20 Aug 2014 
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 Definicion de juez natural e independencia de los jueces
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1364/2002 - R Sucre, 07 de noviembre de 2002 III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO Que, el recurrente denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a no ser detenido sin las formalidades legales y al debido proceso, previstos en los arts. 6-II, 9 y 16 I - II CPE así como también de los arts. 7, 222, 233, 234, 235 y 236 CPP, 7-2)-3)-5) del Pacto de San José de Costa Rica, con el argumento siguiente: a) que la Sala Plena recurrida como el Juez de Partido recurrido, han dictado resoluciones disponiendo su detención preventiva sin cumplir con los requisitos estipulados en los artículos citados del Código de Procedimiento Penal por una parte, y por otra han proseguido y actuado en el proceso de Corte sin tener competencia, dado que la misma se encontraba suspendida a raíz del Recurso Directo de Nulidad interpuesto por otro imputado en el mismo proceso y b) que el recurrido Juez Instructor ha incurrido en la misma omisión de los co-recurridos, dado que en otro ilegal proceso que se le ha instaurado por la supuesta comisión de los delitos de falsificación ideológica y otro, ha dispuesto su detención preventiva ignorando los referidos artículos del Código de Procedimiento Penal.
III.1 Que, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", incorporada a nuestra legislación a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un "tribunal competente, independiente e imparcial", lo que implica, que la observancia de tales requisitos, garantice no sólo la correcta determinación de los derechos y garantías de las personas sometidas a proceso, sino también el desarrollo regular del mismo y en consecuencia un justo fallo ya sea determinando la inocencia o la culpabilidad. De igual forma, el mismo artículo prevé que los tribunales deben ser constituidos con anterioridad por la ley, este mandato guarda plena concordancia con el art. 14 CPE, que con el mismo propósito tiene establecido que "Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ...".
Que, un tribunal con tales características, no se queda en la literalidad de su constitución, sino que se constituye en un derecho, cual es el derecho al Juez Natural, que en criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos alcances: a) la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver determinada causa y b) que la competencia de los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por ley.
III.2 Que, interpretando los alcances de dichas características esenciales con las que debe contar un tribunal, la misma Corte en diversos casos que le ha correspondido conocer, ha entendido que se considera un tribunal competente al que es llamado a conocer y resolver una controversia de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas ya sea de territorio, materia u otros elementos. De igual forma, la Corte ha entendido que la falta de un tribunal competente, independiente e imparcial, constituye lesión al debido proceso, el cual es un derecho fundamental de inexcusable observancia en la aplicación de cualesquier naturaleza de procedimiento.
Que, nuestro ordenamiento jurídico, velando por el resguardo de esa condición esencial, ha previsto las formas de selección y designación de los tribunales en razón de materia, cuantía, territorio, calidad de las personas y otros, de modo que para cada conflicto o controversia existe con anticipación el juez competente para conocerlo, sin que pueda organizarse uno con posterioridad, dado que esta posibilidad no está permitida por disposición constitucional.
Que, en cuanto a la independencia de los tribunales, la misma está referida a la actuación de los jueces con relación a las instancias superiores como a los demás órganos del Estado, particularmente los de orden político, en concreto el Ejecutivo y Legislativo; vale decir, que los jueces no deberán responder a las exigencias de los citados poderes ni a ninguna otra presión, sino únicamente actuar y resolver con sujeción a la norma, sin que deba someterse a ninguna autoridad que no sea el imperio de la Ley.
Que, la independencia del tribunal, constituida a su vez como garantía para toda persona que acuda a
un juez, importa que esta autoridad no tenga ningún interés o relación personal en el conflicto, pues de ser así, se carecería de objetividad para resolver la problemática en cuestión. Consiguientemente, debe tenerse en cuenta que la imparcialidad sólo se verá afectada cuando el interés y la relación personal del juez con las partes en conflicto son evidentes o existan suficientes elementos que hagan presumir que su imparcialidad está comprometida.
III.3 Que, dadas las premisas doctrinales de lo que implica la garantía del juez natural, contrastadas con el trámite que se le ha aplicado al recurso planteado, es evidente que el tribunal que ha conocido y resuelto el mismo ha sido constituido ilegalmente, y por lo mismo, lesiona la garantía del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 CPE, pues se ha convocado a un abogado para conformar la Sala Penal Segunda, en fecha posterior a la interposición del presente recurso, sin que dicho profesional hubiese sido designado como conjuez a inicio del año judicial, de modo que al integrar la citada Sala, ésta ha adquirido la calidad de especial, que por disposición constitucional es inadmisible y constituye una flagrante violación al derecho del juez natural y en consecuencia al debido proceso.
Que, si bien tal medida fue adoptada ante la excusa de todos los Vocales y Conjueces que integran la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en aplicación del art. 85 LOJ, que estipula la convocatoria a abogados, para el caso de excusa de todos los Ministros de la Corte Suprema y de todos los Conjueces de dicha Corte, lo ocurrido en la Corte del Distrito de Santa Cruz, no puede ser asimilado a tal situación, pues en el caso estipulado por Ley, se trata de la última instancia, la cual no tiene pares y por tanto el impedimento de los Ministros para conocer una causa debe ser reemplazada necesariamente, siendo esa la ratio legis del citado precepto, que para tal efecto ha creado ese mecanismo procesal sustitutivo, que no es aplicable a los de excusa de todos los Vocales que se puedan dar en la Corte de un determinado Distrito Judicial, pues ante esa eventual situación, siempre que los recurridos sean Vocales, la Corte que deberá conocer el Recurso será la más próxima y así sucesivamente hasta encontrar una habilitada, pero no convocar a abogados en el ejercicio libre de la profesión, cuando no se tiene atribución para ello y menos para que conozcan una causa ya en proceso. A este respecto existe precedente establecido en la SC 338/2001-R de 16 de abril.
III.4 Que, de otro lado, también es necesario establecer que los Vocales como Conjueces de la Corte de Distrito citada, han estado incurriendo en un error permanente y reiterado, exponiendo y planteando excusas que dentro del procedimiento aplicado al presente recurso extraordinario no son admisibles, pues a partir de la SC 1264/2001-R de 27 de noviembre, este Tribunal ha establecido que "... la Ley 1836, en su art. 34 y siguientes establece las causales de excusa y el trámite que se debe imprimir a las mismas; así como las responsabilidades que pueden devenir cuando el magistrado comprendido en alguna de las causales de excusa no se excusare del conocimiento del asunto en cuestión. Que, de la naturaleza sumaria de los procedimientos constitucionales, se infiere que al prever únicamente la excusa como forma de garantizar la imparcialidad del juez constitucional, ha conciliado las exigencias de imparcialidad y probidad con las de celeridad que el orden constitucional consagra como condiciones esenciales de la administración de justicia."
Que, a partir de esa sentencia básica, debe entenderse que las únicas causales de excusa que son admisibles en la tramitación del recurso planteado son las estipuladas en el art. 34 LTC, y no otros, en las cuales se han venido amparando los Vocales y Conjueces, pues debe entenderse que los jueces y vocales de Cortes Superiores, cuando conocen y resuelven las acciones tutelares previstas en los arts. 18 y 19 de la CPE, no actúan como jueces o tribunales ordinarios, sino como Jueces o Tribunales de Garantías Constitucionales. Dentro de este marco de razonamiento, resulta que las excusas planteadas por los Vocales y Conjueces han sido planteadas fuera del procedimiento constitucional, con lo cual, se ha estado ocasionando una dilación indebida al trámite del recurso planteado.
III.5 Que, de igual forma resulta indebida la excusa de los Conjueces Wilma Ribera Jiménez, Juany Alcira Osinaga Ríos e Isacio Suárez Chávez, dado que mal interpretando los alcances de SC 512/2002 de 7 de mayo, resolvieron excusarse, con el argumento de que ya habían conocido el recurso y expuesto su criterio, cuando realmente esto no ocurrió, dado que al anularse obrados la resolución que emitieron también quedó sin efecto y de ninguna manera podía servir de fundamento para excusarse de la regularización del trámite.
Que, por lo expuesto no obstante la evidente retardación en la tramitación del recurso planteado, atribuible a errores de criterio e interpretación de los jueces, resulta imprescindible para este Tribunal, regularizar procedimiento, a fin de garantizar el derecho al debido proceso en uno de sus elementos, como es el juez natural.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18-III y 120 -7ª CPE y los arts. 7-8ª y 93 LTC en revisión:
1º ANULA obrados, hasta fs. 512 inclusive.
2º DISPONE: a) que devuelto el expediente a la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, el mismo pase a la Sala correspondiente por sorteo, debiendo los Vocales de la misma, para el caso de excusa, sujetarse a los arts. 34 y 35 LTC.
b) para el caso de excusa legal de todos los Vocales y Conjueces de la citada Corte, el expediente del recurso, deberá ser remitido a la Corte más próxima para su resolución.
Regístrese, devuélvase y publíquese en la Gaceta Constitucional.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5688
Fecha de Creación: 02 Apr 2009 3:22 PM

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