24 Oct 2014 
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 Delito de tráfico de sustancias controladas un analisis sobre el art. 48 de la ley 1008 y sobre el art. 33 inc. m de la misma ley.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0029/2005 Sucre, 28 de abril de 2005 El presente recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad fue promovido dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Gabriel García Castillo, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la L1008, promovido por Juan Luis Ledezma Miranda y Elizabeth Lineth Tapia Patiño, Presidente y Jueza Técnica del Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba a solicitud de Gabriel García Castillo, demandando la inconstitucionalidad del art. 48 parte in fine de la L1008, por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, establecidos en los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la CPE. Corresponde analizar si tales vulneraciones son evidentes.
III.1.Conforme lo previene el art. 120 1ª de la CPE, el recurso de inconstitucionalidad constituye una vía de control correctivo o a posteriori de constitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales y tiene por finalidad que el Tribunal Constitucional verifique si la norma impugnada de inconstitucional -que tiene que ser aplicada en un proceso judicial o administrativo-concreto, es compatible o incompatible con los principios, valores y normas de la Constitución. En este marco, el art. 59 de la LTC, ha establecido que el recurso indirecto de inconstitucionalidad procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de Resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. III.2.En el caso que se examina, dentro de la tramitación del proceso penal por supuestos ilícitos vinculados al narcotráfico seguido por el Ministerio Público contra Gabriel García Castillo, el imputado solicitó a las autoridades judiciales promuevan el presente recurso, por cuanto considera que el art. 48 parte in fine de la L1008 es contrario a las previsiones contenidas en los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la CPE; por lo que ante dicha solicitud, el Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba promovió el mismo antes de dictar Sentencia. En consecuencia, corresponde analizar si la norma demandada de inconstitucional vulnera los preceptos constitucionales señalados, a cuyo fin se deben realizar las siguientes consideraciones: III.2.1.En cuanto al art. 7 inc. a) de la CPE. Con relación al derecho a la seguridad jurídica, invocado como lesionado por el recurrente, es necesario señalar que este Tribunal, a través de su jurisprudencia, lo ha definido como: "la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la Resolución"(SC 0753/2003-R de 4 de junio). En este contexto, es posible concluir, que el ejercicio de este derecho, exige la aplicación objetiva de la Ley, infiriéndose que ese derecho se considerará lesionado cuando la autoridad pública hace una aplicación caprichosa y en base a la mala voluntad, de forma tal que ocasione perjuicio al titular del derecho; situación que no se evidencia en el caso objeto de análisis, por cuanto no se advierte que la norma impugnada al reconocer en su contenido que el art. 48 de la L1008 comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esa ley, vulnere o infrinja los elementos desarrollados en la definición de la seguridad jurídica; tampoco desconoce el deber del Estado de proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que reconocen la Constitución y las Leyes; por el contrario, al ser la norma impugnada una disposición de carácter sancionador comprendida en el Título III de la L1008, referido a los delitos y a las penas, constituye una disposición conexa del art. 33 inc. m) de la L1008, que forma parte del Capítulo I referido a la terminología, en el que para efectos de la aplicación de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se definen como tráfico una serie de conductas; empero, ambas previsiones, es decir tanto el art. 48 así como el 33 inc. m), al ser normas conexas se legitimizan, en razón de que las mismas han sido aprobadas con las exigencias formales establecidas por la CPE. III.2.2.En cuanto al art. 16.II y IV de la CPE. El art. 16 de la CPE, en sus parágrafos II y IV reconoce el derecho a defensa y la garantía del debido proceso, cuando expresa: "II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable"… "IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal…". A su vez, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. Referente a garantías judiciales expresa: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Por su parte, el Tribunal Constitucional, definió el debido proceso como: "…el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley" (SSCC 1044/2003-R 418/2000-R, 1276/2001-R, 917/2003-R, 842/2003-R, 820/2003-R, entre otras); definición que fue precisada por el Tribunal en sentido que la garantía del debido proceso consagrada en el art. 16.IV de la CPE, "…persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos" (Así las SSCC 698/2004-R, 1068/2004-R, 1020/2004-R, 136/2003-R y 1777/2004-R, entre otras)". Finalmente, las SSCC 418/2000-R, 1276/2001-R y 1748/2003-R entendieron al debido proceso como: "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos". De la normativa citada que conforma el bloque de constitucionalidad y las sub reglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, se infiere que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas orientadas a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley , al juez natural y a la seguridad; con el advertido de que conforme ha señalado este Tribunal en la SC 136/2003-R, 6 de febrero, el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina constitucional contemporánea. En el caso que se examina, la norma demandada de inconstitucional (art. 48 de la L1008 parte in fine), al señalar que el art. 48 "comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del art. 33 de esa ley", no contradice la garantía al debido proceso, por cuanto no establece restricciones a los derechos y garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes; tampoco vulnera el derecho a la defensa, porque la norma no establece ninguna limitación al ejercicio de ese derecho, ni impone restricciones procesales que vulneren la igualdad de condiciones de las partes en el proceso, toda vez que se trata de una norma de carácter sustantivo que no tiene relación con las normas constitucionales supuestamente vulneradas. Por lo expuesto, se concluye que la previsión contenida en el art. 48 parte in fine de la L1008 invocada en el recurso, no vulnera los preceptos constitucionales señalados por el recurrente y por lo mismo, no existe contradicción entre las normas impugnadas con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, para hacer procedente la acción incidental de inconstitucionalidad. III.3.Por otra parte y, no obstante lo precedentemente señalado, en el caso que se examina, se tiene que si bien se demandó de inconstitucional la parte in fine del art. 48 de la L1008, que de manera expresa remite al art. 33 inc. m) de la misma ley, al establecer que: "(…) Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta ley" (sic.); no es menos evidente, que este Tribunal Constitucional por SC 045/2000 de 30 de junio, declaró la constitucionalidad del art. 33 inc. m) de la L1008, reconociendo que: "(…) Que tampoco el art. 33 inc.m) de la Ley 1008 vulnera el principio de legalidad pues no está estructurado como norma en blanco " cuyo contenido prohibitivo se determina por la remisión a un ámbito extra penal, sino como delitos autónomos cuyo supuesto de hecho debe determinarse en función de criterios meramente penales como el del bien jurídico protegido y su ubicación sistemática entre los delitos" (…) Que, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Ley Nº 1008 de 19 de julio de 1988, ha seguido hasta su promulgación el procedimiento legislativo previsto por la Carta Fundamental en los arts. 71 y siguientes, constituyéndose en consecuencia en una Ley de la República, que por mandato del art. 8 inc.a) de la propia Constitución debe ser acatada y cumplida, estando además dentro del marco previsto por el art. 29 de la Ley Fundamental que le da al Poder Legislativo, atribución privativa para modificar Códigos, Reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales. Que, el art. 33 inc. m) de la Ley Nº 1008 describe las acciones que constituyen tráfico ilícito en su significado legal y, en la terminología relacionada con el ámbito de sustancias controladas, rigiéndose a ella el Juez de la materia para imputar al comisor el delito de tráfico, tipificándolo en el art. 48, lo que no significa que el Juez esté vulnerando las disposiciones de los arts. 2º y 30 de la Constitución Política del Estado que proclaman la soberanía del pueblo, y su ejercicio a través de sus legítimos representantes; sino que por lo contrario, al regirse por la Ley Especial, el Juez está cumpliendo con lo dispuesto por el art. 8 inc. a) de la propia Carta Fundamental. (…)". En este contexto, se tiene que la norma ahora impugnada, tiene estrecha vinculación con el referido art. 33 inc. m) de la L1008, norma que fue declarada constitucional por este Tribunal, y que sirve de guía y enlace para la aplicación del art. 48 parte in fine de la misma Ley, pues establece las modalidades típicas que configuran el delito de tráfico de sustancias controladas, cuya sanción está prevista en la norma ahora impugnada. De lo expresado, se constata que ambos preceptos se complementan e interrelacionan; lo que determina que la impugnación de una de las normas, implique el cuestionamiento de la otra. Consiguientemente, en el caso analizado, al demandar la inconstitucionalidad del art. 48 parte in fine de la L1008, se pretende de manera indirecta que se vuelva a hacer un análisis del art. 33 inc. m) de la L1008, cuya constitucionalidad fue declarada en forma expresa por la SC 045/2000, de 30 de junio.


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Código del Articulo: 5130
Fecha de Creación: 31 Mar 2009 1:29 PM

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