29 Jul 2014 
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 Venta judicial: definición de venta judicial. El juez que adjudicó a un tercero el bien, debe respetar ese derecho haciendo lo necesario para que el tercero haga efectivo su derecho al bien adjudicado.
Respuesta Sentencia Constitucional 0804/2006-R Sucre, 17 de agosto de 2006 El recurrente solicita tutela a su derecho a la propiedad privada, consagrado por el art. 7 inc. i) de la CPE, denunciando que fue vulnerado por las autoridades recurridas puesto que: 1) en ejecución de sentencia de un proceso ejecutivo se procedió al remate del inmueble de propiedad del ejecutado ubicado en la U.V. 108, manzana 48, lote 2, por lo que participó de dicho remate adjudicándose de buena fe el citado inmueble mediante Auto de adjudicación de 6 de abril de 2001 debidamente ejecutoriado, en función a lo cual el Juez del proceso extendió la correspondiente minuta de adjudicación y el testimonio pertinente para que regularice su derecho propietario; 2) posteriormente solicitó al Juez del proceso mandamiento de desapoderamiento del referido inmueble, por lo que éste mediante decreto de 28 de mayo de 2001, concedió a los ocupantes del inmueble adjudicado, el plazo de quince días para que procedan a desocuparlo, bajo las prevenciones de librarse el mandamiento de desapoderamiento solicitado, en ese estado de la causa, Elizabeth Gonzáles Cortez, formuló incidente alegando que el inmueble era suyo y que se encontraba inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula 7.01.1.99.0007068, siendo resuelto dicho incidente mediante Auto de 24 de enero de 2004, por el que el Juez recurrido dispuso se deje sin efecto el decreto de 28 de mayo de 2001, indicando además que el inmueble adjudicado era de propiedad de la incidentista, ya que la tradición que aparentemente mostraba ésta era la verdadera y que el lote de propiedad del deudor, Carlos Araujo Torrez, se encontraba ubicado en Tierras Nuevas, lugar distante a 4 Km; 3) apelada que fue dicha Resolución los Vocales correcurridos confirmaron el Auto apelado, sin tomar en cuenta -de la misma forma que el Juez a quo- sus derechos como adjudicatario de buena fe, adquiridos a través de una subasta y remate efectuados a su favor, ocasionándole con ello un daño económico al no ordenar la devolución del monto oblado en la adjudicación, más daños y perjuicios ocasionados, costas procesales y honorarios profesionales, todo ocasionado en la grave omisión de las autoridades recurridas de no precautelar sus derechos que nacieron en la adjudicación a su favor del inmueble subastado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1.Para resolver adecuadamente la problemática planteada, es preciso referirse a la naturaleza y alcances de la venta judicial y establecer de esa forma el momento en que se opera la transferencia de un bien inmueble en una venta judicial. A ese efecto conviene referirse a lo dispuesto por el art. 545 del CPC en cuanto al remate de bienes dentro de un proceso cuando señala:
"I.Dentro de tercero día de realizado el remate, el comprador o adjudicatario, previo pago total del saldo correspondiente al precio del bien rematado pedirá la aprobación del remate.
II. El juez aprobará mediante auto el remate y ordenará se extienda la respectiva escritura pública de transferencia y la protocolización de las actuaciones correspondientes, sin que fuere necesaria la comparecencia del ejecutado.
III. Con el pago del precio y la aprobación del remate la venta judicial quedará perfeccionada".
Al respecto, la SC 1198/2005-R, de 29 de septiembre, refiriéndose al alcance del precepto legal citado señala: "(…) la venta judicial queda perfeccionada con la aprobación del remate; ello tiene como efecto que el bien subastado deja de pertenecer al ejecutado, para pasar a formar parte del patrimonio del comprador o adjudicatario en el momento de la aprobación del remate".
De lo referido por la norma legal citada y la jurisprudencia glosada, se concluye que la venta judicial de un bien inmueble se origina con el remate de dicho bien en subasta pública y con las formalidades de ley, para luego el Juez que conoce la causa aprobar el mismo y emitir Auto de adjudicación, momento a partir del cual la venta queda perfeccionada; es decir, que se trata de la transferencia de un bien pero en estrados judiciales, por lo mismo efectuada la adjudicación, quien se benefició con el remate -es decir el adjudicatario- pasa a convertirse en propietario del bien que la autoridad judicial le ha adjudicado, lo que significa, que desde la aprobación del remate el comprador adquiere el derecho propietario sobre la cosa objeto del remate, restando posteriormente al juez del proceso, como vendedor, que proceda a la entrega del bien para que el adjudicatario concluya con el trámite y registro del mismo. Cabe aclarar que la venta judicial constituye en los hechos una compraventa judicial pública en la que el juez del proceso asume el rol de vendedor y quien se adjudica el bien el de comprador, perfeccionándose la venta judicial con el pago del precio por parte del comprador y la aprobación del remate por parte de la autoridad judicial, por ende, corresponde al Juez del proceso en su calidad de vendedor el efectivizar la entrega del bien objeto del remate, el cual se sobreentiende al ser objeto de un proceso previo se encuentra identificado e individualizado como un bien del ejecutado y que es el objeto del remate, por lo mismo quien acude a un remate en calidad de postor, lo hace con la pretensión de obtener un bien a su favor contando con la certeza de que al constituirse en una venta judicial la misma cuenta con las formalidades legales para asegurar que el objeto de su compra; es decir, el bien adjudicado, le será entregado como en toda compraventa normal, e incluso con la garantía de que quien se constituye en vendedor es la autoridad judicial, lo cual convierte a dicha venta en una de mayor garantía.
III.2.Efectuadas esas precisiones corresponde ingresar al análisis del presente caso, en el que el recurrente denuncia que pese a ser adjudicatario de buena fe de un inmueble y haber solicitado el desapoderamiento del mismo, el Juez recurrido declaró probado el incidente de oposición al desapoderamiento presentado por una tercera persona y, es más, determinó que el inmueble era de propiedad de la incidentista, ya que la tradición que aparentemente mostraba ésta era la verdadera y que el lote de propiedad del deudor -y que fue el que el recurrente se adjudicó- se encontraba ubicado en Tierras Nuevas, lugar distante a 4 Km; indica además que apelada que fue dicha Resolución los Vocales correcurridos confirmaron el Auto apelado, sin tomar en cuenta -de la misma forma que el Juez a quo- sus derechos como adjudicatario de buena fe, adquiridos a través de una subasta y remate efectuados a su favor.
Al respecto, corresponde señalar que en efecto, tanto el Juez como los Vocales recurridos pronunciaron sus Resoluciones en el entendido de que si bien el remate y la adjudicación a favor del recurrente se mantenían inalterables pues se habían realizado y efectivizado conforme a ley; empero, el bien del cual el recurrente pidió el desapoderamiento por ser el mismo el que figuraba como adjudicado a su favor, pertenecía a la incidentista y que además el bien adjudicado que fue de propiedad del ejecutado se encontraba en un lugar distinto y no era el que correspondía al inmueble del cual se solicitó el desapoderamiento; ahora bien, sobre dichas determinaciones es preciso señalar que el hecho de reconocer los derechos que pudiese tener la incidentista de ninguna manera significaba dejar en inseguridad al recurrente que en su calidad de adjudicatario de buena fe tenía derechos consolidados que debían ser precautelados.
En efecto, pronunciada la Resolución del Juez recurrido resolviendo el incidente de oposición presentado y al haber determinado dicha autoridad que el inmueble objeto del desapoderamiento no era el mismo que el recurrente se había adjudicado, correspondía que la citada autoridad efectivice la venta judicial realizada a favor del adjudicatario y efectúe la entrega del bien, individualizando e identificando para ello el bien que fue objeto del remate y adjudicación, situación que no se dio, pues el Juez recurrido se limitó a pronunciarse sobre el incidente de oposición y es más en el Auto de 24 de enero de 2004 señaló: "corresponde al ejecutante gestionar la ubicación real del mismo" (sic) refiriéndose al inmueble que fue del ejecutado, cuando lo que correspondía era que su autoridad como parte procesal de la venta judicial proceda a identificar el inmueble objeto de la adjudicación y luego proceder a la entrega del mismo al adjudicatario en su calidad de comprador, máxime, si éste por memorial presentado ante la citada autoridad el 8 de octubre de 2003 referido al incidente presentado por la oposicionista, solicitó: "Por todo lo expuesto, Señor Juez, toda vez que SENTENCIA Y AUTO DE ADJUDICACION se encuentran debidamente ejecutoriados y pasados en autoridad de cosa juzgada, habida cuenta la conclusión del proceso ejecutivo (…) PIDO a su digna autoridad se me conceda la entrega judicial de inmueble y de esa manera lograr la consolidación definitiva del inmueble objeto de la litis" (sic fs. 467 y vta., las negrillas son nuestras), solicitud que mereció decreto dictado el 10 de octubre de 2003 por el Juez recurrido señalando: "Se considerará lo que por ley corresponda al pronunciar la respectiva resolución".
Ahora bien, pese a los antecedentes referidos -se reitera que- al pronunciar la Resolución del incidente el Juez recurrido lejos de atender la solicitud del recurrente se limitó a resolver el incidente señalando que el ejecutante debía gestionar la ubicación real del inmueble objeto de la adjudicación y que fue de propiedad del ejecutado, sin considerar que su autoridad como parte de la venta judicial estaba en la obligación de resolver la petición del recurrente y entregar el bien inmueble adjudicado a éste- y en el supuesto de que existiese duda sobre la ubicación del mismo- correspondía a dicha instancia judicial el identificar e individualizar el inmueble que fue objeto del remate y de la adjudicación y efectivizar la venta, situación que -se reitera- no se dio incurriendo el Juez del proceso en una omisión indebida que vulneró el derecho a la propiedad que ya había adquirido el recurrente con la aprobación del remate y el Auto de adjudicación a su favor, y siendo que dicho derecho ha sido definido por la jurisprudencia de este Tribunal a través de la SC 0050/2001, de 21 de junio, como: "la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico", debe inferirse de dicho entendimiento que los alcances del derecho de propiedad van más allá del simple hecho de poseer un bien, toda vez que el ejercicio de ese derecho conlleva además el uso, goce y disfrute sobre el bien del cual se es propietario, elementos que al ser parte inherente del citado derecho, no pueden ser restringidos por ninguna persona con acciones en contra de quien goza del derecho propietario; por consiguiente, el Juez recurrido lesionó el derecho del recurrente al uso, goce y disfrute del inmueble que se adjudicó en remate, cuando lo que correspondía era que en respeto al derecho adquirido por el adjudicatario, sea el Juez del proceso que previa identificación del inmueble objeto de la adjudicación proceda a la entrega del mismo al comprador; es decir, al recurrente y adjudicatario.
III.3 Por otra parte, es preciso también señalar que los Vocales correcurridos al conocer en alzada el recurso interpuesto además de referirse a la Resolución objeto de la apelación, debieron también pronunciarse sobre el derecho propietario que el recurrente tenía sobre el inmueble que fue objeto del remate y adjudicado a su favor, pues en el recurso de apelación presentado por el recurrente, éste solicitó "(…) llegado a demostrarse QUE EL INMUEBLE ES DE PROPIEDAD DEL DEUDOR CARLOS ARAUJO TORREZ Y ENCONTRANDOSE EJECUTORIADO EL AUTO DE FOJAS 199 VUELTA se me conceda la entrega judicial del inmueble y de esa manera lograr la consolidación definitiva del inmueble objeto de la litis" (…) "De la misma manera, siendo cierto lo anterior, solicito a su autoridad extenderme una nueva minuta de transferencia, con fecha actualizada, para poder inscribir mi derecho propietario en los registros de Derechos Reales", habiendo los Vocales correcurridos señalado en el Auto de Vista de 19 de noviembre de 2004 que no correspondía declarar la nulidad de la subasta teniendo presente que el inmueble adjudicado pertenecía a los ejecutados y no a la incidentista, por lo mismo, debieron pronunciarse sobre la obligación que tenía el Juez de respetar el derecho del adjudicatario de buena fe y entregarle el inmueble que sostenían como el adjudicado y que era de propiedad de los ejecutados en el proceso de origen, toda vez que el adjudicatario -ahora recurrente- tenía la prerrogativa de que sus derechos adquiridos precisamente en la vía judicial sean respetados y más aún, efectivizados, en ejercicio del derecho a la justicia material que es prerrogativa de todo ciudadano.
Sobre el particular, es preciso señalar que así lo ha entendido este Tribunal cuando haciendo referencia al principio de justicia, le reconoce la necesidad de que sea material antes que formal; así la SC 1138/2004, de 21 de julio señala: "(…) el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art. 1°.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la "institucionalidad judicial" por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr la que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales".
En efecto, la omisión de pronunciarse sobre los derechos del adjudicatario, y más aún, la efectivización de los mismos con la entrega del bien no sólo es opuesta a la idea de justicia y a la realidad, sino que además desatiende el centro y razón de ser del ordenamiento constitucional pues los derechos del recurrente que nacieron precisamente en instancia judicial, fueron desatendidos y omitidos en la misma instancia que los generaron, vulnerando con ello el derecho del recurrente a una justicia material que conlleva asegurar a éste que la actividad judicial procurará, por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia verdaderamente eficaz, lo que significa asegurar, en este caso al adjudicatario, que las decisiones judiciales no podrán ser revertidas y por el contrario que, cualquier decisión judicial asumida en su caso, debe implicar una efectiva materialización de los derechos que precisamente adquirió en dicha vía judicial, más aún, si se toma en cuenta que desde la adjudicación del inmueble hasta el momento que el Juez se pronunció sobre el incidente puesto a su conocimiento transcurrieron casi tres años y hasta la fecha de interposición del presente recurso de amparo constitucional más de cuatro años, tiempo en el cual el recurrente no pudo ejercer su derecho propietario sobre un inmueble que -se reitera- adquirió en la vía judicial.
Por lo expuesto, corresponde otorgar la tutela solicitada por el recurrente en cuanto al resguardo de su derecho propietario sobre el bien que le fue adjudicado en la venta judicial, pues, -se reitera-corresponde al Juez del proceso dirimir el asunto y precautelar los intereses del recurrente, actuación que deberá ser concretada en un plazo razonable en el que el Juez recurrido, como sujeto y parte de la venta judicial, disponga las medidas judiciales convenientes, siempre en resguardo y tutela de los derechos del adjudicatario de buena fe, a objeto de no lesionar dichos derechos ni afectar a sus intereses.
En consecuencia, el Tribunal de amparo al haber declarado improcedente el recurso, no ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales, ni dado correcta aplicación al art. 19 de la CPE.


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Código del Articulo: 5816
Fecha de Creación: 03 Apr 2009 7:57 PM

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