31 Oct 2014 
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 Zona franca: Requisitos para autorizar el funcionamiento de una zona franca
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1721/2003-R Sucre, 25 de noviembre de 2003 En el presente amparo la recurrente alega que, pese a haber cumplido la sanción de suspensión que le fue impuesta a la empresa que representa, y no obstante sus reiterados e insistentes pedidos y reclamos, las autoridades recurridas no disponen el reinicio de operaciones de ZOFRASMAT S.A., ni designan el personal aduanero que debe desempeñar funciones en la Zona Franca de San Matías, en virtud de lo que considera que se han vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la protección del capital y la garantía del debido proceso. En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida, tomando en cuenta los caracteres propios e inherentes del amparo constitucional.
III.1El Reglamento de Zonas Francas contenido en el DS 22526, de 13 de junio de 1990, publicado el 30 de julio de ese año, en su art. 2 determina que la creación y consiguiente concesión de administración de zonas francas será otorgada por Resolución Biministerial por los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Finanzas, originada en el primero de ellos y en base a informe favorable del CONZOF.
El art. 10 del Decreto antedicho establece que la responsabilidad sobre la coordinación, la normatividad y control de las zonas francas, tanto industriales como comerciales y terminales de depósito, está a cargo del Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF), que está conformado por el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, como Presidente; el Ministro de Finanzas; el Viceministro de Industria, el Viceministro de Recaudaciones; el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias; el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y el Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, pudiendo en todos casos los casos acreditar a un representante.
Las atribuciones del CONZOF, están detalladas en el art. 11 del DS 22526, cuyo inciso c) expresa que será de su competencia determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir las Zonas Francas para su buen funcionamiento, de acuerdo a las características de cada una de ellas y las particularidades de la región donde se localicen, para lo que elaborará un marco de referencia que sierva de guía para los proyectos. El inciso i) de esta norma reconoce como facultad del CONZOF, "resolver los conflictos que le competan y las consultas que se presenten en el funcionamiento de zonas francas".
En atención a lo dispuesto por el art. 11-c) del referido Decreto, por Resolución Biministerial 013/99 de 21 de junio de 1999, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y el Ministerio de Hacienda, resolvieron:
1)En el artículo primero: "Aprobar el Reglamento de Requerimientos Mínimos para las Instalaciones y Seguridad de las Zonas Francas Comerciales e Industriales, los mismos que, en Anexo, forman parte de la presente Resolución Bi- Ministerial". El Reglamento así aprobado, en su artículo primero, exceptúa de la aplicación de tal Reglamento, a las zonas francas comerciales e industriales que a la fecha de emisión de la Resolución Biministerial estén en funcionamiento o hubieran iniciado tareas de construcción de sus instalaciones.
2)En el artículo segundo de esta Resolución, dispone que "Las zonas francas comerciales e industriales en actual funcionamiento y en construcción, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a)Iluminar todo el perímetro de la zona franca y de las calles anteriores;
b)Dotar a la Administración de Aduana, oficinas ubicadas dentro de la zona franca, a continuación de la puerta de ingreso y salida con una superficie total de 120 metros cuadrados;
c)Contar con un Sistema Informático para el control de las operaciones en la zona franca, el mismo que deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Aduanas;
d) Dotar a la Administración de Aduana un equipo de computación e impresora con acceso al sistema informático de zona franca
e)Contar con una báscula para camiones, ubicada en las proximidades de la puerta de ingreso a la zona franca, con una capacidad mínima de 60 toneladas;
f)Contar con una puerta única de ingreso y salida;
g)Contar con vías de circulación.
Asimismo, el último párrafo de la norma transcrita dispone que: "Las zonas francas comerciales e industriales en actual funcionamiento, deberán cumplir los requisitos a que se refiere el presente numeral, dentro del plazo de un (1) año, a partir de la fecha de emisión de la presente Resolución Biministerial; excepto el requisito señalado en el inciso b), que deberá cumplirse dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de emisión de esta Resolución".
Por tanto, la aludida Resolución Biministerial manda que las zonas francas en funcionamiento y en construcción cumplan los requisitos que señala en el artículo segundo de la citada Resolución; en cambio, las que aún no hayan iniciado trabajos de construcción, deberán cumplir las normas -más extensas- que el Reglamento contiene, tales como las referidas a las superficies, diseños y construcción de los diversos ambientes que deberá tener la zona franca; lo relativo a servicios de infraestructura; vías interiores ( el Reglamento detalla el ancho mínimo que deben tener las vías principales y las secundarias); sistema informático que deberá contar con un servidor de archivos, terminales, unidades de respaldo, de energía ininterrumpida y otros requerimientos; equipos, delimitación perimetral (donde se consignan características inclusive de los cimientos); sistema de control y vigilancia (por ejemplo, la ubicación y distancia de los almacenes en relación al perímetro); además de las instalaciones voluntarias o complementarias.
III.2En el caso sometido a examen, se tiene evidencia que, una vez que ZOFRASMAT S.A. cumplió la sanción de suspensión que el CONZOF le impuso, dicha empresa solicitó el reinicio de operaciones y la asignación de personal aduanero a dicho fin. Tales pedidos fueron insistente y reiteradamente presentados ante diferentes instancias de la Aduana Nacional, la cual en ningún momento negó las solicitudes de la empresa recurrente, sino que indicó que para la reapertura de la Zona Franca San Matías, debía verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto.
ZOFRASMAT S.A recién mediante escrito de 22 de julio de 2003 -después de un año y ocho meses de haber cumplido la sanción de suspensión- acudió ante el CONZOF, cuando conforme al art. 11-i) DS 22526, es dicho Consejo el competente para resolver los conflictos que puedan suscitarse en relación al funcionamiento de las zonas francas, pues efectivamente desde que la empresa recurrente presentó su reclamo ante el referido Consejo, éste asumió determinaciones que dieron lugar al señalamiento de la fecha de inspección de las instalaciones de la Zona Franca San Matías, toda vez que instruyó al Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, que, luego de comprobar la observancia de las condiciones mínimas para la reapertura de la tantas veces nombrada Zona Franca, la Aduana debía ordenar esa medida.
En consecuencia, las autoridades recurridas no negaron las solicitudes de la empresa actora para la asignación de personal aduanero ni para el reinicio de operaciones de ZOFRASMAT S.A., por cuanto previamente es obligación de la Aduana Nacional evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el funcionamiento de la Zona Franca, a más que la recurrente no ocurrió oportunamente ante el CONZOF para demandar atención a sus pedidos, siendo que ese Consejo es el que tiene atribución para solucionar conflictos que se presenten en el funcionamiento de las Zonas Francas.
Es menester dejar sentado que el contar con autorización de funcionamiento dada por el CONZOF y el hecho de que no pese en su contra sanción disciplinaria ni de otra índole, como expresa la certificación de 30 de mayo de 2003 (fs. 126), emitida por el Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones, no significa de ninguna manera que la empresa recurrente no deba someterse al cumplimiento de los requisitos indispensables para reiniciar sus actividades, de acuerdo a lo dispuesto en la última parte del artículo único de la Resolución 063/01 de 4 de mayo de 2001, por la que el CONZOF suspendió sus actividades.
Por consiguiente, no se constata acto ilegal alguno que pueda dar lugar a la declaratoria de procedencia del presente amparo constitucional, máxime si se considera que la actora, al considerar que los recurridos perjudicaban los intereses y derechos de su representada, tenía la posibilidad de formular sus quejas y reclamos ante el Directorio de la Aduana Nacional, instancia máxima de la que dependen las autoridades ahora demandadas.
III.3 El Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional de Bolivia, aprobado por Resolución de la Presidencia Ejecutiva RA-PE-01-002-02 de 5 de febrero de 2002, enumera las competencias de las Gerencias Regionales (fs. 96 vta. y 97), entre las que no se encuentra la potestad de ordenar la reapertura de una Zona Franca ni disponer el reinicio de operaciones de una empresa concesionaria, extremo que desvirtúa lo afirmado por la empresa demandante en relación a la supuesta usurpación de funciones de la Gerencia Regional Santa Cruz por parte de las autoridades recurridas.
III.4Resulta imperioso recordar que la Sentencia Constitucional (SC) 1143/2003-R, ha declarado que:
"...el recurrente equivocadamente pretende hacer valer el recurso de revocatoria previsto en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), dado que este cuerpo legal no es aplicable a los procesos de licitación pública, pues su ámbito, si bien es cierto que, por disposición del art. 2 de la misma, se centra en la Administración Pública constituida por el "Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y " "Gobiernos Municipales y Universidades Públicas"; no es menos cierto, que los recursos de revocatoria y jerárquico establecidos en ésta son mecanismos y medios generales para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades de dichas entidades por parte de los administrados.
Que, en el caso presente, por un lado, el recurrente no está en calidad de administrado frente a los actos de los recurridos y, por otro, existen normas especiales que determinan los recursos exclusivos y expeditos para hacer valer los derechos de los proponentes dentro de los procesos de licitación pública".
En la especie, la empresa recurrente tampoco se encuentra en condición de "administrada" sino como "empresa concesionaria" para la administración de una zona franca, motivo por el que no es posible exigir el agotamiento de los recursos que contempla la Ley 2341, siendo el fundamento de la improcedencia los expuestos en los numerales anteriores de este fallo.
De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al declarar improcedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.


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Código del Articulo: 5711
Fecha de Creación: 02 Apr 2009 4:07 PM

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