22 Dec 2014 
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 Una resolución administrativa dictada por el directorio de la aduana nacional, puede ser sometida al contencioso administrativo, y una vez iniciado, la resolución de la aduana no debe ejecutarse.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0702/2004-R Sucre, 12 de mayo de 2004 El recurrente considera que la autoridad recurrida ha vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, a trabajar y dedicarse al comercio, a la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, al haber ejecutado en forma ilegal y arbitraria la Resolución Administrativa que le impuso como sanción, de suspensión temporal de actividades por noventa días, sin considerar que la misma no se encuentra debidamente ejecutoriada al encontrarse en trámite la demanda contenciosa administrativa que tiene interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia. Consiguientemente, corresponde en revisión, analizar si lo demandado vulnera los derechos denunciados y si se debe otorgar la tutela solicitada.
III.1.La comisión de contravenciones aduaneras, da lugar al inicio de un debido proceso administrativo, a fin de que el sindicado tenga la oportunidad de defenderse con todos los medios legales previstos por ley, para que finalmente, la autoridad sumariante pronuncie, con la debida fundamentación, la Resolución Administrativa correspondiente, la cual, admite dos vías de impugnación, que no son otra cosa que mecanismos de control del acto administrativo, y son:
a)Los recursos gubernativos o administrativos, ó de control interno, que se inician en sede administrativa, como expresión del ejercicio de control interno sobre sus actos administrativos por la propia Administración. Está conformado por: 1.- El recurso de revocatoria ante la misma autoridad que dictó la resolución que se impugna; y 2.- El recurso jerárquico ante la autoridad superior, con cuya resolución esta vía queda agotada, quedando el acto o sanción firme.
b)Los recursos en vía jurisdiccional o de control externo, tienen por objeto someter a control externo lo actuado por la Administración, a fin de servir de equilibrio entre ésta y el administrado. Estos recursos se abren a la conclusión de la vía administrativa, permitiendo a la parte afectada plantear demanda contencioso administrativa ante la autoridad judicial competente.
En nuestra legislación nacional, siguiendo esa concepción doctrinal, se estableció un procedimiento sancionador de contravenciones aduaneras contenido en los arts. 242 al 252 de la LGA, -derogados por la Disposición Final 11 del Código Tributario Boliviano, de 4 de noviembre de 2003- y en los arts. 287 al 295 de su Decreto Reglamentario, DS 25870 de 11 de agosto de 2000 -también derogados por el DS 27310 de 9 de enero de 2004-, cuyo análisis corresponde realizar al haber sido aplicados en el caso concreto. Así, esta normativa reconoce la realización de un proceso administrativo aduanero, el cual concluye con una resolución fundamentada que puede ser impugnada por los recursos de revocatoria y jerárquico cual prevén los arts. 246 al 248 de la LGA y 291 al 294 del DS 25870, señalando expresamente en los arts. 248 de la LGA y 294 del DS 25870, que agotado el procedimiento administrativo con la resolución denegatoria del recurso jerárquico pronunciada por el Directorio de la Aduana Nacional, podrá interponerse demanda contencioso administrativa en la vía jurisdiccional.
Ahora bien, la ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por el Directorio de la Aduana Nacional, se realizará siempre y cuando las mismas hayan adquirido ejecutoria y tengan calidad de cosa juzgada, sea porque no fueron impugnadas a través del contencioso administrativo, ó porque se acudió a esa vía fuera del plazo legal, ó se renunció expresamente a utilizarla, ó una vez presentado el contencioso administrativo fue objeto de desistimiento. Sin embargo, si las resoluciones administrativas son impugnadas mediante la demanda contencioso administrativa, tendrá que esperarse a que esa vía concluya y cuente con sentencia ejecutoriada, con calidad de cosa juzgada, para recién proceder a su ejecución. Entendimiento que está en coherencia con lo dispuesto por el art. 248 de la LGA, que reconoce la vía impugnativa jurisdiccional, y el art. 295 DS 25870, cuyo primer párrafo expresa textualmente: "Las resoluciones administrativas dictadas por el Directorio de la Aduana Nacional y las autoridades jurisdiccionales competentes de la materia, debidamente ejecutoriadas, y/o pasadas en autoridad de cosa juzgada, deberán ser ejecutadas por la autoridad aduanera que conoció la causa en primera instancia, en un plazo no mayor de cinco (5) días de su radicatoria, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento".
Hacer una interpretación contraria, que permita la ejecución de la resolución administrativa pese a que es objeto aún de impugnación a través de una demanda contencioso administrativa en trámite, sin que exista norma expresa que determine tal situación en el procedimiento aplicable al caso, sería permitir un acto discrecional de la administración aduanera, en contra de la potestad reglada que tiene en materia sancionadora, en virtud de la cual no sólo deben estar señaladas expresamente en la ley las contravenciones y las sanciones, sino también el procedimiento a seguir, al que debe sujetarse la autoridad y el que en este caso no prevé sino la ejecución de las resoluciones administrativas cuando estén ejecutoriadas y con calidad de cosa juzgada, lo que por ejemplo, no ocurre en otros reglamentos administrativos, que establecen en forma taxativa que la interposición de la demanda contencioso administrativa, no suspenderá la ejecución inmediata de las resoluciones dictadas en sede administrativa, como sucede, en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa ( art. 37 del DS 26319, de 15 de septiembre de 2001). Lo que respalda el criterio de que tiene que existir norma expresa para determinar un efecto como el señalado.
III.2.En la especie, de acuerdo al procedimiento establecido en los arts. 242 a 252 de la LGA, y el Decreto Reglamentario, DS 25870 de 11 de agosto de 2000 (actualmente derogados), se instruyó el inicio de proceso administrativo contra la Agencia Despachante de Aduana "Oriente" S.R.L., representada por el recurrente, entre otras, imponiéndoles tanto a la Agencia descrita como al actor, la sanción de suspensión temporal de actividades por noventa días, en aplicación del art. 187 inc. b) de la LGA, mediante RA SCRZI 198/03 de 7 de julio de 2003, al haber infringido el art. 58 inc. b) del Reglamento de la Ley de Aduanas, e incurrido en la infracción aduanera prevista por el art. 186 inc. h) de la LGA; Resolución que fue impugnada a través del recurso de revocatoria, que al ser denegado, fue remitido ante el Directorio de Aduanas, donde también se denegó el recurso planteado en grado jerárquico, confirmándose la Resolución impugnada mediante Resolución RD 03-130-03 de 18 de septiembre de 2003, todo de conformidad con los arts. 243 al 248 de la LGA, negándose posteriormente la complementación y enmienda solicitada por el actor, a través del Auto de 2 de octubre de 2003.
En uso de lo dispuesto por los arts. 248 de la LGA y 294 del DS 25870, el recurrente planteó demanda contencioso administrativa buscando que se deje sin efecto la Resolución dictada por el Directorio de Aduanas en recurso jerárquico, la cual se encuentra pendiente de Resolución; extremo que por todo lo relacionado en el punto III.1., no permite su ejecución.
Por consiguiente, la autoridad recurrida al haber ordenado el corte del sistema informático de la Aduana Nacional a la Agencia Despachante que el recurrente representa, pretendiendo ejecutar la RA SCRZI 198/03 de 7 de julio de 2003, que le impuso como sanción la suspensión de actividades por noventa días, en razón a que el recurrente continuaba ejerciendo actividades de comercio exterior, viola los derechos alegados como infringidos por el recurrente en su recurso, toda vez que al no existir una resolución ejecutoriada dentro de la demanda contencioso administrativa, no puede procederse a la ejecución señalada por el art. 295 del DS 25870, correspondiendo otorgarle la tutela solicitada.
Por todo lo expuesto, el Tribunal de amparo al haber declarado procedente el recurso, ha efectuado una correcta interpretación de los hechos así como de los alcances del art. 19 de la CPE.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5705
Fecha de Creación: 02 Apr 2009 3:59 PM

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