesidad de dar efectividad a los derechos fundamentales, ya que al encontrarse los mencionados actos ilegales en la sustanciación del proceso, que debieron ser revisados de oficio por las autoridades judiciales ahora recurridas, resulta imperioso otorgar la tutela solicitada, aplicando una excepción al principio de subsidiariedad ante los actos de disposición que pudiere realizar la usucapiente y que podrían resultar en un daño irreparable a la recurrente.
III.7.Es menester aclarar el criterio expresado por la Jueza co-recurrida, resumido en el numeral I.2.2-iiiiiii) de este fallo, por cuanto el art. 66 de la LTC es aplicable exclusivamente a los recursos indirectos o incidentales de inconstitucionalidad, resultando ilegal y absolutamente equivocada la pretensión de abarcar en sus alcances el recurso de amparo constitucional. En ese sentido se ha establecido en diversas Sentencias Constitucionales, tales como las signadas con los números 1390/2003-R, 1292/2002-R, 861/2001-R, 925/2001-R.
III.8.Finalmente es preciso recordar que el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art.1°.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la "institucionalidad judicial" por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr la que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales. La decisión de la Jueza Segunda de Partido en Lo Civil de declarar ejecutoriada la Sentencia dentro del proceso de usucapión no posee una justificación racional, pues el argumento -de que la apelación fue presentada en forma extemporánea- no sólo es opuesto a la idea de justicia y a la realidad, sino que además desatiende el centro y razón de ser del ordenamiento constitucional mismo, como es el derecho a un debido proceso, a la seguridad jurídica y a la defensa.
De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de amparo, al declarar procedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.


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Código del Articulo: 5817
Fecha de Creación: 03 Apr 2009 7:59 PM

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