24 Nov 2014 
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 Procedimiento administrativo del recurso de revocatoria y el recurso jerárquico ante la superintendencia general del servicio civil.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0029/2003 Sucre, 2 de abril de 2003
III.1 Conforme establecen los arts. 120.6ª de la Constitución Política del Estado (CPE) y 79 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), el recurso directo de nulidad procede contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. En ese orden, en el caso sometido a examen, corresponde al Tribunal Constitucional determinar si la RA SSC/IRJ/062/2002 de 2 de diciembre de la pasada gestión fue dictada por el Superintendente General del Servicio Civil con jurisdicción y competencia.
III.2 El Estatuto del Funcionario Público, aprobado por Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, vigente desde junio de 2001, en su art. 3 establece que el ámbito de aplicación del mismo abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de dicho Estatuto; el término de servidor público, a efectos de esa Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales cualquiera sea la fuente de su remuneración (art. 4). El art. 5-d) conceptúa a los funcionarios de carrera como aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa.
De acuerdo al art. 48 EFP, la Superintendencia del Servicio Civil es una persona jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional y sede en La Paz, que ejerce sus atribuciones con autonomía técnica, operativa y administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es supervisar el régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto, velando por la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la función pública, el logro de resultado por la gestión, la dignidad y los derechos de los servidores públicos. El Superintendente General del Servicio Civil, entre sus varias atribuciones, conforme al art. 61-a) EFP, tiene la de conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios, en el marco de dicho Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables.
El art. 62 EFP dispone que la competencia de la Superintendencia de Servicio Civil para conocer y resolver los recursos jerárquicos, está limitada a los casos en los que previamente se hayan agotado los procedimientos de reclamación ante las correspondientes entidades, conforme a Reglamento. Las decisiones emitidas por la Superintendencia de Servicio Civil son definitivas y no admiten, en la vía administrativa, recurso ulterior alguno, salvo el contencioso administrativo. Las decisiones referidas al ingreso, promoción y retiro a la carrera administrativa, podrán ser impugnadas, según lo establece el art. 66 EFP, mediante un recurso de revocatoria interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado la decisión impugnada. Las resoluciones denegatorias de los recursos de revocatoria pronunciadas por autoridad administrativa correspondiente, podrán ser impugnadas en recurso jerárquico ante el Superintendente de Servicio Civil, quien se pronunciará mediante resolución administrativa en única y última instancia, sin lugar a recurso administrativo ulterior salvo el contencioso administrativo. El art. 67 determina que los procedimientos que regulen los recursos señalados precedentemente, se sujetarán a los plazos, términos, condiciones y requisitos señalados por normas procesales aplicables que deberán elaborarse por el Órgano Rector, que las propondrá al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.
El DS 23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública), modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, en su art. 22-e) fija el plazo de tres días para que se formule el recurso jerárquico contra la resolución del recurso de revocatoria. Y, en su art. 23 claramente determina que:
"Artículo 23 (Impugnación).¬
I. El servidor público afectado podrá impugnar las resoluciones emitidas por el sumariante dentro de un proceso interno, interponiendo los recursos de revocatoria y jerárquico según su orden. Los funcionarios de carrera definidos en el inciso d) del artículo 5 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público tramitarán los recursos de revocatoria y jerárquico conforme a procedimiento reglamentado por la Superintendencia de Servicio Civil.
II. Los funcionarios provisorios harán uso de los recursos de revocatoria y jerárquico conforme al procedimiento establecido en los artículos 24 al 30 del presente reglamento" (las negrillas son nuestras).
Por su parte, el DS 26319 de 15 de septiembre de 2001, que establece el procedimiento administrativo para la sustanciación de los recursos de revocatoria y jerárquico antes mencionados, declara que los procedimientos establecidos en él son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas sometidas al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público y que no tuviesen una carrera con legislación especial (art. 3).
El art. 11-II del DS 26319 preceptúa que para el ejercicio de los recursos de revocatoria y jerárquico emergentes de procesos internos a funcionarios de carrera, se aplicarán los plazos, condiciones, procedimientos y requisitos establecidos en ese mismo Decreto. Para el cómputo de plazos, el art. 14 expresa que toda actuación administrativa que se deba realizar en aplicación de dicho Decreto, se efectuarán en días y horas hábiles administrativos, entendiéndose por tales a los dispuestos en la reglamentación horaria vigente para la Superintendencia o entidad pública, según corresponda la instancia donde se desarrolla el recurso administrativo. Salvo lo anterior, para el cómputo de plazos determinados en días, solamente se computarán los días hábiles administrativos. Los plazos previstos para la tramitación de los recursos de revocatoria y jerárquico se entienden, en el marco del art. 15, como máximos y son de cumplimiento obligatorio; comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate y concluyen al comienzo de la primera hora del día siguiente a su vencimiento.
El art. 33-II del DS 26319 dispone que el recurso jerárquico deberá ser interpuesto por el interesado ante la misma autoridad administrativa que dictó el recurso de revocatoria, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación o de vencido el plazo para dictar resolución del recurso de revocatoria. El parágrafo III de esta norma, claramente determina:
"III. El recurso jerárquico deberá ser elevado en el plazo de dos días de haber sido interpuesto, ante el Superintendente para su admisión, conocimiento y resolución".
En el plazo de dos días de recibido el recurso, éste deberá ser admitido. A momento de admitir el recurso, el Superintendente dispondrá la apertura del periodo de prueba correspondiente. A partir de la admisión del recurso jerárquico, el Superintendente de Servicio Civil, tiene el plazo de treinta días para emitir resolución que lo dirima (art. 34-I).
III.3 En el caso de autos, el recurrente arguye que de acuerdo al art. 30 del DS 26237, las resoluciones ejecutoriadas de los procesos internos causan estado y no pueden ser modificadas ni revisadas por otras autoridades administrativas, lo que determina -a criterio suyo- la falta de competencia con la que actuó el recurrido, pues la apertura de dicha competencia solamente se produciría -según dice- como efecto de un recurso jerárquico oportunamente interpuesto ante la autoridad que resolvió el recurso de revocatoria, y en este caso, el Superintendente del Servicio Civil habría abierto su competencia "por su cuenta y sin el cumplimiento del presupuesto procesal", pues no existe ninguna norma legal que le reconozca la atribución de solicitar la remisión de recursos y procesos mediante cartas. Sin embargo, de las normas legales analizadas en el numeral precedente, conforme se desprende del memorando de designación de funciones YGYA/CB/0135/00 de 22 de marzo de 2000 (fs. 81), se evidencia que Nelson Vera Ossio es un funcionario de carrera, en mérito de lo cual para la interposición, resolución, cumplimiento y cómputo de plazos de los recursos de revocatoria y jerárquico deberá observar lo dispuesto por el DS 26319 y no así lo determinado por el DS 26237 que expresamente en su art. 23-I y II, dispone que los funcionarios de carrera se sujetarán al procedimiento que emita la Superintendencia del Servicio Civil, en cambio, los funcionarios provisorios deberán sujetarse a lo que determina dicho Decreto. Pues bien, fue el DS 26319 el que ha definido el procedimiento que se debe seguir en la tramitación de los recursos de revocatoria y jerárquico por parte de funcionarios de carrera, y el art. 33-II del aludido Decreto (26319) dispone que el recurso jerárquico deberá ser interpuesto por el interesado ante la misma autoridad administrativa que dictó el recurso de revocatoria, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación. Nelson Vera Ossio fue notificado con la Resolución 01/2002 de 6 de septiembre de 2002 que resolvió el recurso de revocatoria, a horas 12:00 del 11 de septiembre de 2002 (fs. 306 vta.); e interpuso recurso jerárquico, ante el Sumariante, en 18 de septiembre de 2002 a horas 9:20. Tomando en cuenta que los días 14 y 15 de septiembre de 2002 fueron sábado y domingo, respectivamente, y que el cómputo del plazo finaliza al comienzo de la primera hora del día siguiente de su vencimiento, se constata que el recurso jerárquico formulado por Nelson Vera Ossio está dentro del término de los cinco días que -se reitera- establece el art. 33-II del DS 26319 aplicable a este caso.
Consecuentemente, al haber solicitado el Superintendente del Servicio Civil al Sumariante de AASANA-Cochabamba la remisión del recurso jerárquico más los antecedentes del proceso administrativo interno seguido contra el servidor público Nelson Vera Ossio, ha actuado con plena competencia, así como al haber admitido el referido recurso toda vez que el Sumariante lo único que debe hacer, presentado un recurso jerárquico, es remitirlo ante la autoridad máxima de la Superintendencia de Servicio Civil dentro del plazo de dos días, puesto que es el Superintendente General de esa repartición quien tiene la potestad de admitirlo; por ende, ante la omisión de remitir el tantas veces citado recurso junto con el expediente respectivo -acto que debía ser efectuado de oficio por el Sumariante-, la autoridad recurrida pidió le sea enviado, y ante la persistente negativa del Sumariante, dictó el Auto de 8 de octubre de 2002, por el que admitió el recurso, abrió el término de prueba, y, nuevamente, ordenó la remisión de antecedentes, para que después del trámite legal en la Superintendencia, pronuncie la Resolución Administrativa SSC/IRJ/062/2002 de 2 de diciembre de 2002, ahora impugnada, que -como se tiene demostrado- emerge de un recurso jerárquico legalmente interpuesto en término hábil, admitido y resuelto por el Superintendente ahora recurrido en el marco del ordenamiento jurídico que le reconoce plena competencia al efecto.
Resulta imprescindible dejar sentado que Nelson Vera Ossio tiene la condición de servidor público sujeto a la carrera administrativa, pese al "agradecimiento de servicios" que se le hizo por memorando YGY/CB/0843/01 de 12 de octubre de 2001 (fs. 290), en mérito a que la RA SSC/IRJ/006/2002 de 5 de febrero de 2002 (fs. 138 a 142), dispuso la reincorporación de Nelson Vera Ossio a sus funciones de Jefe Administrativo de AASANA, siendo responsabilidad de esa institución el no haber dado cumplimiento a esa orden -que se encuentra absolutamente vigente y ejecutoriada- ya que inclusive el amparo constitucional que ésta planteó contra dicha Resolución Administrativa fue declarado improcedente por no haber agotado previamente la vía legal prevista a tal fin.
De todo lo examinado, se concluye que Walter Guevara Anaya, Superintendente General del Servicio
Civil, al emitir la Resolución Administrativa SSC/IRJ/062/2002 de 2 de diciembre de 2002 -objetada por el actor- ha actuado con plena jurisdicción y competencia, no siendo evidentes las ilegalidades acusadas en la demanda.


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Código del Articulo: 5496
Fecha de Creación: 01 Apr 2009 10:48 PM

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