22 Dec 2014 
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 Notificación La liquidación de la asistencia familiar debe ser notificada personalmente al demandado, y no es suficiente notificar al abogado.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0558/2004-R Sucre, 13 de abril de 2004 Los recurrentes afirman que Francisco Sauciri Choque se encuentra ilegalmente detenido y se ha vulnerado sus derechos a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, por cuanto la Jueza recurrida: 1) ha tramitado el proceso de asistencia familiar en su contra sin que el mismo hubiera sido sorteado en presencia del Vocal de turno; 2) ha pronunciado sentencia cuando la citación con la demanda se la hizo mediante edictos que fueron publicados en un medio de prensa escrita de la ciudad de Cochabamba, al igual que la notificación con la sentencia; 3) el demandado además de no haber conocido ninguno de los actuados del proceso, fue aprehendido sin ser notificado legalmente con la conminatoria de pago de asistencia familiar cuando convivía con la demandante; 4) la defensora de oficio designada no asumió correctamente su defensa ni apeló de la sentencia pronunciada. Por consiguiente corresponde, en revisión, establecer si los extremos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección que brinda el art. 18 de la CPE.
III.1El recurso de hábeas corpus, tiene por finalidad esencial garantizar la libertad personal y de locomoción, y procede cuando una persona creyere encontrarse indebida o ilegalmente perseguida, procesada o presa. Respecto a la protección que brinda en cuanto al debido proceso se refiere, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que: "no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar la vías legales pertinentes" SC 290/2002-R, entre otras.
III.2En el caso examinado, Estela Villca Choque presenta demanda de asistencia familiar indicando desconocer el domicilio del demandado, por lo que la jueza recurrida -previo juramento de desconocimiento de domicilio- dispuso la citación mediante edictos que fueron publicados en un diario de circulación nacional. Tramitado el proceso la sentencia fue notificada al demandado mediante edicto y a la defensora de oficio en forma personal. En ejecución de sentencia la jueza recurrida aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar devengada y ordena que el obligado cancele conforme a ley, indicando que en caso de incumplimiento en aplicación del art. 436 del CF se libre mandamiento de apremio, determinación con la que se notificó a la defensora de oficio, empero no al obligado.
Por otra parte, no existe intimación de pago como exige el art. 70 de la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) al establecer que: "Practicada la liquidación de la asistencia familiar, sea la provisional o la definitiva, si dentro de tercero día de intimado el pago no se hubiere hecho efectivo, el juez, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes del obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas todo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994".
Al respecto, este Tribunal ha establecido que necesariamente se debe notificar al demandado con dicho actuado jurisdiccional, no siendo suficiente la notificación al abogado defensor de oficio, tal como establece la SC 1825/2003-R que indica: "las notificaciones posteriores a la citación tienen su excepción de conformidad al art. 137.5 CPC, así la notificación con la liquidación de asistencia familiar es personal, acto que puede según el art. 120 CPC ser en persona o, en el domicilio real conforme al art. 121 CPC, sin embargo de ello dicha liquidación fue puesta en conocimiento del defensor de oficio".
Esta exigencia no se cumplió en el caso de autos, pues como se tiene referido no se notificó al demandado con la planilla de liquidación, ni en forma personal ni por edicto. En consecuencia, si bien es cierto que el mandamiento de apremio a raíz del cual Francisco Sauciri Choque se encuentra detenido en la Cárcel Pública de San Pedro, emana de autoridad competente, sin embargo fue expedido sin el cumplimiento previo de las formalidades legales -como se explicó precedentemente-, por lo que se ha vulnerado el debido proceso y como efecto de ello el derecho a la libertad física, convirtiendo dicha detención en indebida, pues la jueza recurrida antes de emitir el mandamiento de apremio debió asegurarse que el demandado sea notificado con la liquidación y el respectivo emplazamiento de pago, tomando en cuenta los datos del domicilio que se hubieran tenido hasta ese momento.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5248
Fecha de Creación: 31 Mar 2009 4:06 PM

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