22 Jul 2014 
Sistema de Soporte » Preguntas Frecuentes ( FAQ ) » Patente por servicios profesionales de abogados que deben pagarse por ordenanza municipal aprobada por el Senado, es constitucional.
 Patente por servicios profesionales de abogados que deben pagarse por ordenanza municipal aprobada por el Senado, es constitucional.
Respuesta SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0028/2004 Sucre, 31 de marzo de 2004 El presente recurso fue planteado con el argumento de que a través de la Ordenanza 043/2001, el Gobierno Municipal de Potosí creó la patente por servicios profesionales, exigiendo a los Abogados que cumplan con el pago de ese tributo, sin considerar que ellos ya cancelan los impuestos como el IVA, RC-IVA, el IUE y el IT creados por la Ley 843, por lo que se trataría de una doble tributación, y que además, no se cumplió con el procedimiento señalado por la Constitución para aprobar la Ordenanza de Tasas y Patentes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si es fundada la pretensión del recurrente.
III.1.El recurso contra tributos y otras cargas públicas, constituye un mecanismo de control normativo de las disposiciones legales por las que se crea, modifica o suprime un tributo, sean éstos impuestos, tasas, patentes o cualquier género de contribución, con la finalidad de que se proceda a establecer si las mismas son o no compatibles con las normas, preceptos, principios o declaraciones de la Constitución Política del Estado, conforme manda el art. 120.4 de la CPE, con la que guarda concordancia la previsión contenida en el art. 68 de la LTC.
III.2.Por previsión expresa de los arts. 26 y 59,2ª de la CPE, ningún impuesto municipal es obligatorio sino cuando ha sido creado conforme a las prescripciones de la Constitución, siendo atribución del Poder Legislativo el imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales.
Por otra parte, el art. 66.4ª de la misma Ley Fundamental, atribuye a la Cámara de Senadores, la potestad de aprobar las Ordenanzas Municipales relativas a tasas y patentes.
Asimismo, los arts. 66.4ª y 201.I de la CPE, 12 inc.10) y 105 de la Ley de Municipalidades (LM), preceptúan que el Concejo Municipal tiene potestad normativa para establecer tributos, sólo si se trata de tasas o patentes, cuya creación requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo.
III.3.Según el art. 101 de la LM, se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de impuestos, tasas y patentes. Finalmente, en función a lo dispuesto por el art. 105 de la LM :
I.El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus modificaciones o enmiendas al H. Senado Nacional dentro de los primeros sesenta días de cada legislatura ordinaria, previo dictamen técnico motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de veinte días a partir de su presentación; caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido. II.El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta días a partir de su presentación. vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entrarán en vigencia. III.Si el Gobierno Municipal no presentara la Ordenanza de Tasas y Patentes en el plazo establecido en el presente artículo, regirá la última vigente, bajo su propia responsabilidad.
En el caso que se analiza, se tiene evidencia, de que, la Ordenanza de Tasas y Patentes 043/2001 del Gobierno Municipal de Potosí, gestión 2001, fue aprobada por el Senado Nacional a través de la Resolución 088/01-02 de 14 de mayo de 2002, previo dictamen técnico del Ministerio de Hacienda DGPTI-UADT 5.411 396/2001, de 16 de noviembre, cumpliendo las regulaciones y exigencias contenidas en los preceptos constitucionales y legales citados precedentemente.
III.4Por otra parte, es necesario establecer con carácter previo el marco conceptual de los diferentes tipos de tributos, para poder determinar si es evidente la doble tributación denunciada.
Tributos son una clase o modalidad de ingreso público que tienen su origen en las prestaciones obligatorias impuestas por el Estado a las personas físicas o jurídicas. Según el art. 9 del Código Tributario Boliviano (CTB), "Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines".
De acuerdo a la norma prevista por el art. 10 del CTB, el impuesto es "el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente".
Tasas, de modo general, son una remuneración que efectúa el particular al Estado por los servicios públicos prestados por los organismos estatales, son un gravamen que tienen la finalidad de recuperar el costo del bien o servicio ofrecido y prestado efectivamente por el Estado. El art. 11 del CTB, define a las tasas como "tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo...".
Contribuciones especiales constituyen el pago efectuado por una inversión que realiza el Estado, a través de sus entidades, en beneficio de un grupo de personas, a cuya consecuencia se valorizan los bienes de éstos. El art. 12 del CTB establece que "las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación".
La Patente, a su vez, constituye un permiso anual de la autoridad competente para el ejercicio de una determinada actividad, que se materializa a través de un pago en forma de tributo. El art. 9.III del CTB señala que "Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas".
En resumen, la Patente constituye una autorización o permiso anual que otorgan los Gobiernos Municipales para que en su jurisdicción se desarrollen determinadas actividades económicas, entre
ellas las que los Abogados realizan en sus bufetes, y por lo mismo, no se grava el ejercicio profesional en sí o la prestación de servicios profesionales como tal.
III.5Con relación a la doble tributación denunciada, corresponde hacer referencia que el Tribunal Constitucional, en un caso similar, pronunció la SC 18/2000, de 19 de abril, en la que, al igual que la SC 61/2000, de 30 de agosto, señala: " ... el art. 201, parágrafo I de la CPE reconoce a los concejos municipales potestad normativa, a la vez que facultades para crear tasas o patentes previa aprobación de la Cámara de Senadores basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda), de donde resulta, que el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz ha ejercido sus facultades de orden administrativo y técnico en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales (art. 200.II de la Constitución Política del Estado), por lo que al aprobar la Ordenanza Municipal 172/98 de 8 de diciembre de 1998 no ha infringido normas constitucionales ni ha alterado la delimitación del dominio tributario a la que se refiere el art. 95 (modificado) de la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, sujetándose más bien a las disposiciones de la Constitución Política del Estado, según lo establece la primera parte del art. 26 de la CPE Consiguientemente la Ordenanza Municipal impugnada dentro del presente recurso está dentro del marco constitucional".
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 16 del CTB, el hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria; en cuyo mérito los abogados en el ejercicio libre de la profesión están sujetos al pago de impuestos como el IVA, el RC-IVA, el IUE y el IT, que gravan los contratos de prestación de servicios, las utilidades resultantes de los estados financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual y las prestaciones de servicios, entre otros, estando claramente establecido por la Ley 843 el nacimiento del hecho imponible para cada uno de estos impuestos; en cambio, la Ordenanza Municipal impugnada fija como hecho generador de la Patente por Servicios Profesionales Independientes a la autorización o permiso anual - no así al ejercicio de la profesión ni a la prestación de servicios- para el funcionamiento del comercio, industria y los servicios en general en la jurisdicción municipal, incluyendo dentro del objeto de esta autorización municipal el ejercicio de las actividades libres e independientes realizadas por personas tales como profesionales y técnicos -entre ellos los Abogados-; de donde resulta; que esta Patente no grava los hechos generadores sobre los cuales se aplican los impuestos creados por la Ley 843 y que afectan a la actividad profesional del Abogado; por consiguiente, si los hechos imponibles fijados en aquellos impuestos y la Ordenanza Municipal impugnada no son análogos, no es evidente la supuesta doble tributación que argumenta la parte recurrente.
Finalmente, conforme señala el propio recurrente, si bien es cierto, que los arts. 92 y 95 del CTB, respectivamente, abrogan por una parte, las normas legales que crean impuestos o contribuciones y por otra, derogan disposiciones relativas a impuestos y contribuciones, creados por los municipios; empero, las mismas están condicionadas a que los hechos generadores sean análogos a los de los tributos o que crean otros impuestos o contribuciones, extremo que no acontece en este caso, porque el hecho generador de la patente, no tiene ninguna relación con los tributos establecidos por la Ley 843, como son, el IVA, RC-IVA, el IT y el IUE.
III.6.Por consiguiente, el Gobierno Municipal de Potosí, al dictar la Ordenanza 043/2001, por la que se aprueba las Tasas y Patentes por la gestión 2001 y que fue debidamente aprobada por Resolución 088/01-02 dictada por el Senado Nacional, ha actuado en el marco de su jurisdicción y competencia, sin que por ello pueda considerarse que con dicha Ordenanza se haya impuesto una doble tributación y menos, que se hubiera atentado contra el principio de jerarquía normativa entendida por la jurisprudencia constitucional como: "…uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, en que se sustenta la estructura jurídica del Estado, al otorgar diferentes niveles a las disposiciones legales, en función de los órganos que las emiten, de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de rango superior" SC 105/2003, correspondiendo en consecuencia, de conformidad con el art. 70.1 de la LTC declarar la aplicabilidad de la referida Ordenanza Municipal.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 4643
Fecha de Creación: 26 Mar 2009 1:52 PM

 Esta respuesta me fue util  Esta respuesta no me fue util

 Volver
 Login [Recuperar contraseña] 
Email:
Código de Tarjeta:
Recordarme:
 
 Buscar
 Opciones de Articulo
Inicio | Registrarse | Preguntas Frecuentes ( FAQ ) | Novedades
Lenguaje:

 Empresa Legal Card