01 Nov 2014 
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 El derecho a la seguridad social la renta de vejes, su calificacion y otros temas relativos a las normas administrativas que las regulan.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0051/2005 Sucre, 18 de agosto de 2005 El recurrente impugna de inconstitucionales la Ley 2197 y el DS 27427, con el fundamento de que vulneran las normas previstas por los arts. 1.II, 7 incs. a), j) y k), 34, 35,156, 157, 158, 162 y 229 de la CPE; en el caso de la Ley al disponer la eliminación del mantenimiento de las rentas en curso de pago y en curso de adquisición al dólar americano; y el Decreto Supremo al establecer un tope de Bs8.000,00.- confisca parte de las mismas rentas, que son derechos adquiridos por emerger de las aportaciones al seguro social regulado por el sistema de reparto. En consecuencia, corresponde a este Tribunal establecer si las infracciones denunciadas son evidentes.
III.1. Los temas concurrentes a la problemática planteada
Para resolver la problemática planteada este Tribunal considera que, con carácter previo al análisis de fondo, resulta necesario referirse a los institutos jurídicos concurrentes a la problemática a resolver, a objeto de establecer las bases constitucionales suficientes para realizar el juicio de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas.
III.1.1.El derecho a la seguridad social
En un Estado Social y Democrático de Derecho, uno de los derechos del ámbito social que adquieren mayor importancia es el derecho a la seguridad social, que en el sistema constitucional boliviano está consagrado como un derecho fundamental por el art. 7 inc. k) de la CPE.
Con relación a la naturaleza jurídica y los alcances que tiene el derecho a la seguridad social, este Tribunal, en su SC 0058/2004, de 24 de junio, ha establecido la siguiente doctrina constitucional:
"Según la doctrina, la seguridad social es un conjunto de medidas tomadas por la sociedad y en primer lugar por el Estado, para asegurarles a las personas los medios de vida en caso de pérdida o reducción importante de los medios de existencia, causados por circunstancias no propiamente creadas voluntariamente, así como para garantizar todos los cuidados médicos necesarios.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 'La Seguridad Social, es un sistema conjunto que comprende una serie de medidas oficiales, cuyo fin es proteger a gran parte de la población contra las consecuencias de los diversos riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia'.
En el marco doctrinal referido se puede señalar que el derecho a la seguridad social, es la potestad o facultad que tiene toda persona a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios materiales que le aseguren una existencia humana digna, preservando su vida y salud física y mental, su seguridad económica, el descanso y la protección de su núcleo familiar. Este derecho comprende la cobertura a contingencias inmediatas y mediatas. Por lo mismo, resulta ser un derecho irrenunciable de carácter prestacional para el trabajador activo o retirado. El derecho a la seguridad social está expresamente consagrado por el art. 7 inc. k) de la Constitución, cuando dispone que toda persona tiene derecho 'a la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las Leyes'; de otro lado la norma prevista por el art. 158 de la Ley Fundamental establece como obligación del Estado defender a la población protegiendo su salud y asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia; asimismo define que los regímenes de seguridad social cubrirán las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.
El ejercicio del derecho a la seguridad social está regulado por el Código de Seguridad Social y su Reglamento que define los regímenes que comprende y los alcances de la cobertura que brindan los mismos. Cabe advertir que el régimen de seguro social obligatorio de largo plazo está regulado por la Ley de Pensiones de 29 de noviembre de 1996".
Según la norma prevista por el art. 158.II de la CPE: "los regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social", norma constitucional que tiene sus antecedentes en la reforma constitucional de 1938. Es sobre la base de los mandatos constitucionales referidos que el legislador estableció el sistema del seguro social obligatorio regulado a través del Código de seguridad social, cuyo art. 3 dispone que: "El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los casos siguientes: a) enfermedad; b) maternidad; c) riesgos profesionales; d) invalidez; e) vejez; y f) muerte", de lo que se infiere que el sistema de seguro social obligatorio, en su origen fue integral para brindar la cobertura de las contingencias inmediatas y las contingencias mediatas a través de una única entidad gestora, aunque con el tiempo ello fue reformado al establecer dos entes gestores, uno para las coberturas de contingencias inmediatas con prestaciones en el ámbito de salud y otro para la cobertura de contingencias mediatas con prestaciones en el ámbito de las rentas.
De lo referido precedentemente, se concluye que el concepto de seguridad social hace referencia al conjunto de medios de protección institucionales frente a los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de las personas humanas y sus familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia digna del ser humano. En consecuencia, toda persona afiliada a un sistema de seguro social obligatorio adquiere el derecho a ser atendida en forma inmediata y adecuada, mediante las prestaciones o coberturas establecidas, conforme a las condiciones previstas anteladamente en las leyes y los reglamentos que los regulan.
III.1.2. Naturaleza jurídica, fines y alcances de la renta de vejez
La cobertura de las contingencias mediatas a las que esta dirigido el seguro social obligatorio, son la invalidez, incapacidad permanente total, vejez o muerte, que conforme el Código de seguridad social se cubren con prestaciones denominadas rentas de invalidez, renta de vejez, renta de incapacidad permanente total, y renta de muerte.
Según la norma prevista por el art. 13 inc. i) del CSS, en el ámbito del seguro social obligatorio, la renta significa: "el pago periódico en determinada proporción del salario, reconocido a los asegurados,
o el pago periódico en proporción de la renta del causante a los derechohabientes, en los casos de invalidez, vejez o muerte"; de ello se extrae que las rentas son prestaciones en dinero, que tienen por finalidad cubrir determinadas contingencias previstas por el sistema de seguro social obligatorio, como son la invalidez, la incapacidad permanente total, la vejez y la muerte; procurando, cuando se den esas circunstancias, garantizar la continuidad de los medios de subsistencia, la seguridad económica y descanso del asegurado y de sus beneficiarios, de manera que tengan una vida digna del ser humano, y acorde con su esfuerzo laboral pasado; finalidades que el Estado Social y Democrático de Derecho está obligado a precautelar, en el marco de la preservación del valor supremo de la dignidad humana inherente al Estado Social.
Cabe señalar que en el sistema de reparto común del seguro social obligatorio constituido a través del Código de seguridad social, vigente hasta la promulgación de la Ley de Pensiones, la renta tuvo su fuente de financiamiento en los aportes efectuados por los trabajadores y los empleadores. Al respecto la norma prevista por el art. 3 de la Ley 924, de 15 de abril de 1987, que modificó el régimen económico y financiero dispuesto por el Código de seguridad social (arts. 129 y ss.), establece las siguientes escalas de aportes: 5% de aporte del trabajador, 5% de aporte patronal; la referida norma además dispone que el Estado aportará con un 1% sobre el total ganado de los asegurados del país, destinado a financiar los desajustes presupuestarios que eventualmente se presenten en los diferentes entes gestores, modificada por la Ley 1141, de 23 de febrero de 1990. En consecuencia, se entiende que, conforme a la configuración prevista por el Código de seguridad social, el pago de las rentas en el sistema de reparto están financiados por los aportes efectuados por los trabajadores y sus empleadores; dichas aportaciones constituyen el fondo común del cual se reparten estos recursos a las prestaciones previstas al solo cumplimiento de los requisitos para acceder a ellas, de acuerdo con las previsiones del Código de seguridad social.
Por disposición de la norma prevista por el art. 57 de la LP: "A partir de la promulgación de la presente Ley, las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a vejez, invalidez
o muerte, causadas por riesgo común, del Sistema de Reparto, serán pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año"; lo que significa que, como consecuencia de la reforma del régimen de seguro social obligatorio de largo plazo determinado mediante la Ley de Pensiones, 1732, el Estado se ha subrogado la obligación de efectuar el pago de las rentas de vejez, invalidez o muerte en curso de pago y en curso de adquisición, pago a efectuarse con cargo a los recursos del TGN, ello debido a que, mediante las normas previstas por el art. 56 de la referida Ley, se dispuso la liquidación de los entes gestores del sistema de seguro social obligatorio de largo plazo, con transferencia de los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias y otros, así como los pasivos a la Secretaría Nacional de Pensiones.
De lo referido precedentemente se puede concluir que, conforme a las normas previstas por el Código de seguridad social, las rentas de invalidez, jubilación y muerte, en el sistema de reparto común se adquirieron previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos por dicho cuerpo legal; así, la renta de vejez, conforme lo dispone el art. 45 del CSS, se adquiere realizando un mínimo de 180 cotizaciones mensuales, y cumpliendo una edad de 55 años para el hombre y 50 años para la mujer.
Ahora bien, una vez cumplidas las condiciones, así como los requisitos legales, el asegurado se hace acreedor a la respectiva renta de vejez, misma que una vez calificada por la entidad gestora se constituye en un derecho adquirido del asegurado al sistema, porque fue adquirido conforme disponen las normas previstas por los arts. 7 inc. k) y 158 de la CPE, y las normas legales que regulan el derecho, habiendo por ello sido reconocida a su favor, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal prestación en las condiciones, alcances y finalidades en las que accedió, para que pueda vivir dignamente, acorde con su esfuerzo laboral y los aportes realizados, de manera que está sujeto a las garantías y seguridades previstas por la Ley Fundamental del Estado. Con relación a los derechos adquiridos, cabe recordar que este Tribunal, en su SC 1421/2004-R, 6 de septiembre, ha expresado la siguiente doctrina jurisprudencial: "(...) según la doctrina se entiende que los derechos adquiridos o constituidos aquellos derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hacen parte de él, y que por lo mismo, no pueden ser arrebatados o vulnerados por quien los creó o reconoció legítimamente, dicho de otra manera, son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Se entiende que en el marco del principio de la seguridad jurídica, tales derechos deben ser respetados íntegramente mediante la prohibición de que las leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente".
III.1.3. Calificación de la renta de vejez
En el régimen de seguro social obligatorio (sistema de reparto común), según las normas previstas por el art. 70 del CSS: "el monto de las rentas de invalidez o vejez es equivalente al 50 % del salario de base más un incremento por el tiempo de cotizaciones que excede de 180 meses". De otro lado, el art. 71 del mismo Código, dispone que: "Para los efectos del art. 70 mencionado, se entenderá como salario base el salario mensual promedio de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de pago de la última cotización. Los periodos de incapacidad temporal debidos a enfermedad, maternidad o riesgos profesionales hasta un máximo de 26 semanas, serán descontados de los 12 meses para fines de cómputo del promedio".
El Reglamento del Código de seguridad social, aprobado por DS 5315, de 30 de septiembre de 1959, en su art. 89 dispone que el monto de la renta de vejez a que se refiere el art. 87, a la que tenían derecho en el sistema de reparto las personas que alcanzaban las edades de 50 años siendo mujer, y 55 siendo hombre, además de acreditar no menos de 180 cotizaciones mensuales- es equivalente al 50 por ciento del salario de base más un incremento del uno por ciento del salario de base por cada 12 meses de cotizaciones que excedan de 180 cotizaciones mensuales.
Estas normas fueron modificadas por el art. 37 del Decreto Ley (DL) 13214, de 24 de diciembre de 1975, que dispuso que: "las rentas de invalidez y vejez constaran de una cuantía básica y de incrementos computados de acuerdo con el número de cotizaciones mensuales reconocidas al asegurado con posterioridad a los primeros 180 meses de cotización. La cuantía básica equivaldrá al 30 % del salario promedio de los últimos 12 meses de cotización para salarios hasta de $b.6000.¬mensuales y del promedio de 24 meses de cotización para salarios mayores de $b.6000.- mensuales. Los incrementos a la cuantía básica equivaldrán al 2% del salario de cotización por cada 12 meses cotizados o fracción mayor de seis meses". Disposición que fue complementada con el art. 36 del DL 14643, de 3 de junio de 1977, cuya norma dispone que: "con carácter general las rentas complementarias de invalidez, vejez, están constituidas por una cuantía básica no inferior al 40 % del salario promedio cotizable, incrementadas con el 1% por cada 12 meses de cotizaciones excedentes a las 36 mensualidades de cotizaciones depositadas efectivamente en los respectivos fondos o cajas Complementarias para el régimen de vejez e invalidez. Además, en los casos de vejez, se incrementa con el 1% por cada año superior a los 50 años para mujeres y 55 años para hombres". El parágrafo II del citado artículo determinó que: "la suma de la renta básica correspondiente al régimen obligatorio más la renta complementaria podrá ser superior al cien por ciento (100%), del salario promedio cotizable que dio lugar al cálculo de la renta".
Ahora bien, en el marco del principio de la solidaridad proclamado por el art. 158 de la CPE, como una de las bases del régimen de seguridad social, el legislador ha previsto un límite máximo al monto del salario sobre cuya base se calculará la renta como prestación en dinero. En efecto, según la norma prevista por el art. 81 del CSS: "para el cálculo de las prestaciones en dinero previstas en el presente Código, el salario se tomara en consideración en su totalidad hasta un límite máximo de Bs6.000.¬diarios o Bs180.000.- mensuales y, en la proporción del 30 % por las sumas excedentes. El tope indicado no podrá en ningún caso ser inferior al promedio general ponderado de los salarios de los trabajadores asegurados"; de otro lado, el art. 82 del mismo cuerpo de normas dispone que: "la revisión de los cálculos del artículo anterior se efectuará cuantas veces considere necesario el Consejo Ejecutivo de la Institución"; se entiende que dichos límites o topes máximos tienen la finalidad de establecer un equilibrio financiero de los regímenes del seguro social obligatorio de largo plazo, de manera que el fondo común constituido a través de las cotizaciones no se agote con la prestación de un sector reducido que tiene salarios elevados en desmedro de otros sectores mayoritarios que tienen salarios reducidos; se entiende también que la norma legal prevista por el art. 81 del CSS establece el concepto del límite al salario, más los montos referidos en ella como límites son objeto de actualización permanente conforme a lo previsto por el art. 82 del mismo compilado legal a cuyo efecto se han venido emitiendo un conjunto de normas reglamentarias. Adviértase que el legislador previó un límite máximo al salario sobre cuya base se determinará el salario promedio al que se aplicará la cuantía para calificar la renta a pagarse al asegurado; no ha previsto un tope a la renta calificada en curso de pago o en curso de adquisición.
III.2. Alcances del control de constitucionalidad
Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, este Tribunal considera necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas -directa o indirecta-. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal
Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas. Es en ese marco que resolverá la problemática planteada en el presente recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad.
III.3. La problemática planteada respecto a la Ley 2197
Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, referida a la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 2197, corresponde referir que, respecto a los efectos de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional en las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes, decretos o resoluciones, según la norma prevista por el art. 107.II de la LTC: "Si el Tribunal constitucional declarase la constitucionalidad del proyecto consultado, no podrá interponerse posterior recurso sobre las cuestiones consultadas y absueltas por éste"; ello significa que el legislador, en aplicación del principio de seguridad jurídica, así como del principio de conservación de la norma jurídica, ha previsto la cosa juzgada constitucional con referencia a la resolución que adopta el Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales de consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes, decretos o resoluciones; pues queda claro que si el máximo guardián de la Constitución ya ha realizado el respectivo juicio de constitucionalidad y ha emitido su criterio, no puede intentarse nuevamente una revisión constitucional respecto al mismo asunto.
Efectuada esa precisión, cabe recordar que, respecto a la Ley 2197, cuando la misma se encontraba en su etapa de análisis y aprobación en el Congreso Nacional, fue sometida al control previo de constitucionalidad, por la vía de la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes, decretos y resoluciones, conforme el procedimiento que establecen las normas previstas por los arts. 105 a 107 de la LTC.
La consulta del Presidente del Congreso tuvo por objeto verificar si la modificación del párrafo tercero del art. 57 de la LP -establecida en el proyecto de Ley-, disponiendo el sistema de distribución inversamente proporcional para el mantenimiento de valor de las rentas, era compatible con la Constitución Política del Estado, consulta que fue absuelta por este Tribunal mediante la Declaración Constitucional 002/01, de 8 de mayo, con los siguientes fundamentos jurídico constitucionales: "tomando en cuenta la situación precaria por la que atraviesa la inmensa mayoritaria de rentistas del país, el Proyecto de Ley consultado pretende modificar el sistema de cálculo de mantenimiento de valor establecido en el párrafo tercero del art. 57 de la Ley de Pensiones concordante con el art. 320 del D.S. 24469, imponiendo en su lugar el sistema de distribución inversamente proporcional como una política de distribución equitativa de los recursos de la administración de pensiones con la finalidad última de cumplir con el principio de solidaridad de la Seguridad Social, consistente en la obligatoriedad de que los que más ganan o poseen, contribuyan más a favor de los que ganan y tienen menos.
(..) el sistema de distribución inversamente proporcional no afecta el sistema de calificación de rentas, cuya modalidad y montos se encuentran plenamente consolidados al constituir derechos adquiridos e irrenunciables por mandato del art. 162 de la Constitución Política del Estado e igualmente, no desconocen el derecho a la seguridad social consagrado en el art. 7 del texto constitucional."
Sobre la base de ese razonamiento y fundamentación, este Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del Proyecto de Ley 179/2000-2001, mismo que al ser aprobado fue promulgado como la Ley 2197, ahora demandada de inconstitucionalidad precisamente por instaurar el sistema de distribución inversamente proporcional para el mantenimiento de valor de las rentas; por tanto, la Ley 2197 ya fue sometida, en forma previa, a control de constitucionalidad, en lo demandado por el recurrente; lo cual, conforme las normas previstas por el art. 107.II de la LTC inviabiliza una demanda de inconstitucionalidad en su contra, siendo por ello que sobre la Ley 2197 no corresponde un nuevo pronunciamiento por parte de esta jurisdicción constitucional, en aplicación al principio de la cosa juzgada constitucional.
III.4.La problemática planteada respecto al DS 27427
Efectuadas las precisiones conceptuales, así como el objeto y alcance del control de constitucionalidad por la vía del recurso de inconstitucionalidad, este Tribunal pasa a dilucidar la problemática planteada, sometiendo a juicio de constitucionalidad las normas previstas por el Decreto Supremo impugnado con las normas de la Constitución Política del Estado identificadas por el recurrente como vulneradas, siguiendo un orden cronológico para ello.
III.4.1.La supuesta infracción de las normas previstas por el art. 1.II de la CPE
La norma prevista por el art. 1.II de la CPE define que Bolivia: "Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia"; la norma constitucional define la configuración del Estado, así como el sistema de valores sobre los que se estructura el sistema constitucional boliviano.
A objeto de resolver la problemática planteada en el presente recurso, resulta necesario referirse al concepto del Estado Social, el cual, según la doctrina constitucional, significa un modelo de organización social, política y económica basado en los valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la justicia, en el que la política estatal esté orientada a garantizarle a su población las condiciones básicas para una existencia digna de seres humanos, como seres dotados de un fin propio, y no cual simples medios para fines de otros; lo que significa que el papel del Estado no debe reducirse a resguardar el orden público y no interferir ni vulnerar las libertades de las personas, sino principalmente a contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecer a todos sus nacionales las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar las necesidades materiales. Ello implica que, el Estado debe desplegar políticas orientadas, entre otras, a proteger y atender de manera especial a los sectores sociales con mayores desventajas, como aquellas que tengan debilidad manifiesta por su condición económica, por carencia de trabajo, o por la disminución de su capacidad física, prestándoles asistencia y protección necesarias en el marco de las posibilidades económicas que estén a su alcance.
En cambio el Estado de Derecho es una forma de organización política que persigue, como objetivo inmediato, la sujeción de los órganos del poder a la norma jurídica. De manera que el concepto de Estado de Derecho implica el sistema de valores, principios y reglas según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se protegen y realizan los derechos del individuo.
En cuanto a los valores consagrados por la norma constitucional objeto de análisis, cabe señalar que se entiende por valor libertad a la facultad natural que todo ser humano ejerce para determinar por sí mismo cada uno de sus actos o decisiones; como la capacidad de autodeterminarse en el espacio, el tiempo y la estructura social-política, sin restricciones o limitaciones que no provengan de una justa causa y estén determinadas en una ley. El valor igualdad, como el ideal supremo de la humanidad, consiste en el trato adecuado a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que son iguales entre sí, de aquéllas que son diversas; equilibrio que impone un trato divergente para circunstancias no coincidentes. El valor justicia, consistente en "dar a cada uno lo suyo", como uno de los pilares fundamentales para garantizar un orden político, económico y social justo, pues la justicia conlleva la idea de un Estado democrático, participativo y pluralista fundado en el respeto de la vida, la libertad, la dignidad humana y la diversidad, así como la distribución equitativa de la riqueza social.
Ahora bien, sometido al respectivo juicio de constitucionalidad el Decreto Supremo impugnado, contrastando sus normas con las previstas por el art. 1.II de la CPE, este Tribunal no encuentra la contradicción o infracción denunciada por el recurrente, toda vez que al establecer un tope máximo para las rentas en curso de pago y rentas en curso de adquisición, del sistema de seguro social obligatorio de largo plazo en la modalidad de reparto, no desconoce ni altera la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que no priva a los titulares de las rentas en curso de pago
o en curso de adquisición de las condiciones básicas para su existencia digna de seres humanos ni genera desigualdades sociales de ellos con relación a los otros sectores sociales que forman parte del anterior sistema de seguro social obligatorio de largo plazo; el Decreto Supremo impugnado tampoco desconoce los valores supremos consagrados por el art. 1.II de la CPE, pues no altera la capacidad de autodeterminación de las personas, por lo mismo no desconoce el valor de la libertad; tampoco impone un trato discriminatorio de los titulares de las rentas con relación a otras personas que se encuentren en una situación similar; finalmente no impone un trato injusto, no razonable o inmotivado a los titulares de las rentas.
III.4.2.La supuesta infracción de las normas previstas por el art. 7 incs. a), j) y k) de la CPE
En primer lugar, corresponde señalar que este Tribunal Constitucional, al interpretar las normas previstas por el art. 7 de la CPE, en su SC 004/2001, de 5 de enero, ha establecido que en Bolivia la Constitución Política del Estado consagra los derechos fundamentales, pero a la vez establece límites a su ejercicio a través de sus propias normas y, en su caso, remitiendo a las disposiciones legales ordinarias; ello, en aplicación de las normas previstas por los arts. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando expresamente lo siguiente: "los derechos fundamentales no son absolutos, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad, moralidad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social. Es en ese orden que la Constitución ha establecido el mecanismo legal para la regulación y restricción de los derechos fundamentales". Empero, a los efectos de establecer los límites al ejercicio de los derechos humanos, la norma prevista en el art. 7 primer párrafo de la CPE, ha proclamado el principio fundamental de la reserva legal.
Con relación al principio de la reserva legal, este Tribunal, en su DC 06/2000, de 21 de diciembre, recogiendo los criterios doctrinales sobre la materia, ha definido como la: "institución jurídica que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que por disposición de la Constitución deben ser desarrolladas en una Ley; es una institución que impone un límite tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo; a aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como se dijo, deben ser materia de otra Ley".
La norma prevista por el art. 7 inc. a) de la CPE consagra los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad. Con relación al derecho a la seguridad, este Tribunal Constitucional, realizando una interpretación integradora de la norma constitucional, aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, ha establecido que ese derecho no sólo abarca la seguridad personal sino también el derecho a la seguridad jurídica de la persona; en ese orden, siguiendo los criterios doctrinales, en su SC 287/1999-R, de 28 de octubre, ha señalado que la seguridad jurídica: "es condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" ; partiendo de ese concepto, en su SC 095/2001, de 21 de diciembre, este Tribunal ha sostenido que: "es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales proclamados por la Constitución, los tratados, convenios y convenciones suscritos y ratificados por el Estado como parte del bloque de constitucionalidad, así como las leyes ordinarias".
El art. 7 inc. j) de la CPE consagra el derecho fundamental a una remuneración justa, derecho de carácter social, que consiste en la potestad y facultad que tiene toda persona a recibir una retribución o contraprestación justa por el trabajo realizado, en función al desgaste de energía física, psíquica y mental desplegada en la labor encomendada por su empleador o la persona que hace uso de sus servicios personales, de manera que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano. Con relación al derecho a la justa remuneración, este Tribunal, en su SC 1612/2003-R, de 10 de noviembre, ha señalado que: "consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona de recibir una retribución o contraprestación adecuada conforme al trabajo desarrollado, es decir, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor"; y respecto a los alcances del derecho consagrado por el art. 7 inc. j) de la CPE, este Tribunal, en su SC 070/2005-R, de 28 de enero, ha señalado que: "dicho precepto, al referirse a "remuneración", engloba a todos los emolumentos que percibe una persona, sea en su condición de trabajador activo o pasivo, como es el caso, pues -además- la renta de jubilación o vejez constituye un derecho que el trabajador ha adquirido por toda su vida de prestación de servicios".
Finalmente, el art. 7 inc. k) de la CPE, consagra el derecho fundamental a la seguridad social que consiste en la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares.
Sometidas a juicio de constitucionalidad las normas previstas por el Decreto Supremo impugnado, contrastando con las normas constitucionales antes referidas, este Tribunal considera ciertas las denuncias planteadas por el recurrente respecto a la infracción de las normas previstas por el art. 7 incs. a), j) y k) de la CPE; conforme se detalla a continuación:
1° Las normas previstas por el Decreto Supremo impugnado, al establecer un tope máximo al monto de las rentas en curso de pago y en curso de adquisición, fijando dicho monto en la suma de Bs8.000.-mensual, ha establecido una limitación al ejercicio del derecho a la renta de vejez de las personas aseguradas, como titulares o beneficiarios, al anterior sistema de seguro social obligatorio de largo plazo, un derecho que, como bien se tiene expresado en los FJ III.1.1, III.1.2 y III.1.3, emerge de los derechos fundamentales a la seguridad social y a una remuneración justa; lo que significa que, la disposición legal impugnada ha establecido un límite al ejercicio de estos derechos fundamentales infringiendo el principio de la reserva legal proclamado por el art. 7, primer párrafo, de la CPE, el que, como se tiene referido precedentemente, impide imponer limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales mediante disposiciones legales que no sean leyes de naturaleza formal y material; por lo tanto, al ser un Decreto Supremo el que ha establecido los límites al ejercicio de los derechos referidos, la disposición legal impugnada es incompatible con la norma prevista por el art. 7, primer párrafo, de la CPE que proclama el principio de reserva legal por él proclamado. Con ello, la disposición legal impugnada también lesiona indirectamente las normas previstas por el art. 7 incs. j) y k) que consagran los derechos fundamentales a una remuneración justa y a la seguridad social, toda vez que los limita en su ejercicio sin resguardar el principio de la reserva legal.
De otro lado, cabe señalar que la disposición legal impugnada al establecer un tope máximo al monto de las rentas en curso de pago y en curso de adquisición, indirectamente contradice la norma prevista por el art. 81 del CSS, con lo cual vulnera el principio de la jerarquía normativa proclamado por el art. 228 de la CPE.
2° Con relación a los alegatos formulados por el personero legal del órgano emisor de la disposición legal impugnada, cuando sostiene que la misma tiene como su base de sustento legal en las normas previstas por el art. 57 de la LP que ha transferido la obligación del pago de las rentas en curso de pago y en curso de adquisición al TGN; de un lado y, de otro, en las normas previstas por los arts. 81 del CSS que establece topes superiores e inferiores en el salario para el cálculo de las prestación en dinero, y el art. 82 del mismo Código que prevé que la revisión de los cálculos se efectuará cuantas veces sea necesario; asimismo expresa como fundamento el que dicha disposición responde a los principio de justicia social que tienden a asegurar a todos los habitantes una existencia digna del ser humano; cabe señalar lo siguiente: a) si bien es cierto que, dada la naturaleza jurídica del anterior sistema de seguro social obligatorio de largo plazo, estructurado sobre la base del sistema de reparto común, podría resultar necesario establecer topes máximos a las rentas a pagarse para procurar, en el marco del principio de solidaridad sobre el que se estructura el régimen de seguridad social, para que todos los asegurados tengan acceso al pago de las rentas en un monto razonable; no es menos cierto que, al constituir una limitación al ejercicio de los derechos a una remuneración justa y a la seguridad social, dichos topes deben ser establecidos mediante una Ley de la República; b) la norma prevista por el art. 81 del CSS establece un límite máximo al salario del trabajador sobre el que se efectuará cálculo de la prestación en dinero, ello significa que para establecer el salario promedio sobre el cual se calculará el monto de la renta de vejez, el legislador ha previsto un límite máximo fijado, al promulgarse el referido Código, en la suma de Bs6.000.- diarios o Bs180.000.- mensuales y, en la proporción del 30% por las sumas excedentes; tomando en cuenta la variación del valor adquisitivo de la moneda nacional en función a la devaluación, el propio legislador ha previsto, en el art. 82 del CSS, la revisión de los cálculos establecidos en el art. 81 del mismo cuerpo legal cuantas veces se consideren necesarios; claro está que esos cálculos, conforme prevé el art. 165 del Reglamento del Código de seguridad social, deben efectuarse sobre la base de un estudio técnico actuarial que establezca el tope compatible con el equilibrio financiero de los regímenes afectados. Empero, corresponde aclarar que las normas legales previstas por el Código de seguridad social, invocadas por el Presidente de la República como fundamento del Decreto Supremo impugnado, han previsto un límite máximo en los salarios sobre cuyo promedio debe calcularse la renta a cancelarse al asegurado o sus beneficiarios, de ninguna manera han previsto un tope al monto de la renta a pagarse, como lo hace la disposición legal impugnada; y c) si el Poder Ejecutivo consideró que al haberse transferido la obligación de cancelar las rentas en curso de pago y en curso de adquisición al TGN, que los salarios promedio sobre los cuales se calcularon o calcularán las prestaciones, es decir, las rentas que se vienen pagando y se pagarán, no responden a los límites previstos por el Código de seguridad social con lo que se pone en riesgo el equilibrio financiero de los regímenes afectados, debió haber procedido al estudio matemático actuarial necesario y sobre dicha base establecer los nuevos montos del salario máximo sobre el cual deben calcularse las prestaciones en dinero; sin embargo, no obró de esa forma, al contrario, mediante la disposición legal impugnada estableció una limitación al ejercicio de los derechos a una remuneración justa y a la seguridad social fijando un tope máximo a las rentas en curso de pago y en curso de adquisición.
3° Conforme acredita la fundamentación de motivos del Decreto Supremo impugnado y los alegatos expuestos por el Presidente de la República ante este Tribunal, la disposición legal impugnada tiene su sustento en la política de austeridad asumida por el Poder Ejecutivo, así como en una incorrecta interpretación y aplicación de las normas previstas por los arts. 57 de la LP, 81 y 82 del CSS; disposiciones legales que no han sido correctamente interpretadas, por lo mismo no han sido aplicadas con objetividad; en consecuencia, el Decreto Supremo impugnado infringe el derecho a la seguridad jurídica consagrado por el art. 7 inc. a) de la CPE; toda vez que, como se tiene ya referido, el art. 81 del CSS prevé un límite al salario sobre el cual debe efectuarse el cálculo de la prestación en dinero, no establece límite a la renta en curso de pago o en curso de adquisición.
III.4.3.La supuesta infracción de las normas previstas por los arts. 34 y 35 de la CPE
Con relación a la norma prevista por el art. 34 de la CPE, cabe señalar que dicha disposición constitucional proclama una garantía general para el ejercicio de los derechos fundamentales, levantando expresamente los fueros o privilegios que, por razón de la investidura o jerarquía, tengan las autoridades públicas que restrinjan o supriman los derechos fundamentales de manera ilegal o indebida, para que las mismas sean sometidas a la jurisdicción ordinaria para su respectivo enjuiciamiento a objeto de determinar su responsabilidad.
Sometido a juicio de constitucionalidad el Decreto Supremo impugnado, contrastando sus normas con las previstas por la disposición constitucional referida, este Tribunal no encuentra incompatibilidad alguna, por cuanto la disposición legal impugnada no desconoce de manera alguna el sometimiento a la jurisdicción ordinaria de quienes vulneren derechos y garantías constitucionales, tampoco invoca o impone fuero alguno a favor de alguna autoridad o funcionario que hubiese lesionado derechos fundamentales o garantías constitucionales.
El recurrente ha denunciado también la infracción del art. 35 de la CPE; disposición constitucional que establece lo que, según la doctrina del derecho constitucional de los derechos humanos, se conoce como la "cláusula abierta" para la promoción defensa y protección de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, con la finalidad de que las autoridades jurisdiccionales, especialmente el órgano encargado del control de constitucionalidad y, a través de él, de la protección de los derechos humanos, pueda positivar y judicializar los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, integrándolos al catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado, a través de la interpretación integradora aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos humanos.
Sometiendo al respectivo juicio de constitucionalidad, este Tribunal Constitucional determina que el Decreto Supremo impugnado no contradice ni infringe la norma constitucional referida, toda vez que no impide que algún asegurado al anterior sistema de seguro social obligatorio de largo plazo o sus beneficiarios puedan invocar y pedir tutela de un derecho humano que no esté expresamente consagrado en el catálogo previsto por la Constitución Política del Estado.
III.4.4. La supuesta infracción de las normas previstas por los arts. 157, 158 y 162 de la CPE
El recurrente ha denunciado que la disposición impugnada infringe las normas previstas por el art. 157 de la CPE. Dicha disposición constitucional de carácter programática, al tiempo de proclamar que el trabajo y el capital gozan de la protección del Estado, remite a la legislación ordinaria la regulación de las relaciones obrero-patronales, particularmente los referidos a los regímenes de contratos, salarios, jornadas de trabajo y descanso, beneficios sociales y protección al trabajador; asimismo, establece la obligación del Estado a crear condiciones de acceso a la ocupación laboral, la estabilidad en el trabajo y la remuneración justas; se entiende que dicha legislación propenderá a la protección de los derechos sociales y culturales de los trabajadores; esa legislación está expresada básicamente por la Ley General del Trabajo, el Código de seguridad social y la Ley de Pensiones.
Efectuada la contrastación del Decreto Supremo impugnado con las normas previstas en la disposición constitucional descrita no se encuentra contradicción alguna, por lo tanto no existe incompatibilidad entre las normas previstas por el Decreto Supremo impugnado con las de la disposición constitucional examinada, ya que no desconoce de manera alguna la protección de la que gozan el trabajo y el capital; tampoco desconoce la remisión legislativa prevista respecto a la regulación de los regímenes emergentes de las relaciones obrero-patronales.
De otro lado, el recurrente también denuncia la infracción de lo previsto por el art. 158 de la CPE, que impone al Estado la obligación de defender y proteger al capital humano del Estado, creando las condiciones necesarias para que las personas puedan gozar efectivamente de su derecho a la seguridad social, a través de coberturas a las contingencias inmediatas, como la salud, y a las contingencias mediatas como el régimen de seguro social obligatorio de largo plazo; para ese efecto, la disposición constitucional transcrita establece los principios sobre los cuales deberán organizarse los regímenes de seguridad social, describiendo las coberturas que deben brindar dichos regímenes; se trata pues de una norma constitucional de naturaleza programática a ser desarrollada por el legislador e implementada por el Poder Ejecutivo.
Efectuada la respectiva contrastación del Decreto Supremo impugnado con las normas previstas por el art. 158 de la CPE, este Tribunal no encuentra una directa contradicción ni incompatibilidad entre ambas, toda vez que aquel no desconoce el deber del Estado de proteger al capital humano, ya que no ha suprimido las rentas de vejez en curso de pago o en curso de adquisición, tampoco ha desconocido los principios sobre los cuales deben configurarse los regímenes de la seguridad social, como son la universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, al contrario, según refieren los alegatos del personero legal del órgano emisor de la disposición legal impugnada, la finalidad que persigue el Decreto Supremo es resguardar el principio de la igualdad y justicia social entre los asegurados al anterior sistema de seguro social obligatorio de largo plazo; finalmente no desconoce los ámbitos de cobertura del seguro social definidos por la norma constitucional.
Asimismo, el recurrente denuncia la infracción de las normas previstas por el art. 162 de la CPE, disposición constitucional que, de un lado, define la naturaleza jurídica de las disposiciones sociales como de orden público, y establece la excepción al principio de la irretroactividad de la ley, disponiendo el carácter retroactivo de las leyes sociales y laborales en los casos en los que así determine expresamente la ley; y, de otro, consagra garantías constitucionales normativas para proteger los derechos sociales de los trabajadores frente a los empleadores, determinando la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores como una garantía frente a eventuales actos o hechos fraudulentos de los empleadores, tomando en cuenta la situación vulnerable en que se encuentran éstos frente a los empleadores o patronos, de manera que, no por la necesidad de trabajo y empleo que tengan los trabajadores, puedan aceptar condiciones de trabajo fuera del marco contemplado en el ordenamiento jurídico, es decir, renunciando a sus beneficios sociales y otros derechos que les reconocen la Constitución y las leyes.
Efectuado el juicio de constitucionalidad de la disposición legal impugnada contrastándola con las normas constitucionales previstas por el art. 162 de la CPE, este Tribunal no encuentra contradicción alguna, toda vez que el Decreto Supremo no desconoce el carácter de orden público que tienen las disposiciones sociales, ni la posibilidad de una aplicación retroactiva de las disposiciones sociales en los casos en los que así se determinen expresamente en la misma ley; tampoco constituye una acción gubernamental encaminada a obligar al sector pasivo a renunciar a sus beneficios sociales, pues no se han suprimido las rentas de vejez en curso de pago o en curso de adquisición, lo que ha sucedido es que el Gobierno ha establecido un tope máximo al monto de las rentas, aunque de manera errónea vulnerando el principio de la reserva legal y de la seguridad jurídica, tal como se tiene ya referido precedentemente; empero, el hecho de poner un tope máximo al monto de la renta de vejez a pagarse no constituye de manera alguna una imposición de renuncia a los beneficios sociales de los trabajadores; como erróneamente considera el recurrente.
III.4.5. La supuesta infracción de las normas previstas por el art. 229 de la CPE
Finalmente, el recurrente ha denunciado la infracción del art. 229 de la CPE, disposición constitucional que establece una garantía inalterabilidad del núcleo esencial de los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado; lo que implica que además de la reversa legal, la Constitución Política del Estado establece una limitación al alcance de las leyes que podría dictar el Legislativo para desarrollar los derechos fundamentales y establecer sus límites, las que no podrán alterar el sentido mismo de los derechos fundamentales consagrados por el texto constitucional, sólo podrían establecer los límites estrictamente necesarios sin desnaturalizarlos o desconfigurar el núcleo esencial del derecho.
En el caso presente, la disposición legal impugnada, si bien es cierto que establece límites al ejercicio de los derechos fundamentales a una remuneración justa y a la seguridad social, infringiendo el principio de la reserva legal proclamado por el art. 7, primer párrafo, de la CPE, no es menos cierto que no elimina el núcleo esencial de los referidos derechos, por lo mismo no los desnaturaliza ni desconfigura; en consecuencia, el Decreto Supremo impugnado no es incompatible con el art. 229 de la CPE como sostiene el recurrente.
De los fundamentos expuestos, se concluye que el DS 27427 infringe las normas previstas por los arts. 7, primer párrafo e incs. a), j) y k), así como la prevista por el art. 228 de la CPE, por lo mismo es incompatible con dichas normas constitucionales y con los principios de la reserva legal, de la jerarquía normativa y la seguridad jurídica, así como con los derechos fundamentales a una remuneración justa y a la seguridad social consagrados por las citadas normas constitucionales, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad con los efectos previstos por el art. 58.II de la LTC. De otro lado, también se concluye que la disposición legal impugnada no contradice ni infringe las normas previstas por los arts. 1.II, 34, 35, 157, 158, 162 y 229 de la CPE.
III.5.Dada la naturaleza jurídica del modelo de control de constitucionalidad adoptado en Bolivia, el Constituyente ha previsto que los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de las disposiciones legales sólo serán para lo venidero, no tienen efecto retroactivo; así se infiere de la norma prevista por el art. 121.III de la CPE, por cuyo mandato: "La sentencia de inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad de cosa juzgada", norma que tiene su fundamento el resguardo del principio de seguridad jurídica. Este Tribunal, haciendo una interpretación de dicha norma constitucional, ha entendido que ese efecto también es extensible al ámbito administrativo, por lo que la declaración de inconstitucionalidad no afectará a los actos administrativos firmes en los que se hubiese aplicado la disposición legal declarada de inconstitucional.
En el marco del fundamento jurídico referido, este Tribunal advierte que la presente Sentencia sólo tendrá su efecto a partir de su notificación para adelante, lo que significa que no podrán revisarse los actos administrativos adoptados sobre la base de la disposición legal impugnada y declarada como inconstitucional.


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Código del Articulo: 5438
Fecha de Creación: 01 Apr 2009 9:09 PM

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