19 Apr 2014 
Sistema de Soporte » Preguntas Frecuentes ( FAQ ) » BOLIVIA » SENTENCIAS CONSTITUCIONALES » TRIBUTARIO » Todo sobre el contencioso tributario
 Todo sobre el contencioso tributario
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0018/2004 Sucre, 2 de marzo de 2004 III.1De acuerdo con lo dispuesto por el art. 54 LTC, "el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto"; es decir, que este recurso es una acción de puro derecho en la que el juzgador debe confrontar el texto de la norma impugnada con el de la CPE, para determinar si hay contradicción en sus términos, con el objeto de realizar el control correctivo de la norma y así depurar el ordenamiento jurídico del Estado. En este cometido, corresponde analizar si las normas a las que hace mención el recurrente son contrarias al ordenamiento constitucional.
III.2A través del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, como vía de control a posteriori, se impele al órgano encargado del control de constitucionalidad a emitir un pronunciamiento que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad pura de la norma que se ataca, norma que necesariamente debe formar parte del derecho positivo, es decir del derecho que se encuentra en vigencia y regula en un determinado momento.
En el recurso que se examina, se cuestiona la constitucionalidad de los arts. 107, 131, tercer páragrafo, 132, 147 y Disposición Final Primera del Código Tributario o Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. Con carácter previo a considerar el fondo del recurso, es necesario dejar establecido que el Tribunal Constitucional, por SC 0009/2004 de 28 de enero, declaró la inconstitucionalidad, -entre otros-, de los arts. 131, parágrafos 2) y 3) y 147 CTb, en cuyo mérito, estas disposiciones legales ya no forman parte de Derecho Positivo Boliviano. Consecuentemente, estas normas legales, ya no pueden ser objeto de consideración.
III.3Por otra parte, demanda la inconstitucionalidad de la Disposición Final Primera, arts. 132 y 107 CTB, con el argumento de que los recursos ante la Superintencia Tributaria constituirían la única vía de impugnación de las decisiones de la Administración Tributaria, quien ejercería una verdadera potestad jurisdiccional porque sería la única instancia encargada de resolver las controversias que inicien los contribuyentes sobre las determinaciones definitivas de la Administración Tirbutaria, infringiendo principios y garantías fundamentales como la división de funciones, el debido proceso, la presunción de inocencia, así como la atribución exclusiva del Poder Judicial para resolver controversias; por lo que con carácter previo, corresponde precisar que la SC 0009/2004, entre sus fundamentos, ha establedido:
"En ese orden cabe señalar que el art. 131 de la Ley impugnada es inconstitucional por omisión normativa. En efecto, la disposición legal sometida a examen modifica el sistema de protección o tutela administrativa y judicial del contribuyente previsto en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; ese sistema de tutela paralela se ha sustituido por la de una tutela única, es decir, vía revisión en sede administrativa, a través de los recursos de Alzada y Jerárquico, con el complemento de un control de legalidad del acto administrativo tributario a través del proceso contencioso-administrativo a sustanciarse ante la Corte Suprema de Justicia; lo que significa que se ha excluido la vía de la impugnación judicial del acto administrativo a desarrollarse ante el Juez o Tribunal independiente e imparcial; esa supresión se hace evidente, cuando la Ley impugnada, a través de la Disposición Final Primera abroga, la vigencia del Código, el art. 157-B de la Ley 1455 de Organización Judicial, norma ésta que asignó competencia a los Jueces en Materia Administrativa, para conocer y decidir, en primera instancia, de los procesos contencioso-tributarios por demandas originadas en los actos que determinen tributos y en general, de las relaciones jurídicas emergentes de aplicación de las leyes tributarias. Con la supresión referida, el art. 131 de la Ley impugnada contradice a la Constitución, toda vez que lesiona la garantía constitucional (derecho humano) del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, independiente, imparcial y competente consagrado por las normas previstas por los arts. 14 y 16-IV de la Constitución, ya que le priva al contribuyente de toda posibilidad de someter el acto administrativo tributario a un proceso contencioso en el que de manera contradictoria y en igualdad de condiciones pueda ser oído y hacer valer sus pretensiones, produciendo prueba, objetando la de contrario, desvirtuando los procedimientos administrativos tributarios que dieron lugar al acto determinativo del tributo, en suma lograr una decisión legal y justa; de otro lado se lesiona el derecho a impugnar los actos administrativos tributarios ante un juez o tribunal independiente e imparcial, toda vez que si bien es cierto que tiene la vía de revisión en sede administrativa, a través de los recursos de alzada y jerárquico, no es menos cierto que la autoridad competente para dicha revisión no es
totalmente independiente, en la medida en que el financiamiento de sus actividades, que incluye el pago de sus sueldos, proviene de las recaudaciones tributarias, conforme dispone la norma prevista por el art. 133.1 de la Ley impugnada; pues habrá de recordar que una de las formas de garantizar la independencia del Juez o Tribunal es la gratuidad en el acceso a la justicia, ésto es que, las partes no tengan que efectuar la remuneración por los servicios prestados; en el caso examinado será la Administración Tributaria la que, a través del desembolso del 1% del total de las recaudaciones tributarias, soportará el funcionamiento de las Superintendencias. De manera que, si la revisión en sede administrativa es realizada por una autoridad administrativa que no es independiente e imparcial, es obvio que el legislador debió prever la vía de la impugnación judicial como un medio de tutela alternativo, es decir, que el contribuyente tenga, por una parte, la vía de revisión en sede administrativa y, por otra, la vía de impugnación judicial.
De otro lado lesiona los valores supremos de la justicia e igualdad, inherentes al Estado Democrático de Derecho y consagrados por el art. 6 de la Constitución, toda vez que al impedir al contribuyente acceder a la vía judicial de impugnación del acto administrativo, le impedirá ejercer el derecho de contradicción, por lo mismo le impedirá acceder, en igualdad de condiciones, a la vía judicial para lograr una sentencia justa y legal del litigio, en consecuencia que obtenga una tutela judicial efectiva que, como bien ha establecido este Tribunal en su jurisprudencia, constituye parte del debido proceso.
Al respecto cabe aclarar que el fundamento expresado por el Presidente del Congreso Nacional, en el alegato presentado a favor de la Ley impugnada, no es atendible, toda vez que el proceso contencioso administrativo previsto por el art. 131, dada su naturaleza jurídica, no reemplaza al proceso contencioso - tributario, el que, como se tiene referido precedentemente, difiere de aquél en su naturaleza jurídica, su finalidad y objetivo, así como en su propia configuración procesal; pues entre tanto aquél es una vía de control de legalidad, éste es una vía de impugnación directa y controversial del acto administrativo tributario, el primero es una que requiere del agotamiento de las instancias administrativas, el segundo es una vía directa y alternativa a los procedimientos administrativos tributarios; mientras aquél se tramita como un proceso de puro derecho y en única instancia, éste se tramita como un proceso de hecho admitiendo los recursos previstos en el ordenamiento procesal. En ese orden, las normas previstas por el art. 147 de la Ley impugnada, que son concordantes y conexas con el art. 131, también son incompatibles con la Constitución, conforme se tiene referido y fundamentado precedentemente.
Del entendimiento contenido en la SC 0009/2004, precedentemente transcrito, se extraen las siguientes conclusiones:
III.3.1. La Disposición final Primera Ctb, es incompatible con la Constitución por cuanto al derogar el literal B) del art. 157 de la Ley 1455 de 18 de febrero de 1993, Ley de organización judicial, suprime la competencia de los Jueces en materia administrativa, coativa fiscal y tributaria, para conocer y decidir los procesos contencioso tributarios, por demandas originadas en los actos que determinan tributos y en general todas las acciones referidas a materia tributaria, lesiona los derechos fundamentales de la persona los derechos, entre ellos, al debido proceso en su elemento del juez natural, independiente e imparcial, así como a los valores supremos de la justicia e igualdad.
III.3.2. La SC 009/2004, al haber declarado la inconstitucionalidad por omisión normativa del art. 131.2) Ctb, determina un nuevo marco legal y jurisprudencial en el que deben ser interpretados los artículos 132 y 107 ahora impugnados, por lo que corresponde establecer si estas normas vulneran o no los principios y garantías señalados por el recurrente, conforme a lo siguiente:
Principio de separación de poderes y actividad jurisdiccional.
El Estado Democrático de Derecho, se traduce en una serie de principios de orden jurídico-político reconocidos en la Constitución Política del Estado, tal el de separación de poderes o también conocido como división de poderes -entre otros-, principio de orden constitucional que entraña la distribución de competencias que tienen los diferentes órganos de igual rango que forman parte del Estado, realizando cada uno de ellos sus actividades conforme a sus propias potestades; este principio de separación de poderes se encuentra consagrado en el art. 2 CPE que establece: "La soberanía reside en el pueblo (..) su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno"; en consecuencia, la potestad legislativa, de control y fiscalización la tiene el Poder Legislativo; la función ejecutiva, administrativa y reglamentaria la ejerce el Poder Ejecutivo y el ejercicio de la potestad jurisdiccional la tiene el poder Judicial.
Garantía al debido proceso, en su competencia referido al derecho a la presunción de inocencia.
Para proteger la libertad de las personas y en su sentido más amplio su seguridad jurídica, el Constituyente ha previsto la garantía al debido proceso, que implica que las controversias que se presentan entre las personas o entre el Estado y particulares, deben ser resueltas en un proceso jurisdiccional, que se encuentre amparado por una serie de garantías que posibiliten a la autoridad judicial o administrativa resolver esas situaciones de relevancia jurídica en el marco de los valores de la justicia y equidad; por consiguiente, la observancia de esta garantía no sólo debe darse en el marco de los procesos jurisdiccionales, sino que también son aplicables a los denominados procesos administrativos, por ser esa garantía que vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas.
Esta garantía constitucional, se encuentra consagrada en el art. 16-IV CPE cuando establece: "Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal"; la importancia y el reconocimiento de esta garantía constitucional ha sido examinada en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incorporado en los arts. 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
La uniforme jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha desarrollado la naturaleza y finalidad de la garantía al debido proceso, razonamiento que partió del entendimiento contenido en el AC 289/1999-R, en el que se expresó:
"... la garantía constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidos por Ley" (las negrillas han sido marcadas).
Esta garantía al debido proceso es aplicable también al ámbito administrativo, como lo entendió este Tribunal en el razonamiento que partió de la SC 378/2000-R, en la que se manifestó: " ... la aplicación de una sanción sin previo proceso, resulta inadmisible dentro del orden constitucional boliviano (..) garantía procesal que es aplicable a toda forma de sanción, sea penal o dentro del llamado Derecho Penal Administrativo" (las negrillas han sido marcadas). Es que en la tramitación de un proceso administrativo de cualquier naturaleza, debe responder a un procedimiento que implique el respeto a las reglas del debido proceso legal en función a los principios, valores, derechos y garantías constitucionales.
Otro de los elementos que componen e integran la garantía al debido proceso, es el derecho a la presunción de inocencia del procesado, expresamente consagrado en el art. 16-I CPE cuando se señala: "Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad", derecho que también se encuentra expresamente mencionado y reconocido en las Convenciones y tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos, desarrollados más en el ámbito penal, pero ello no implica que esos razonamientos no sean aplicados a otro tipo de procesos, como son los administrativos, en los que también puede vulnerarse o amenazarse ese derecho que tiene por finalidad asegurar que cualquier persona que se encuentra sometida a un proceso (de cualquier naturaleza), sea considerada y tratada como inocente, lo que implica que: a) no puede presumirse la culpabilidad del procesado, b) la carga de la prueba esté a cargo del acusador, c) no puede obligarse al procesado a declarar contra sí mismo y d) su silencio, no puede ser utilizado en su perjuicio.
III.3.2.1Realizadas las consideraciones previas, corresponde analizar el art. 132 CTb, anteriormente transcrito, que crea la Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, con el objeto de conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria, lo que significa que ambos recursos constituyen vías de revisión de los actos administrativos tributarios en sede administrativa, no siendo excluyentes de la impugnación judicial sobre esos actos, sino alternativos para el contribuyente, conforme al entendimiento contenido en la SC 0009/2004, anteriormente citado.
Por consiguiente, el texto de la norma impugnada no es incompatible con la Constitución, por cuanto al crear la Superintendencia Tributaria para que conozca y resuelva los recursos de alzada y jerárquico a ser interpuestos en la Administración Tributaria, no se infringen los principios fundamentales anotados, porque la actuación de los Superintendentes Tributarios no constituye una labor jurisdiccional propiamente dicha, sino un procedimiento administrativo tributario; por otra parte, en la medida en que los recursos de alzada y jerárquico constituyen vías de revisión en sede administrativa, sin excluir la impugnación judicial, está claro que no pretende sustituir a la autoridad judicial competente; bajo este entendimiento, y en la seguridad de que este mecanismo no lesionó los mencionados derechos fundamentales, los arts. 139, b), 140, 143 y 144, todos del CTb, que se refieren a los recursos de alzada y jerárquicos a ser conocidos y resueltos por los Superintendentes Tributarios Regionales y por el Superintendente Tributario General, respectivamente, fueron declarados constitucionales mediante la mencionada SC 009/2004, de 28 de enero, manteniéndolos vigentes y por tanto dentro del Derecho Positivo Boliviano.
III.3.2.2Otra norma impugnada de inconstitucional es la contenida en el art. 107.I CTb, que determina que la ejecución tributaria, incluso de los fallos firmes dictados en la vía judicial, será exclusivamente administrativa, debiendo la Administración Tributaria conocer todos sus incidentes, no pudiendo acumularse a los procesos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución.
Sometida la mencionada disposición legal al juicio de constitucionalidad, se deben hacer las siguientes precisiones con relación a la facultad que, antes de la vigencia de la Ley 2492, tenía la Administración Tributaria en la fase ejecutiva, y cómo esa atribución fue entendida por el Tribunal Constitucional:
La Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 , en el título VII, Cobranza Coactiva, señalaba,en el art. 304 que la Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones debía proceder al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los que se encontraban en mora, así como de las multas administrativas y los pagos a cuenta que determinaba la administración conforme a normas legales, como también las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente.
La Administración Tributaria debía inicar y susantanciar la acción coactiva hasta el cobro total de lo adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en el título VII.
Si bien la competencia de la Administración Tributaria era clara con relación al cobro coactivo de las resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, y en los otros supuestos señalados por el artículo antes citado, no sucedía lo mismo con relación a las resoluciones judiciales ejecutoriadas emergentes de procesos contencioso-tributarios; toda vez que el art.157- B). 3, en su primer parágrafo, otorga a los jueces en materia administrativa, coactiva fiscal y tributaria competencia para: "Ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada pronunciadas en materia contenciosa-tributaria, conforme al Código Tributario"
Frente a esta aparente contradicción entre ambas normas, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0052/2003, 0072/2003 y 12/2004, precautelando el respeto al debido proceso y la igualdad las partes, estableció lo siguiente: a) Cuando los fallos ejecutoriados dictados en la vía judicial, declaran improbada la pretensión del contribuyente y determinan la exigibilidad de la Resolución Determinativa impugnada, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, en ejecución de sentencia, debe limitarse a decretar el cúmplase y entregar en desglose la documentación aparejada por la administración tributaria, para que ésta haciéndose cargo de la cobranza coactiva, dicte el Pliego de Cargo y el Auto Intimatorio correspondiente, para hacer efectivo el cobro de los adeudos tributarios, en aplicación de los arts. 304 al 314 CTb. b) Cuando los fallos judiciales ejecutoriados declaran probada la demanda contencioso-tributaria, es decir, que llegaron a determinar la inexistencia de adeudos tributarios y dejaron sin efecto la Resolución Determinativa que los establece, la ejecución de sentencia, en uso de la atribución que le confiere el art. 157 inc. B).3. LOJ, le corresponderá al Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario y se concretará en las órdenes de desembargo de bienes, descongelamiento de fondos retenidos, cancelación de gravámenes y otros, siendo por demás claro que en este supuesto, al no existir ninguna deuda tributaria, la Administración Tributaria no tendría nada que ejecutar.
Ahora bien, en caso de que los fallos judiciales ejecutoriados declaren probada en parte la demanda, por ende, modifiquen parcialmente la Resolución Determinativa y establezcan un nuevo monto del adeudo tributario, se aplicará lo señalado en el inc. a), por cuanto al existir un adeudo tributario cierto, líquido y exigible calculado en una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, su cobro deberá efectuarlo directamente la Administración Tributaria, conforme a los arts. 304 al 314 CTb.
Sin embargo, si las resoluciones judiciales ejecutoriadas declaran probada en parte la demanda contencioso-tributaria, y modificando parcialmente la Resolución Determinativa, no señalan a cuánto
asciende el adeudo tributario, sino que al contrario, ordenan un nuevo cálculo del mismo en ejecución de sentencia en base a lo que tienen dispuesto, resulta imprescindible determinar con precisión y en base a la normativa vigente, cuál es la autoridad competente para ordenar y supervigilar la legalidad del nuevo cálculo, así como para realizar la cobranza coactiva".
III.3.2.2Establecido el entendimiento de este Tribunal referente a la facultad de la Administración Tributaria con relación al anterior Código, se debe analizar la norma contenida en el art. 107.I Ctb, precisando que, declarada la inconstitucionalidad por omisión normativa del art. 131.2) del nuevo Código Tributario, por la SC 0009/2004, por cuanto la impugnación exclusiva en la vía administrativa es contraria a los derechos al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, independiente e imparcial así como a los valores supremos de la justicia e igualdad, como lógica consecuencia, la ejecución tributaria no puede ser una atribución exclusiva de la Administración Tributaria, toda vez que ésta estará limitada a los casos en que un resolución judicial ejecutoriada declare improbada la pretensión del contribuyente y determine la exigibilidad del Título de Ejecución Tributaria, o cuando se declare probada en parte la demanda, y por ende, se modifique parcialmente el Título de Ejecución Tributaria, ordenando un nuevo cálculo del adeudo tributario en ejecución de sentencia, entendimiento que es coherente con la disposición contenida en el art. 157.B) LOJ, y la norma prevista en el art.
116.III CPE que establece que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa, contenciosa-administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional. De lo que se concluye, que la Administración Tributaria no puede tener exclusividad en la ejecución tributaria de los fallos firmes dictados en la vía judicial.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 4997
Fecha de Creación: 30 Mar 2009 4:09 PM

 Esta respuesta me fue util  Esta respuesta no me fue util

 Volver
 Login [Recuperar contraseña] 
Email:
Código de Tarjeta:
Recordarme:
 
 Buscar
 Opciones de Articulo
Inicio | Registrarse | Preguntas Frecuentes ( FAQ ) | Novedades
Lenguaje:

 Empresa Legal Card