31 Oct 2014 
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  daños y perjuicios evaluacion: la evaluación de los daños sufridos por una acto u omisión declarados nulos por el recurso de amparo constitucional, no pueden ser valorados con las normas del código civil, lucro cesante y daño emergente, porque esto requi
Respuesta AUTO CONSTITUCIONAL 0042/2004-CDP Sucre, 29 de octubre de 2004
II.2.2. Tomando en cuenta la naturaleza jurídica del amparo constitucional, que es un proceso constitucional de carácter tutelar cuya finalidad es otorgar protección inmediata, efectiva e idónea a los derechos fundamentales de las personas restableciéndolos cuando son objeto de restricción o supresión ilegal o indebida, este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia y la doctrina constitucional creada por ella, ha establecido los siguientes criterios para la calificación de los daños y perjuicios en el ámbito de la Jurisdicción Constitucional: 1) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra, 2) los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado, criterios que guardan concordancia plena con lo previsto por el art. 102.II y III de la LTC. Desarrollado los alcances de dichos criterios, en el AC 011/2004-CDP, de 2 de abril, se ha sostenido lo siguiente: "El primer criterio responde al efecto inmediato que podría emerger de la lesión constatada del derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, aquel efecto material directo que se constata y percibe sin necesidad de un proceso controversial; ello significa que en la sustanciación del amparo constitucional, el daño civil no puede ser determinado o calificado sobre la base de los parámetros previstos por el art. 994 del Código civil (CC), es decir, el daño emergente y el lucro cesante, pues la determinación de un resarcimiento de daños y perjuicios con dichos criterios requiere de un proceso controversial en el que las partes, en igualdad de condiciones, puedan hacer valer sus pretensiones; hecho que no es posible realizar en el amparo constitucional, primero, porque su finalidad es la de otorgar una tutela inmediata, efectiva e idónea, restableciendo o restituyendo el derecho restringido o suprimido, no es el resarcimiento de los daños civiles; y, segundo, porque dado su carácter sumarísimo no es posible desarrollar un verdadero proceso contencioso o controversial. En consecuencia, el recurrente que considere haber sufrido daños y perjuicios que requieren ser reparados, previa calificación sobre la base de los criterios del daño emergente y lucro cesante, tendrá la vía civil ordinaria."; de manera que en el amparo constitucional no puede exigirse la reparación de los daños civiles en el marco del daño emergente y lucro cesante, como pretende la recurrente; empero, de contrario, tampoco se puede obviar la reposición inmediata de la disminución patrimonial que hubiese sufrido el titular del derecho lesionado con los actos ilegales o indebidos de la entidad recurrida, como pretende la Alcaldía Municipal de Cochabamba y se ha manifestado el Tribunal de amparo, tampoco se puede negar la restitución de los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado, como ha resuelto el Tribunal de amparo en el Auto motivo de la presente revisión.
II.2.3. En el caso presente, este Tribunal, al tiempo de resolver el amparo constitucional, constató que la Alcaldía Municipal de Cochabamba incurrió en actos de hecho realizando trabajos de apertura de la prolongación de la calle Batallón Colorados talando árboles y derribando muros, por ello determinó la existencia de responsabilidad civil ordenando la reparación de los daños ocasionados, correspondiendo al Tribunal de amparo determinar la pérdida o disminución patrimonial de la recurrente y sobre esa base determinar el monto a reparar el daño; de otro lado, es evidente que la recurrente ha incurrido en gastos para lograr la restitución de sus derechos vulnerados, ello implica el pago de honorarios profesionales según el Arancel Mínimo del Colegio de Abogados y los gastos judiciales, sobre cuya base debió determinar la reparación y no negarse esgrimiendo argumentos sustentados en normas del Código de procedimiento civil que no son aplicables al ámbito del amparo constitucional, como se ha señalado precedentemente. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que el Tribunal de amparo no ha cumplido con la obligación que le impone la Ley del Tribunal Constitucional, ni ha efectuado una adecuada compulsa y valoración de los antecedentes al emitir la Resolución venida en revisión; lo que obliga a anular nuevamente la misma provocando mayores perjuicios a las partes.


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Código del Articulo: 5406
Fecha de Creación: 01 Apr 2009 8:00 PM

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