23 Oct 2014 
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 El derecho de petición ante las entidades privadas, debe ser igulamente satisfechao siempre que estas presten un servicio público o comunitario.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1366/2004-R Sucre, 19 de agosto de 2004 La jurisprudencia glosada, permite concluir en principio, que por regla general el derecho de petición sólo es oponible o tiene como a destinatarios a las autoridades públicas o a quienes ejercen autoridad-potestad de mando o decisión y por ende, vincula al administrado con la administración que representa al Estado.
Sin embargo de lo anterior, es necesario considerar que si bien es cierto, que el ejercicio del derecho de petición no ha sido reglamentado por la legislación boliviana y por lo mismo, no existen reglas claras que regulen el comportamiento de las instituciones o entidades privadas frente al ejercicio de este derecho; empero, conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de la que es signataria Bolivia, los Estados parte asumen el compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; en caso de que los derechos no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte, se comprometen adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de dicha Convención las medidas legislativas o de otro carácter.
III.4.Con relación al tema, existe jurisprudencia comparada, en la que se ha resuelto el problema, creando algunas sub reglas, así el Tribunal Constitucional de Colombia en su Sentencia T- 730/01, de 5 de julio, destaca lo siguiente: "El derecho de petición frente a entidades privadas no ha sido reglamentado por el legislador, no obstante, la Corte ha establecido los parámetros generales para determinar su procedencia, dentro de los lineamientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, distinguiendo tres situaciones a las cuales se les otorga diferentes grados de protección:
"La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2.Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental sólo cuando el legislador lo reglamente..."
III.5.El derecho de petición reconocido por el art. 7 inc. h) de la CPE, constituye una protección para los administrados, para cuya efectivizacion es imprescindible adoptar políticas que aseguren su ejercicio en función al desarrollo de los derechos humanos a la luz de la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales, la doctrina y la legislación comparada; en esta línea de entendimiento, el Tribunal Constitucional considera que en aplicación del principio de expansión de los derechos fundamentales, el derecho de petición es oponible ante las entidades privadas en determinados casos; concretamente: a) cuando una institución privada, presta un servicio público a la comunidad y b) cuando se trata de organismos u organizaciones que están investidos de autoridad o realizan funciones de autoridad y por ende, con capacidad de adoptar decisiones que puedan lesionar derechos fundamentales de la persona; en cuyo caso, es un imperativo el procurar una respuesta negativa o positiva a las peticiones que a ellos les sea formulado.
III.6.En el caso que se examina es necesario dejar establecido, que conforme disponen los arts. 1 y 2 del Estatuto Orgánico de la COTEOR Ltda., la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda., es un ente de derecho privado que se rige por la Ley General de Telecomunicaciones, su Reglamento, Estatutos y otras; siendo el Comité Electoral el responsable de llevar a efecto y controlar el proceso plebiscitario, para renovar los Consejos de Administración y de vigilancia conforme dispone el art. 81 de dicho Estatuto; que esta Cooperativa, es una institución de interés social y utilidad pública, constituida al amparo de la Constitución Política del Estado, la Ley de sociedades cooperativas, cuya personería esta reconocida por ley, y en esta su condición presta servicios en el rubro de telecomunicaciones a la comunidad; en cuyo mérito, por una parte, los socios o usuarios de este servicio, pueden ejercitar su derecho de petición, tanto ante la Cooperativa, la Asamblea General o el e el Comité Electoral de dicha cooperativa, según corresponda.
En el caso concreto, se tiene establecido que los recurridos, fueron elegidos por la Asamblea General de socios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda., miembros del Comité Electoral de
dicha Cooperativa y por ende, responsables de llevar adelante el proceso eleccionario para la conformación de los Consejos de Administración y Vigilancia, quienes de acuerdo a los términos contenidos en la convocatoria y el Reglamento Electoral, aprobados por la Asamblea General, tenían facultades de decisión; consiguientemente, ambos ostentaban autoridad y don de mando en COTEOR Ltda., en tanto concluya el proceso eleccionario; prueba de ello, es que las resoluciones pronunciadas sobre las impugnaciones formuladas por los interesados son inapelables; asimismo, se tiene establecido, que el actor ejercitando el derecho de impugnación previsto en el art. 17 de la Convocatoria, ante su exclusión de la lista de candidatos al Consejo de Administración, dispuesta por los miembros del Comité electoral, hoy recurridos, formuló su reclamo ante éstos, pidiendo una explicación de los motivos que dieron lugar a su exclusión así como la reconsideración y habilitación de su candidatura, quienes de acuerdo a la indicada norma tenían el deber inexcusable de resolver positiva o negativamente dicha petición y hacer conocer la respuesta al interesado, extremo que no aconteció, por el contrario, conforme reconocen los recurridos, a través de su abogado, a tiempo de prestar su informe en la audiencia de amparo, dicha respuesta no fue entregada, en razón de que el actor habría sustraído un documento de propiedad del Comité Electoral y por ende, de COTEOR Ltda., que debía ser devuelta, con cuya actitud, omisiva e indebida lesionaron el derecho de petición del recurrente, por lo que corresponde brindar la tutela demandada.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5461
Fecha de Creación: 01 Apr 2009 10:01 PM

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