01 Sep 2014 
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 Los tribunales de la policía para sancionar policías deben estar constituidos por abogados, de otro modo se lesiona el derecho al juez natural.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1730/2003 - R Sucre, 28 de noviembre de 2003
III.2.2 Ahora bien, en el ámbito disciplinario de la Policía Nacional, al ser de carácter sancionatorio, al adoptar la configuración procesal de los procesos disciplinarios se han previsto normas específicas en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional para resguardar la garantía o derecho al debido proceso. En ese orden, cabe referir que, conforme a las normas previstas por los arts. 20, 32-b, 33-a, 34 y 74 y siguientes del citado Reglamento, el proceso disciplinario está constituido por un conjunto de actuaciones procesales; así en un primer momento el Tribunal Disciplinario Sumariante investiga el hecho que constituye una falta, en esa tarea puede acumular los indicios y suficientes elementos de juicio, en cuyo caso dictará Auto de Procesamiento, que constituye la base sobre la que -en la etapa del plenario y en primera instancia- el Tribunal Disciplinario Departamental procesa y puede dictar fallo condenatorio en contra de los Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases y Policías de línea y de servicio, resolución que puede ser impugnada en recurso de apelación que será conocido y resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior. Con relación a la composición del Tribunal Disciplinario Departamental, en el marco del derecho al juez natural del procesado, la norma prevista por el art. 29 RDSPN establece que el mismo estará compuesto por un Presidente, un Fiscal (Abogado), cuatro vocales, un Auditor (abogado), que tengan el grado de Coronel o Teniente Coronel y el secretario (abogado) que sea oficial.
En el caso que motiva la interposición del presente amparo, el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, dictó la Resolución 02/2003 de 7 de abril, por la que condenó al recurrente con el pase a la situación de disponibilidad de la Letra "B" y con dos años de pérdida de antigüedad, Resolución que fue suscrita por un Presidente, cinco Vocales y un Secretario, lo que implica que ese Tribunal no estuvo constituido conforme manda la norma prevista por art. 29 RDSPN, pues además de contar con mayor número de vocales que el establecido, no conformó el mismo un fiscal, un auditor y un secretario que tengan el título de abogado, como lo reconocieron expresamente en su informe los recurridos, quienes justificaron esa omisión porque existirían pocos abogados con ese grado y lo hicieron así para evitar retardación de justicia.
Cuando como en la especie se ha constituido un Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional en forma contraria a la norma, se lesiona la garantía al debido proceso del procesado, en cuanto corresponde a su derecho al juez natural, por cuanto la Resolución final ha sido dictada por un Tribunal que en su formación y constitución es ilegal y en tal circunstancia, dicho Tribunal no abre su competencia y sus miembros dejan de ser independientes e imparciales. Esa irregularidad procesal, correspondió ser corregida por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional recurridos, quienes conocieron de esa falta grave en el recurso de apelación que planteó el recurrente contra la Resolución condenatoria emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental; sin embargo, de ello omitiendo considerar ese aspecto de tan relevante importancia, a través de la Resolución 105/2003 de 18 de junio, confirmaron la Resolución anterior, con lo que convalidaron la ilegal conformación y constitución del Tribunal Disciplinario Departamental y como consecuencia,
lesionaron la garantía al debido proceso y el derecho al Juez natural del recurrente, lo que amerita la protección demandada en este amparo, como en una situación similar a la presente lo reconoció este Tribunal en SC 820/2003-R, en la que también se otorgó la protección demandada. Empero, cabe aclarar que en cuanto a los alcances de la tutela que debe brindarse al recurrente, no corresponde a la jurisdicción constitucional anular la resolución dictada por el Tribunal Disciplinario Departamental, máxime cuando sus integrantes no han sido recurridos, pues esa tarea corresponde al Tribunal Disciplinario Superior que oficia de Tribunal de Alzada.
Que, en consecuencia el Tribunal del recurso, al haber declarado procedente el amparo, ha dado una correcta aplicación al art. 19 CPE.



Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5477
Fecha de Creación: 01 Apr 2009 10:27 PM

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