23 Jul 2014 
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 Recurso de nulidad
Respuesta Fundamentación de voto discidente sobre el recurso directo de nulidad contra resoluciones judiciales dictadas fuera de termino.
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE Sucre, 12 de marzo de 2003 FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE El suscrito Magistrado ha expresado su desacuerdo con la decisión adoptada así como los fundamentos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº 0021/2003, por lo que ha emitido voto disidente en la aprobación de dicha Sentencia, en mérito a que considera que, partiendo de una interpretación restrictiva de la norma prevista por el art. 79-II de la Ley Nº 1836, considera que el Recurso Directo de Nulidad contra las resoluciones de autoridades judiciales sólo procede en los supuestos previstos en dicha norma; esta posición ya fue expresada en el Voto Disidente formulado a la Sentencia Constitucional Nº 74/02 de 16 de agosto de 2002, por ello considera que el Recurso debió declararse Infundado. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 47-II de la Ley Nº 1836, en el plazo establecido en dicha disposición, fundamenta su disidencia en los siguientes términos:
1º A través del Recurso, resuelto mediante la sentencia que motiva el presente voto disidente, se impugnó el Auto Supremo Nº 406 de 5 de diciembre de 2002, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, con el fundamento de que las autoridades judiciales recurridas dictaron y aprobaron la resolución impugnada cuando ya perdieron competencia por retardación de justicia, al no haber cumplido con los plazos previstos por la Ley. Por lo que correspondía, a este Tribunal, determinar si efectivamente concurrían los supuestos jurídicos previstos por el art. 31 de la Constitución con relación a la resolución impugnada.
2º Con relación a la problemática planteada, en ocasión de formular el voto disidente a la Sentencia
Constitucional Nº 74/02 de 16 de agosto de 2002, el suscrito magistrado ya expresó sus fundamentos jurídicos para sostener la tesis de la improcedencia del Recurso Directo de Nulidad contra decisiones judiciales que no estén previstos en los supuestos establecidos por el art. 79-II de la Ley Nº 1836. Tomando en cuenta que los supuestos que motivaron la presentación del recurso que dio lugar a la Sentencia Constitucional que motiva el presente voto disidente, el suscrito magistrado reproduce los fundamentos jurídicos expresados anteriormente:
"2º El suscrito Magistrado considera que, para resolver la problemática planteada resulta necesario establecer con precisión los supuestos jurídicos referidos a la procedencia del Recurso Directo de Nulidad. A ese efecto cabe señalar que de las normas previstas por el art. 31 de la Constitución y 79-I de la Ley Nº 1836, se colige que este Recurso procede en dos supuestos jurídicos, aunque ambos con el mismo contenido: 1) la usurpación de funciones que no le competen, debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa legítima; es decir, el ejercicio ilegítimo por parte de un funcionario o autoridad, de una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; o estándole reconocido a él, ya expiró su periodo de funciones o está suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo legal; 2) el ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución o la Ley; debiendo entenderse por tal, el que una persona o funcionario asuma una jurisdicción o ejerza una competencia que no le ha sido asignada por el ordenamiento jurídico; es decir, ejerza una función inexistente.
Los supuestos jurídicos referidos explican la razón por la que el Constituyente de 1938, limitó el alcance de este Recurso a los actos o resoluciones de las autoridades públicas no judiciales, cuando incluyó en el art. 140 de la Constitución la norma siguiente: "Corresponde a la justicia ordinaria: 3) Resolver los recursos directos de nulidad que se deduzcan en resguardo del art. 27 de la Constitución, contra todo acto o resolución de autoridad pública que no fuese judicial". La citada norma se mantuvo inalterable en la Constitución hasta la reforma de 1994, en la que el Constituyente suprimió todas las normas contenidas en el art. 122 de la Constitución de 1967, en cuyo numeral 2. se consignaba la norma referida. Es indudable que aplicando el argumento a contrario sensu como método de interpretación, se podría llegar a la conclusión de que al no haberse incluido ya en el texto de la Constitución la norma que excluía de los alcances del Recurso Directo de Nulidad las resoluciones judiciales, la voluntad del Constituyente ha sido suprimir dicha norma del ordenamiento constitucional; sin embargo, cabe advertir que esa sería una de las diferentes conclusiones que podrían extraerse del silencio legislativo, porque de otro lado o vertiente también se puede interpretar como que el Constituyente resolvió remitir dicha norma a la legislación ordinaria, toda vez que se trata de una norma reglamentaria que no tiene sentido mantenerla en la Constitución. Advertidos de que la doctrina constitucional no recomienda el uso del argumento a contrario sensu como algo definitivo, porque el silencio del legislador por sí solo no prueba nada, ni puede deducirse de ella con absoluta seguridad la voluntad de aquél, habrá de descartarse la primera posibilidad de que el Constituyente tuvo la intención de levantar la limitación prevista en la citada norma constitucional, entonces deberá adoptarse la segunda vertiente interpretativa, es decir, que el Constituyente tuvo la intención de remitir dicha regulación a la legislación ordinaria, no otra cosa significa que a través de la Ley Nº 1760, se incluyó a los supuestos jurídicos generales referidos, los actos y resoluciones de autoridades judiciales que hubiesen cesado en sus funciones o estuviesen suspensas de ella.
3º Es en esa línea de razonamiento que debe entenderse la norma prevista por el art. 79-II de la Ley Nº 1836; es decir, como una ampliación de los alcances del Recurso Directo de Nulidad hacia los actos o resoluciones de autoridades judiciales en los dos supuestos referidos en dicha norma, a saber, cuando las resoluciones o actos fuesen realizados por una autoridad judicial que: 1) esté suspendida de sus funciones; y 2) hubiese cesado en sus funciones. Lo que significa que, los actos o resoluciones de las autoridades judiciales sólo pueden ser impugnados por la vía del Recurso Directo de Nulidad en estos dos supuestos.
Frente a esta vía jurisdiccional extraordinaria y en la línea del razonamiento precedentemente expuesto, el legislador ha instituido nulidad ordinaria de decisiones judiciales, como una sanción procesal ante la retardación de justicia. Empero, este instituto procesal tiene una naturaleza jurídica y configuración diferente a la nulidad prevista en el art. 31 de la Constitución, pues mientras ésta se genera en la invasión ilegal e indebida de la jurisdicción y competencia asignada por la Constitución y las Leyes, aquella nace del incumplimiento de los plazos procesales para la dictación de la sentencia en el caso de los jueces, y para la presentación de la relación del Auto de Vista y su consiguiente participación en la votación, para los Vocales de las Cortes Superiores del Distrito; de manera que el control respectivo se realiza por la instancia jurisdiccional jerárquicamente superior y por la vía de los recursos ordinarios como la apelación o el Recurso de Nulidad. Por ello se entiende la razón por la que el Constituyente excluyó expresamente de los alcances del Recurso Directo de Nulidad, los actos y resoluciones de las autoridades judiciales.
4º Es en la línea del razonamiento precedentemente expuesto, que debió analizarse la resolución impugnada, para determinar si se encuadra en los supuestos jurídicos previstos por el art. 79-II de la Ley Nº 1836; es decir, si las autoridades judiciales recurridas estuvieron suspendidas de sus funciones
o ya cesaron en el ejercicio de las mismas al tiempo de dictar el Auto Supremo Impugnado, para así determinar si incurrieron en la nulidad prevista por el art. 31 de la Constitución.
A ese efecto cabe referirse a la norma prevista por el art. 31 de la Ley de Organización Judicial, pues en ella se define las causas y formas de suspensión de la jurisdicción de un Tribunal o Juez; a saber existen dos formas de suspensión, la general, es decir, para todos los casos; y la específica para determinado caso. En el primer caso, por cualesquiera de las causas que privan al Juez de sus funciones, como "la suspensión motivada por acción penal, vacación y licencias,". En el segundo caso, "por haber formulado excusa o haber sido recusado con causal o causales justificadas y por la conclusión del pleito."
En el caso resuelto por la Sentencia Constitucional que motiva la presente disidencia, el recurrente no ha demostrado de manera alguna que las autoridades judiciales recurridas hubiesen estado suspendidas del ejercicio de sus funciones en el momento en que emitieron el Auto Supremo impugnado; pues él funda su recurso en el hecho de que la resolución impugnada fue emitida fuera del plazo previsto por Ley, hecho que constituye una típica retardación de justicia que genera responsabilidad; empero, la determinación de la misma y consiguiente aplicación de la sanción no corresponde al ámbito del recurso Directo de Nulidad.
De otro lado, tampoco ha demostrado que las autoridades judiciales recurridas hubiesen cesado en sus funciones al tiempo en que emitieron la resolución impugnada, pues no se estableció que alguno de ellos o todos hubiesen renunciado, fallecido, se hubiesen jubilado, cumplido el período establecido por la Constitución o hubiesen sido destituidos conforme a la norma prevista por el art. 116-IV de la Constitución.
En consecuencia, la pérdida de competencia en la que habrían incurrido las autoridades judiciales recurridas, en el sentido interpretativo expresado precedentemente, no puede ser asimilado a un acto usurpativo de funciones o de jurisdicción y competencia en el marco de los supuestos jurídicos previstos por el art. 31 de la Constitución, máxime si se toma en cuenta que, la pérdida de competencia es la sanción a la retardación de justicia, una anulación del acto impugnado precisamente iría en contrasentido de esa finalidad, pues daría lugar a que el proceso retorne ante el mismo Tribunal de Justicia, el que deberá imprimir un nuevo procedimiento moroso de convocar a conjueces y volver a sortear conforme al orden cronológico, lo que significaría una pérdida de tiempo para llegar al mismo resultado; lo que en lugar de remediar y corregir la retardación en esa instancia, no haría más que someter a las partes a una dilación injustificada, además de afectar el derecho al juez natural, toda vez que apartaría de la resolución de la causa a quienes tuvieron conocimiento directo del asunto.
5º Las consideraciones precedentemente expuestas conducen a la conclusión de que las autoridades judiciales recurridas no obraron con falta de jurisdicción o competencia, menos usurparon funciones que no les están asignadas por la Ley, por lo que queda claro que no concurren los supuestos jurídicos previstos por el art. 31 de la Constitución. En consecuencia, la Sentencia Constitucional, objeto de la disidencia, debió declarar infundado el Recurso". Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez





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Código del Articulo: 5673
Fecha de Creación: 02 Apr 2009 3:03 PM

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