02 Sep 2014 
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 Definiciones de caducidad, prescripción y plazo. Momento en que empieza a correr el plazo de la caducidad para ordinarizar un proceso ejecutivo.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0582/2004-R Sucre, 15 de abril de 2004 El recurrente solicita tutela a los derechos fundamentales de sus representados a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 inc. a), 16.II y IV de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, ya que éstas emitieron el Auto Supremo 404 de 18 de diciembre de 2003, casando el Auto de Vista 76/2002 de 20 de junio y, consiguientemente, declararon improbadas las excepciones de cosa juzgada, caducidad y prescripción de la acción que opusieron, disponiendo se continúe con el juicio ordinario deducido en su contra, con el fundamento erróneo de que el cómputo de seis meses para ordinarizar el proceso ejecutivo que prevé el art. 28.II de la LAPCAF, conforme a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, comienza a partir de la notificación con el decreto de "cúmplase". En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1. Los institutos jurídicos de la caducidad y prescripción.
Al efecto, tomando en cuenta que la problemática planteada está relacionada con el instituto jurídico de la caducidad de la acción, y que los supuestos hechos ilegales denunciados en el presente recurso se habrían originado a partir de una inadecuada interpretación de las normas procesales referidas al cómputo del plazo; resulta necesario referirse al marco conceptual de dos institutos jurídicos referidos a la extinción de derechos, como son la caducidad y la prescripción.
La caducidad es la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo o el plazo previsto por ley para el efecto, lo que significa que si el titular del derecho de accionar deja transcurrir el plazo previsto por ley sin presentar la demanda, el mencionado derecho se extingue; la caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al término prefijado para intentar la acción judicial, de manera que una vez transcurrido éste se produce fatalmente el resultado de extinguir dicha acción. La norma prevista por el art. 1514 del Código Civil (CC), establece que: "Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto".
La prescripción permite la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, ya perpetuando una renuncia o abandono de un determinado derecho. En el ámbito del Derecho Civil, la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, en las condiciones previstas por ley.
Con mucha frecuencia suele confundirse la prescripción liberatoria con la caducidad, cabe advertir que son dos institutos jurídicos distintos, pues la prescripción se refiere a la sustancia del derecho, en cambio la caducidad se refiere al procedimiento; la prescripción puede ser objeto de suspensión frente a algunas personas dentro de ciertas circunstancias, en cambio la caducidad es de aplicación general o erga omnes; la prescripción puede ser interrumpida o suspendida, en cambio la caducidad sólo se puede interrumpir por los actos procesales; la prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el Juez no podría jamás aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad.
III.2.El plazo, su naturaleza jurídica y cómputo.
Para resolver la problemática planteada, resulta necesario realizar una precisión conceptual del plazo, su naturaleza jurídica, así como el cómputo que se realiza del mismo en el ámbito procesal.
Al efecto, cabe señalar que de manera general el plazo es el tiempo o lapso fijado por la Ley para la realización de una acción jurídica o desarrollar un acto procesal. Conforme enseña la doctrina pueden existir plazos legales y los plazos contractuales o convencionales; los primeros son aquellos que ha previsto el legislador como un lapso de tiempo para que se pueda realizar una acción jurídica; en ese orden el legislador establece plazos para la adquisición de un derecho o, en su caso, para la pérdida o caducidad del derecho de accionar o la extinción de un derecho por la vía de la prescripción extintiva. De otro lado, cabe señalar que entre las diversas clases de plazo se tiene el plazo procesal, entendiéndose por éste aquel espacio de tiempo concedido a las partes, por la legislación procesal o por la propia autoridad judicial, para que puedan desarrollar los actos procesales dentro de la sustanciación de un proceso judicial, es decir, comparecer, responder, probar, alegar o consentir en el juicio.
Con relación al cómputo del plazo, el legislador ha realizado una diferenciación entre el cómputo de los plazos procesales con el cómputo del plazo de la pérdida o caducidad del derecho de accionar.
Con relación a lo primero, cabe destacar que según la norma prevista por el art. 139 del CPC, los plazos legales o judiciales señalados en dicho Código a las partes para la realización de los actos procesales, son perentorios e improrrogables; dichos plazos, conforme lo prevé el art. 141 del citado Código, transcurren ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; empero, se entiende que esa suspensión por vacación judicial es para el cómputo de los plazos procesales que transcurren dentro la sustanciación del proceso judicial, no siendo aplicable para aquellos casos en los que debe o tiene que iniciarse la demanda o acción.
Respecto al cómputo del plazo de caducidad del derecho de accionar, el legislador ha previsto que el mismo transcurre ininterrumpidamente, es decir, de manera permanente sin interrupción alguna, así lo prevé la norma prevista por el art. 1517 del Código Civil, cuando dispone que "la caducidad sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho", ello significa que el cómputo del plazo sólo se impide con la presentación de la acción o demanda judicial respectiva.
III.3.La problemática planteada.
Efectuadas las precisiones conceptuales que anteceden, cabe señalar que la problemática planteada se ubica en el marco de la caducidad de acción prevista por el art. 490 del CPC, modificado por el art.
28.II de la Ley 1760; toda vez que la referida disposición legal prevé lo siguiente: "I. Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses. Vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo" (las negrillas son nuestras). Como se podrá advertir, la norma procesal citada ha establecido, de manera expresa, la caducidad de la acción, no así la prescripción, de manera que sobre esa base corresponde analizar la problemática planteada.
III.3.1. Según lo referido por el recurrente, lo informado por las autoridades judiciales recurridas y los antecedentes que cursan en el expediente, conforme se ha referido en la parte conclusiva de esta Sentencia, las supuestas lesiones de los derechos fundamentales invocados por el recurrente se habrían producido en la decisión adoptada por los Ministros recurridos, al resolver el recurso de casación planteado por la Prefectura del Departamento de Potosí contra el Auto de Vista 76/2002 de 20 de junio pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en grado de apelación, confirmando un Auto Interlocutorio definitivo que declaró probada las excepciones previas de cosa juzgada, prescripción y la caducidad de acción, planteadas por la parte demandada, hoy recurrente. En efecto, los Ministros recurridos, mediante el Auto Supremo 404 de 18 de diciembre de 2003, determinaron casar el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo declararon improbadas las excepciones, disponiendo se prosiga con la tramitación del proceso ordinario deducido por la Prefectura del Departamento de Potosí contra los representados del recurrente.
III.3.2. En criterio del recurrente, la decisión de las autoridades judiciales recurridas lesiona los derechos fundamentales de sus representados a la seguridad jurídica y al debido proceso, porque considera que la sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo seguido por sus mandantes contra la Prefectura del Departamento de Potosí, adquirió el sello y autoridad de cosa juzgada material, debido a que la entidad demandada fue notificada con el Auto de Vista que confirmó la sentencia en fecha 17 de abril de 2001, a partir de esa fecha hasta el momento en que sus mandantes fueron citados con la demanda ordinaria planteada por la Prefectura del Departamento de Potosí, demandando la nulidad del proceso ejecutivo, transcurrieron 10 meses y 23 días, "tiempo el que el término señalado por el art. 28-II de la Ley 1760 no ha sido interrumpido en ningún momento hasta esa fecha conforme dispone el art. 130 inc. 2) del Procedimiento Civil, conexo al art. 1503 inc. I) del Cdgo. Civil" (sic.).
III.3.3. De la compulsa de antecedentes y la correcta interpretación de las normas legales aplicables al caso, se concluye que las autoridades judiciales recurridas, al casar el Auto de vista recurrido y declarar improbadas las excepciones planteadas por los demandados, hoy recurrentes, disponiendo que prosiga la sustanciación de la demanda ordinaria interpuesta por la Prefectura del Departamento de Potosí contra los mandantes del recurrente, han lesionado los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y al debido proceso de los representados del recurrente, toda vez que no han realizado una aplicación objetiva de la normas jurídicas aplicables al caso concreto.
En efecto, para determinar si la caducidad de la acción ordinaria se operó o no, debió tenerse en cuenta que la notificación con el Auto de Vista 073, que confirmó la Sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo seguido por los representados del recurrente contra la Prefectura del Departamento de Potosí, se realizó el 17 de abril de 2001 en Secretaría de Cámara de la Sala Civil, sin que las partes hubiesen observado dicha diligencia; de manera que la sentencia fue ejecutoriada en esa fecha, lo que supone que a partir del día hábil siguiente de la misma comenzó a correr el plazo otorgado por la norma prevista por el art. 490 del CPC, pues esta norma, de manera clara e imperativa dispone que el proceso ordinario podrá promoverse una vez ejecutoriada la sentencia, y la sentencia, en este caso, se ejecutorió con la notificación del Auto de Vista dictado en apelación, al no existir otra instancia de impugnación. Entonces el plazo de caducidad vencía el 17 de octubre de 2001.
Conforme se tiene referido en el punto III.2 de esta Sentencia, al tratarse de un plazo de caducidad su cómputo no se interrumpe o suspende por motivo alguno, salvo en los casos previstos por el art. 1517 del CC; en consecuencia, si bien es cierto que en ese ínterin se decretó la vacación judicial, ésta no suspendió ni interrumpió el plazo previsto por el art. 490-II del CPC, sustituido mediante el art. 28 de la LAPCF. Entonces, los Ministros recurridos, al adoptar la decisión impugnada, no han efectuado una aplicación objetiva de las normas previstas por los arts. 1514 y 1517 del Código Civil y 490 del CPC.
De lo referido se infiere que las autoridades judiciales recurridas han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, ya que han determinado que no se operó la caducidad haciendo una aplicación incorrecta de las normas legales, sin tomar en cuenta los hechos fácticos que dieron lugar a que los representados del recurrente hubiesen planteado las excepciones resueltas mediante el Auto Supremo impugnado en grado de casación. En efecto, revisando los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el representante de la Prefectura y Comandancia del Departamento de Potosí, planteó demanda ordinaria de nulidad del proceso ejecutivo, mediante memorial presentado en la Secretaría de Cámara de la Corte Superior del Distrito de Potosí el 18 de octubre de 2001; empero, aplicando objetivamente las normas previstas por el art. 490-II del CPC, en concordancia con las normas previstas por los arts. 1514 y 1517 del CC, el derecho de promover el proceso ordinario que le asistía a la Prefectura del Departamento de Potosí caducó el día 17 de octubre de 2001; de manera que la demanda fue planteada un día después de haber caducado el derecho; entonces lo que correspondía era declarar tal situación y disponer el archivo de obrados, como que así obraron el Juez de la causa y la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito de Potosí, aunque con diferentes fundamentos jurídicos; empero, los Ministros recurridos casaron el Auto de vista recurrido y, deliberando en el fondo, declararon improbadas las excepciones y dispusieron la prosecución de la demanda, partiendo de una interpretación legal que no correspondía, y aplicando un precedente que había sido establecido mediante Auto Supremo N° 25/85 que ya fue modificado mediante reforma legal.
Por lo precedentemente expuesto, el Tribunal de amparo, al haber declarado improcedente el recurso, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes, menos una debida interpretación de los alcances del art. 19 de la CPE.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5754
Fecha de Creación: 02 Apr 2009 7:17 PM

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