25 Oct 2014 
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 Derecho de asistencia familiar, las normas internacionales y el hecho de que si bien es cierto que el recurrente tiene razon de que ya no adeuda, esto debe hacerlo valer ante la autoridad competente familiar, pues la jurisdiccion constitucional no compuls
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0282/2003- R Sucre, 11 de marzo de 2003 Que, el recurrente solicita tutela a su derecho a la libertad consagrado en el art. 6-II) CPE, denunciando que el mismo ha sido vulnerado por la recurrida, pues le mantiene detenido indebidamente por una liquidación de asistencia familiar supuestamente devengada, sin considerar que antes de que se dictara sentencia demostró que dos de sus cuatro hijos para los cuales se había fijado asistencia, se encontraban bajo su custodia y cuidado y que además la madre retiró un depósito de una cuenta de ahorro que cubre el monto liquidado. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1 Que en la SC 1049/2001-R, de 28 de septiembre, este Tribunal dejó presente:
"... que el art. 199-I de la Constitución dispone que "el Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación". El Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 19 establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado" y el art. 7-7) del mismo dispone que "nadie será detenido por deudas". Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente declarados por incumplimiento de deberes alimenticios"; por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 3.2 establece que "Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas"; asimismo, el art. 18-1) proclama "Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño"; finalmente, el art. 27-4) de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero...". Estos instrumentos internacionales forman parte de la legislación interna al haber sido aprobados mediante Ley N° 1440 de 11 de febrero de 1993 y Ley N° 1152 de 14 de mayo de 1990, respectivamente, por lo mismo son de cumplimiento obligatorio."
Que, en ese orden también se han dictados muchas otras sentencias, entre ellas las SSCC 1247/2001-R de 20 de noviembre, 779/2002-R de 28 de junio, 959/2002-R de 12 de agosto y 1133/2002 de 19 de septiembre.
III.2 Que al margen de ello, también las citadas sentencias han establecido que es legal y no indebida la orden de apremio como su ejecución cuando el obligado a cumplir con la asistencia familiar no cumple con su provisión oportuna, de modo que la persecución y detención por dicha causa no es un
acto que lesione la libertad física sino que constituye una limitación por disposición de los arts. 436 del Código de Familia (CF) y 11 de la Ley 1602 de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP).
III.3 Que en el caso, el recurrente si bien alega que la asistencia familiar en el monto liquidado no le corresponde pagar, primero porque dos de los beneficiarios se encuentran bajo su custodia y él les provee todo lo necesario para su existencia, y segundo, porque su esposa ha retirado una suma de dinero que cubre todo el monto liquidado, no es menos cierto que esos alegatos el recurrente debió hacerlos valer dentro del proceso de asistencia familiar, pues en esta jurisdicción no cabe compulsar cuestiones de hecho que competen a la jurisdicción ordinaria, si no simplemente determinar si la orden de apremio fue dictada conforme al ordenamiento jurídico establecido, y en la especie no se ha evidenciado ningún acto que represente una privación indebida de la libertad, pues fijada la asistencia familiar en sentencia que adquirió ejecutoria porque el recurrente no proveyó los recaudos de ley oportunamente, después de ser notificado con la concesión se dio curso a la liquidación con la cual también se le notificó pero no la observó, por lo que, se dictó el auto de aprobación correspondiente y al no cumplir posteriormente con la conminatoria de pago se libró el mandamiento de apremio, de manera que se han cumplido con todas las formalidades previas de ley conforme exige el art. 9 CPE, de modo que no existe detención indebida y menos ilegal que se ajuste a los alcances del art. 18 CPE.
III.4 Que cabe aclarar que si bien este recurso prescinde para su presentación de la interposición de otros recursos ordinarios que el recurrente pueda tener, esto no significa, que por medio del hábeas corpus se deban subsanar negligencias dentro del proceso pretendiéndose que la jurisdicción constitucional enmiende las mismas y sustituya los recursos ordinarios dentro del mismo compulsando hechos y pruebas que oportunamente no fueron de conocimiento del tribunal o juez ordinario.
Que, en consecuencia el Tribunal del Recurso, al haber declarado improcedente el hábeas corpus ha dado correcta y estricta aplicación al art. 18 CPE.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5126
Fecha de Creación: 31 Mar 2009 1:13 PM

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