Archive for Derecho penal
Kansas: Panel legislativo aprueba iniciativa de inmigración
TOPEKA, Kansas, EE.UU.- Una comisión de la cámara baja de Kansas confirmó un proyecto de ley que busca requerir a las agencias del estado que verifiquen si sus empleados nuevos tienen permiso de estancia en Estados Unidos , a través de la utilización del banco de datos federal E-Verify, pero algunos republicanos estaban presionando por un debate sobre propuestas más amplias en materia deinmigración.
Líderes republicanos en la Cámara de Representantes estatal han dicho que prefieren evitar este año un debate sobre inmigración, temiendo que seabeligerante.
La mayoría republicana en la cámara está dividida, con algunos legisladores a favor de medidas más duras y otros apoyando un plan respaldado por empresarios para crear un programa que coloque a algunos inmigrantes indocumentados en empleos difíciles de cubrir, particularmente en la agricultura.
La medida aprobada por la Comisión de Asuntos Estatales y Federales en votación oral exigiría a las agencias estatales comenzar a usar el E-Verify para verificar a los empleados nuevos a partir del próximo año. El presidente Steve Brunk dijo que el objetivo es probar el banco de datos antes de exigir a los negocios privados que lo utilicen.
“El gobierno no debería pedirles que hagan algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer”, afirmó Brunk, un republicano de Bel Aire.
Sin embargo, incluso antes de que se reuniera la comisión de Brunk, la legisladora republicana Charlotte O’Hara presentó una solicitud ante la cámara baja para soltar otra iniciativa de ley sobre E-Verify y forzar al recinto legislativo a debatirla. La medida impondría un requerimiento de uso de E-Verify para compañías que tengan contratos con agencias de gobierno estatales o locales por más de 5.000 dólares.
La Cámara de Representantes votará el viernes sobre su solicitud.
Conneticut adopta protocolo de ‘Comunidades Seguras’
HARTFORD, Conneticut, EE.UU.- El comisionado de prisiones de Connecticut aprobó los protocolos para atender los pedidos de las autoridades federales de detener a inmigrantes carentes de permiso para residir en el país.
El ayudante en temas de justicia del gobernador Dannel P. Malloy, Michael Lawlor, dijo al diario New Haven Register (http://bit.ly/Hdy7Yx ) que Connecticut es al parecer el primer estado que adopta los protocolos en respuesta al polémico programa de santuarios llamado Comunidades Seguras, por el cual una población o la totalidad del estado deciden no avisar a las autoridades federales de la situación migratoria de un detenido, aunque la ciudad de Nueva York y los gobiernos condales en otros estados han hecho lo mismo.
El programa de Comunidades Seguras fue adoptado el mes pasado en todo el estado. Los funcionarios de Inmigración y Protección de Aduanas pueden, conforme al programa, solicitar a los funcionarios de prisiones que detengan a los inmigrantes ilegales durante 48 horas a fin de que los agentes federales puedan hacerse cargo de ellos para su posible deportación.
El comisionado del Departamento de Prisiones estatal Leo Arnone aprobó el viernes los protocolos, e incluyen las medidas que deben adoptar las autoridades carcelarias tras recibir un pedido federal de detención, incluyendo la verificación de si existen pedidos de busca y captura contra un inmigrante ilegal.
Derechos inmigrantes: Usan perfil racial y arresto indiscriminado
El sistema de control migratorio que hoy existe en los Estados Unidos ha criminalizado a los inmigrantes comunes de tal manera, que las víctimas de crimen son tratados como criminales, el uso de perfil racial se ha vuelto una actividad común de las autoridades y hay un número creciente de migrantes “desaparecidos” y muertos en la frontera, sin que ya sean noticia.
Esta es la grave conclusión de un reporte de Amnistía Internacional publicado ayer que evaluó la situación de derechos humanos en la aplicación de las leyes migratorias, en particular en los estados de Texas y Arizona, en el suroeste de los Estados Unidos.
Son más de 80 páginas y más de un año de investigaciones y trabajo de campo, y el resultado es un trabajo amplio que examina casi cada aspecto o consecuencia de una frontera cada vez más intensamente vigilada, unido a las iniciativas estatales que han puesto a la policía local a ejercer de “migra”.
Justin Mazzola, autor del estudio, dijo que en la zona fronteriza, las autoridades locales y de inmigración utilizan cada vez más el perfil racial como excusa para realizar revisiones y arrestos.
“Obviamente, cada nación tiene el derecho de aplicar sus leyes de inmigración, su soberanía”, dijo Mazzola en una entrevista. “El problema es que con la presión para arrestar indocumentados y los programas y leyes que se están utilizando, se usa cada vez más el perfil racial en lugar del trabajo policial o investigativo”.
El reporte, que puede leerse en su totalidad en www.amnesty.org, menciona casos específicos como el de Alfredo G., un ciudadano de ascendencia dominicana residente en Texas que fue parte y testigo de cómo un accidente de auto en una carretera terminó siendo tratado como una oportunidad para buscar indocumentados.
“Cuando llegaron los agentes de ICE fueron muy irrespetuosos. Comenzaron a preguntar a todo el mundo si eran ciudadanos y a amenazar con pegarnos si no obedecíamos”, dice el testimonio. “Cuando se dieron cuenta que realmente era ciudadano me pidieron disculpas, pero antes nos trataron como animales”.
Otro severo problema es que el inmigrante sin papeles, aún cuando sea víctima de un crimen, como el caso de muchas mujeres que son traficadas para objetivos sexuales o laborales, recibe un trato como criminal y no como víctima, aunque la ley de EE.UU. tiene visas especiales para esos casos.
Es el caso de Carolina, una mujer hondureña secuestrada cuando se dirigía hacia el norte a reunirse con su esposo en Estados Unidos. Por meses la tuvieron encerrada, drogándola, privándola de comida y usándola para fines sexuales. Cuando las autoridades por fin la rescataron, la mujer pasó 6 meses en un centro de detención y le negaron su certificación como víctima de tráfico humano porque originalmente ella “quería venir ilegalmente”.
La dificultad en lograr que las víctimas sean calificadas como tal ha generado que en el país sólo se utilice cada año el 6% de las 5,000 visas T designadas para víctimas del tráfico humano, a pesar de que se estima que hay entre 15 a 17,000 de estas en EE.UU. cada año.
“Las autoridades hacen una redada en una cantina de Houston y encuentran a varias docenas de sobrevivientes de tráfico, personas que han sido virtualmente esclavizadas y sin embargo, las califican por prostitución”, señala Mazzola.
Otro aspecto importante del desarrollo de las leyes de inmigración en los últimos años es la continuada muerte de los migrantes al cruzar en zonas peligrosas como las montañas de Arizona, un problema que se inició a mediados de los noventa y que a pesar que ya no se comenta demasiado, prosigue sin pausa.
“No, esto no ha parado. De hecho el médico forense de Pima county en Arizona nos dijo que el año 2010 fue hasta ahora el peor en muertes en la frontera, se recuperaron 231 cuerpos”, apuntó Mazzola.
Amnistía Internacional estima que sumando la cifra que tienen las autoridades de Estados Unidos, con las de México y de organizaciones no gubernamentales, unas 6,000 personas han muerto desde mediados de los noventa. “Y esos son solamente los cuerpos recuperados”, dijo.
El reporte también argumenta que en muchos de estos casos, Estados Unidos viola la letra y el espíritu de tratados internacionales que ha suscrito y también los más básicos derechos humanos.
“No es cierto que los indocumentados no tengan derecho por no tener papeles”, dijo Mazzola. “Todo ser humano tiene derecho a vivir o a no ser discriminado, por ejemplo. Estados Unidos también tiene los suyos a proteger sus fronteras, pero no usando medidas que resultan en la muerte de tantas personas y en la pérdida de sus derechos más básicos”.
Georgia allana acceso de ciertos inmigrantes a universidades
ATLANTA.- Legisladores del estado de Georgia eliminaron una disposición que hubiera prohibido el acceso de inmigrantes que residen ilegalmente en el país a universidades y otros centros de educación superior estatales de una de proyecto de ley de inmigración que se debate en la asamblea legislativa.
El patrocinador del anteproyecto el senador republicano Barry Loudermilk, dijo que la falta de respaldo por esa cláusula demoraba la aprobación del proyecto de ley en la legislatura y él manifestó a los líderes de la asamblea que no se opondría eliminarla.
“Hay otras disposiciones dentro del anteproyecto necesarios para hacer más eficientes el proyecto de identificación y también de seguridad”, destacó Loudermilk.
El nuevo anteproyecto hace algunas modificaciones a un intento de ley del año pasado, que abordaba la inmigración ilegal, principalmente sobre los requisitos para quienes solicitan asistencia pública y presenten documentos aceptable para realizar ciertas transacciones oficiales. La cámara de representantes estatal concluyó su sesión el martes sin debatir el proyecto. Pero si fuese aprobada el jueves, tendría que pasar al Senado para su aprobación.
El proyecto de ley establece que los solicitantes de beneficios públicos, tales como alimentos gratuitos o licencias de conducir, deben presentar documentos verificables válidos. Asimismo establece que los ciudadanos estadounidenses que solicitan un beneficio público no tienen que volver a presentar documentos cada vez que requieran el servicio.
Entre los documentos verificables figuran pasaportes expedidos por un gobierno extranjero siempre y cuando vayan acompañados de documentos federales de inmigración que prueben que la persona reside legalmente en el país.
Un gran número de personas, entre ellos el presidente del sistema universitario de George brindaron testimonios que objetaban las disposiciones de limitar a los inmigrantes sin permiso legal para vivir en Estados Unidos el acceso a las instituciones estatales de educación superior.
Entre las entidades educativas figuran cinco universidades y otros centros superiores de Georgia donde los inmigrantes sin permiso legal podrían matricularse pagando las mismas mensualidades que los estudiantes residentes en el estado.
Piden a Corte Suprema declarar inconstitucional ley SB1070
Una coalición de 11 estados liderados por Nueva York presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una instancia jurídica que alega la inconstitucionalidad de la ley migratoria SB1070 de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, junto con los fiscales generales de California y otros nueve estados, presentó el recurso sumándose así al rechazo que a nivel nacional ha recibido esa controversial ley en vigencia desde hace más de un año.
“Un fallo a favor de la ley de Arizona sería autorizar y alentar a otros Estados, en todas partes del país, a promulgar sus propias versiones de la SB 1070, refleja sus propias y conflictivas preferencias de expulsión. Ante este mosaico de competencias, inconsistente, y las políticas irreconciliables de remoción, socavaría totalmente la provisión del Congreso para establecer la dirección y la supervisión federal en todo el país “, argumentaron los estados en el documento.
Nueva York y California, hogar de algunas de las mayores comunidades de inmigrantes del país, tanto documentado como indocumentado, tomaron el liderazgo de un grupo de 11 estados que se oponen a la ley de Arizona. Los otros estados que se unieron a la iniciativa son Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode Island y Vermont.
Angelo Falcón, presidente del Instituto Nacional de Políticas Latinas (NILP), consultado por AOL Latino estimó que la presentación del recurso judicial “amigo de la corte” por parte de once fiscales generales cuestionando la constitucionalidad de la ley anti-inmigrante de Arizona SB 1070 es una indicación de que más y más gente en este país están conscientes que un estado individualmente, no puede sustituir a la reforma nacional de inmigración integral.
“Una legislación como la SB 107 sólo sirve para hacer la política nacional de inmigración más disfuncional y aumenta los abusos contra los latinos y otros grupos de personas afectados desproporcionadamente por sus políticas punitivas”, destacó Falcón.
Falcón añadió que, “esta acción de los fiscales generales es también una indicación de la creciente influencia política de la comunidad latina, ya que los líderes políticos del estado ven a los latinos como un segmento importante para el futuro bienestar de sus propios estados. Esta es una manera de demostrar que los latinos son una parte integral de esa nación”.
“La ley anti-inmigrante de Arizona podría tener un impacto dramático en otros estados si se confirma. Podemos ver al momento a miles de inmigrantes que huyen de Arizona, Alabama y Carolina del Sur y concentrándose en estados como Nueva York y California” observó Pat Young, director del Centro de Refugiados Centroamericanos (CARECEN). Young coincidió que es positivo que los fiscales generales quieran hacer preservar que la aplicación de la ley de inmigración se mantenga como un asunto federal.
“Eric Schneiderman está en lo correcto, la ley de Arizona es inconstitucional. También ha sido una forma económicamente catastrófica de sabotear las aportaciones económicas que los inmigrantes han venido haciendo a Arizona”, dijo Maryann Sinclair Slutsky, directora ejecutiva de Long Island Wins, una organización no lucrativa pro inmigrantes y defensora de los derechos civiles.
Sinclair Slutsky agregó que “Nueva York tiene la oportunidad de ir en la dirección opuesta mediante la maximización de contribuciones de los inmigrantes con la legislaciones como el New York Dream Act”.
“Nueva York es un estado fundado por inmigrantes, construido por los inmigrantes y en la actualidad casi el 40% de nuestra población son inmigrantes”, dijo el concejal Ydanis Rodríguez.
Rodríguez integra el Comité de Inmigración del concejo agregó, “así que cuando los neoyorquinos ven en otras partes del país que se despoja a los inmigrantes de sus derechos, no hay duda de que tenemos que actuar. A medida que la Corte Suprema se prepara para decidir sobre el desafío del Departamento de Justicia de la SB1070, aplaudo el esfuerzo del fiscal general por ratificar que Nueva York está con los inmigrantes de Arizona al decir que esta ley no se debe aplicar”.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Se Hace Camino Nueva York, entre otras organizaciones pro inmigrantes se han adherido al rechazo a la ley migratoria SB 1070 de Arizona.
El recurso presentado se basa en el principio “amicus curiae” (amigos de la corte), figura que se utiliza en los litigios para expresar la opinión de un tercero y dar luces al ente judicial para que tome una decisión y profiera el fallo.
Entre los argumento presentados por los fiscales liderados por Schneiderman en el caso de Arizona, se sostiene que los estados tienen amplia autoridad para promulgar y aplicar una amplia variedad de leyes que afectan a los inmigrantes, pero sólo el gobierno federal puede establecer y supervisar una política de expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
En otro acápite el documento destaca que el congreso puso al poder ejecutivo federal a cargo de la aplicación y la supervisión de una política de inmigración a nivel nacional con prioridades específicas. Como parte de esa política, el Poder Ejecutivo supervisa los esfuerzos de cooperación con los estados para identificar, arrestar y detener a inmigrantes indocumentados con fines de expulsión. Pero bajo la ley federal, los estados no podrán desarrollar sus propias prioridades, sin la supervisión federal.
El Fiscal General Schneiderman y la coalición de estados enfatizan que estas preocupaciones explican la decisión del Congreso para fijar las prioridades de control y de delegar al Poder Ejecutivo poder discrecional sobre el nivel adecuado de las medidas de aplicación de la ley.
Sería imposible cumplir o poner en práctica esas prioridades y juicios, si cada estado podría simplemente optar por hacer valer sus propias prioridades y su propio nivel de actividad en la aplicación de la ley, sin ningún tipo de supervisión federal, subraya finalmente el documento de los fiscales.
El recurso legal se produce a poco menos de un mes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el futuro de la SB 1070 que fue demandada por el Departamento de Justicia a consecuencia de lo cual, un juez federal de Arizona bloqueó cuatro literales de esa ley, entre ellas, el que dispone que las autoridades locales puedan cuestionar el estatus migratorio de las personas que consideren son indocumentados.
En efecto para el 25 de abril está pautada una audiencia donde se espera que la gobernadora republicana de Arizona Jan Brewer defienda su tesis, según la cual, cada estado tiene el derecho constitucional de proteger a su gente.
De su parte el gobierno federal alega que la ley de Arizona entra en conflicto con las políticas y la ley federal, y al menos dos tribunales federales inferiores estuvieron de acuerdo.
La ley SB 1070, requiere a los agentes del orden de Arizona desarrollar sus propias medidas de aplicación para ayudar a la expulsión – incluyendo arrestos y detención de las personas que parecen ser inmigrantes indocumentados – sin ningún tipo de supervisión federal, y sin tener en cuenta las prioridades de control federales.
La ley de Arizona también criminaliza cualquier trabajo (o intentos de encontrar trabajo) de los inmigrantes indocumentados, y cualquier incumplimiento por parte de esos inmigrantes de los requisitos de registro federales. A principios de enero, el concejo municipal de Nueva York promovió una resolución de condena a ley migratoria de Arizona y urgió al Tribunal Supremo a mantener la orden restrictiva que pesa sobre la norma.
Rechazan propuesta republicana sobre legalización jóvenes indocumentados
Washington.- Senadores demócratas rechazaron una propuesta de legalización de jóvenes indocumentados, impulsada por los republicanos, porque reduciría el número de beneficiados.
“Esa es una versión para darse cobertura política, pero no es una versión para realizar los sueños de estos muchachos”, dijo a Notimex el senador demócrata Robert Menéndez, luego de una reunión con empresarios hispanos.
El legislador republicano, David Rivera, impulsa un proyecto en la Cámara de Representantes para legalizar a jóvenes que se enlistan en las fuerzas armadas, y otra propuesta que beneficiaría sólo a menores de 18 años sin papeles.
El senador republicano Marco Rubio, mencionado como posible candidato a vicepresidente, indicó en su página web que analiza una manera de legalizar a los jóvenes, pero reiteró que rechaza el proyecto Dream Act porque proporcionaría una “inmigración en cadena”.
El Dream Act, que fue bloqueada a finales de 2010 por la minoría republicana y cinco demócratas en el Senado, buscaba beneficiar a 2.1 millones de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos, siempre y cuando se inscriban en la universidad o se enlisten en las fuerzas armadas.
“El problema de la visión de los republicanos es que no aceptan una vía a la legalización para estos estudiantes, y no entiendo cuál es la objeción para estudiantes que vinieron a este país, no por su propia decisión sino por sus padres”, dijo Menéndez.
Sostuvo que los jóvenes indocumentados se encuentran en una situación en la que “el único país que conocen es Estados Unidos, la única bandera que juran es la de Estados Unidos y el único himno nacional que conocen es el de Estados Unidos”.
Además de Menéndez, en la recepción del Equipo Demócrata de Iniciativas Hispanas del Senado (HTF) con miembros de la Cámara Hispana de Comercio (USHCC), participaron el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, y sus colegas Mark Begich, Michael Bennet y Charles Schumer.
Reid indicó por su parte que no aceptaría una versión reducida del Dream Act, y además rechazó medidas impulsadas en los estados que consideró que pueden suprimir el voto principalmente entre las minorías étnicas y raciales del país.
El senador Schumer afirmó que espera “pronto” una reforma migratoria, “porque los republicanos que están bloqueando todo, van a cambiar su punto de vista” debido a que muchos votantes latinos no votarán por ellos en los comicios presidenciales de noviembre próximo y tendrán que moderar sus posiciones.
Los senadores abordaron temas como el proyecto de ley de transporte del Senado, bajo el control de los demócratas, que enfrenta dificultades para su aprobación en la Cámara de Representantes, así como a extensión de la reducción de impuestos sobre la nómina.
Los temas incluyeron también el proyecto de ley para Empleos de Empresas Pequeñas, y la ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, cuya constitucionalidad analizará la semana próxima la Suprema Corte de Justicia.
El senador Menéndez expresó su confianza de que los magistrados del máximo tribunal ratifiquen la ley de reforma de salud, uno de los principales logros del presidente Barack Obama, al afirmar que otras cortes inferiores han indicado que el gobierno federal tiene el poder de instrumentarla. 
De braceros a indocumentados: Leyes aumentaron inmigración ilegal
Estados Undidos tiene hoy 11 millones de indocumentados, más que nunca antes en su historia, pero el crecimiento de esta población no respondió simplemente a un aumento en la entrada de personas sin papeles, sino a cambios en las leyes cuyo objetivo era “resolver” el problema y en realidad logró todo lo contrario.
Esa es la conclusión de un estudio publicado por la Universidad de Princeton encabezado por el sociólogo Douglas Massey y Karen Pren, de la Oficina de Investigaciones sobre Población de Princeton.
“Todo comenzó a mediados de los años sesenta, cuando prácticamente no había inmigración sin papeles o si la había, iba y venía, sin quedarse aquí permanentemente”, explicó Massey en una entrevista telefónica.
“Existía el Programa Bracero, que con todos sus problemas, permitía a 450,000 mexicanos trabajar legalmente cada año en Estados Unidos. Había quizá otros 50,000 inmigrantes legales”.
Ese programa se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para suplir la mano de obra que hacía falta en las cosechas y otros trabajos. Su efectividad y popularidad –sobretodo entre las empresas agricultoras- hicieron que el programa se extendiera hasta mediados de los años sesenta.
La mayoría de esos braceros iban y venían entre Estados Unidos y México y no se establecía permanentemente aquí, pero cuando el programa terminó, dice el estudio “se acabó la disponibilidad de migrantes o trabajadores, pero no la necesidad de la economía y de los negocios en Estados Unidos en contratarlos”.
En otras palabras, los inmigrantes que antes eran “braceros” o trabajadores temporales se convirtieron a partir de entonces en “inmigrantes ilegales” y por consecuencia se les apuntaba con el dedo como problema.
Ese mismo año de 1965 se aprobó una nueva ley de inmigración que creó cuotas máximas de inmigración legal por país de 20,000 personas cada año para todos los países del mundo. Anteriormente, las cuotas migratorias de Estados Unidos estaban dictadas por los vaivenes políticos y los prejuicios del momento. Por ejemplo, las leyes de 1924 estaban diseñadas para evitar la inmigración de personas de ciertas zonas de Europa que eran, en su momento, consideradas “indeseables”: judíos, italianos católicos y otros.
La reforma de 1965 tenía la intención de eliminar esos prejuicios raciales, pero junto a la eliminación del Programa Bracero tuvo otra consecuencia inesperada: aumentar la inmigración ilegal de México.
“Antes tenías 450,000 braceros y 50,000 inmigrantes legales de México. A partir de 1965 se acabaron las visas para braceros y se redujeron a 20,000 las visas para mexicanos”, dijo Massey. “Lo que pasó entonces ya lo sabemos, esos mismos mexicanos siguieron viniendo, pero ilegalmente. Las condiciones económicas y la oferta de trabajo en Estados Unidos no había cambiado”.
Pero la cosa no termina ahí. Según el análisis y estudios de Masse y Pren, el aumento de la inmigración sin papeles generó toda una dinámica mediante la cual los políticos, medios de comunicación y burócratas interesados en promover sus trabajos, su elección o sus contenidos, apuntaron hacia la inmigración sin papeles y decidieron que era una “amenaza”, cuando antes simplemente eran trabajadores que iban y venían.
“En 1979 la inmigración sin papeles se había estabilizado porque ya se habían regularizado los flujos, pero entonces los políticos, medios y otros comenzaron a usar el tema de la gran amenaza latina ilegal para sus propios fines y ahí es cuando comienza poco a poco a ponerse más atención al asunto y a pedir más y más fondos para la frontera”, dice Massey.
Como lo explica el estudio, la inmigración indocumentada continúa relativamente estable durante los años ochenta y noventa, aunque situaciones periódicas generan aumentos más o menos temporales. Caso especial son las guerras en Centroamérica en los años setenta y ochenta, que trae a cientos de miles de refugiados que de otra manera no hubiesen venido a establecerse aquí.
“En los noventas vemos el inicio de la amenaza terrorista, y más razones para establecer leyes que limiten la inmigración, aunque los terroristas no eran los inmigrantes”, señala Massey.
Los reforzamientos fronterizos periódicos motivados principalmente por la política, contribuyeron a cementar un sistema que produce más “indocumentados” que inmigrantes legales.
Hoy en día estamos es un momento de estancamiento: la inmigración ilegal se ha paralizado, en gran medida por la recesión económica y 11 millones de indocumentados viven en un limbo sin aparente salida y sin voluntad política de solución una situación que, en opinión de Massey “no es buena para el país”.
Caminata de cinco mil kilómetros por la aprobación del Dream Act
SACRAMENTO, California.- Tras recorrer las primeras 100 millas de lo que será una larga caminata de 3,000 millas rumbo a Washington, DC para presionar por la aprobación del DREAM Act y una reforma migratoria, cinco jóvenes indocumentados llegaron al Capitolio estatal.caminata de cinco mil kilómetros
Fueron recibidos entre los aplausos de los legisladores demócratas en el pleno de la Asamblea Estatal donde los presentó el líder de la bancada latina, Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens).
“Los invitamos al Capitolio para decirles que en California los estamos apoyando y que aquí les damos los recursos para que sean exitosos”, dijo Lara a La Opinión.
Los jóvenes salieron del puente Golden Gate de San Francisco el 10 de marzo enarbolando lo que han llamado la Campaña por el Sueño Americano que busca presionar para que se apruebe el DREAM Act, una ley que permitiría a los estudiantes indocumentados graduados de secundaria legalizar su estatus migratorio. La caravana de jóvenes planea llegar a la capital del país en la víspera de las elecciones del 2 de noviembre, tras recorrer 13 estados.
“Hemos visitado Dixon, Davis, Vallejo y otras ciudades más pequeñas [de California] y aquí en Sacramento queremos pedirle a los legisladores su apoyo para el DREAM Act”, dijo Lucas Da Silva, uno de los jóvenes indocumentados participantes. Da Silva, de 24 años, es de Brasil y fue traído por sus padre al año de nacido.
Actualmente radica en Orlando, Florida donde estudia Ciencias Políticas y Filosofía.
“Estoy participando en esta marcha porque hace tres años deportaron a mi padre y sé que como yo hay miles de niños y jóvenes que son separados de sus familias”, expuso.
Otro de los participantes, Alex Aldana de 25 años, es un inmigrante indocumentado gay que trabaja como organizador comunitario de jóvenes latinos para la prevención del sida y VIH.
Aldana llegó a los 15 años y vive en Coachella. “Quien más me motivó a participar en esta caminata fue mi mamá que también es indocumentada y trabaja en las pizcas y restaurantes”, comentó.
José Luis González, de 25 años, es un joven indocumentado de San Diego que estudia Sociología. Fue traído por sus padres a los cinco años.
“Los Estados Unidos ha puesto mucho en mi educación y siento que si me deportan, el país perdería mucho”, comentó.
Jonatan Martínez, de 25 años, fue traído por sus padres cuando tenía cuatro años. Se graduó de Administración de Empresas y se encuentra en proceso de deportación. “Yo vengo de Georgia donde las leyes están ahora muy difíciles contra los estudiantes indocumentados. Lo que quiero es que la gente vea que queremos, con educación, retribuirle a este país porque es el único que conocemos”, indicó Martinez, quien supo que era indocumentado a los 17 años.
A Nicolás González, de 25 años y radicado en Chicago, sus padres lo trajeron a los cinco años de edad. “Me involucré en esta lucha cuando mi mamá falleció hace dos años de cáncer de pulmón”, afirmó.
La única mujer y la única ciudadana entre los marchistas es Raymi Gutiérez de Salt Lake City, Utah. Ella dijo que ella decidió participar porque tiene dos hermanos que son indocumentados.
Los estudiantes sobreviven de las donaciones que reciben en las ciudades a las que llegan.
Resalta Calderón trabajo de migrantes mexicanos en economía EE.UU.
Jerez, Zac.- El presidente Felipe Calderón destacó el trabajo de los mexicanos que migraron a Estados Unidos desde los años 40 hasta 2000 y reiteró que no se puede entender la prosperidad de ese país si no fuera por la mano de obra mexicana, “que hizo la diferencia”.
Durante la entrega de apoyos sociales a ex trabajadores migratorios mexicanos, el mandatario aseguró que esas personas “no van a Estados Unidos a quitar alguna riqueza de aquel país: al contrario, van a aportar riqueza”.
“No, no fueron los migrantes mexicanos a traer riqueza o a quitar algo a la sociedad americana; al contrario, es mucha la riqueza que los mexicanos han aportado a la economía de aquel país, de Estados Unidos”, insistió.
El Ejecutivo federal recordó que hace muchos años, en 1942, el gobierno de Estados Unidos invitó a jóvenes mexicanos a trabajar en ese país, aunque esa sea una palabra que “se les olvida a los americanos muy fácil”.
Definió que los llamados braceros “no fueron ningunos colados, ni inmiscuidos, ni metiches en Estados Unidos, y por eso se les debió haber tratado y se les debe de tratar hoy a los migrantes mexicanos como lo que son, como invitados”.
Asimismo recordó que los trabajadores mexicanos que estuvieron de 1942 a 1964 a Estados Unidos se les descontó 10 por ciento de su sueldo y esos recursos fueron entregados al gobierno mexicano. “¿Saben dónde quedó ese dinero? No, no saben dónde quedó y yo tampoco”, externó.
Calderón Hinojosa mencionó que por ello se llegó al acuerdo de integrar un padrón con 193 mil personas, a las cuales se les entregarán 38 mil pesos, que no son “una dádiva” ni “una caridad” sino un derecho.
Con ese objetivo propuso al Congreso de la Unión una partida de tres mil 800 millones de pesos para el presupuesto del presente año, “y hoy estamos saldando esa deuda”.
En su oportunidad el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré Romero, dio a conocer que el gobierno federal entregará en Zacatecas este apoyo social a siete mil 660 ex braceros o a sus legítimos herederos.
“Con esta entrega, además de hacerle justicia a los ex braceros, estamos ayudando a continuar el sueño que todos, todos los braceros tuvieron para darle a sus familias un futuro mejor”, expresó.
El presidente Felipe Calderón recordó al final de su discurso el poema “Suave Patria”, de Ramón López Velarde, oriundo de estas tierras, y tras leer tres rimas, retomó algunas frases del escritor.
“Yo le digo a Jerez y a Zacatecas lo que el propio López Velarde le decía a la Patria, y con eso termino, cuando le daba un consejo: Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. Y yo le digo a Jerez y a Zacatecas: sé siempre fiel a tu espejo diario”, concluyó.
Directrices deportación: Gabino Sánchez y la ‘discrecionalidad’ migratoria
Sosteniendo firmemente en una mano el memorando que John Morton, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmó en junio del año pasado, con las guías de discreción judicial para establecer prioridades respecto a la deportación de indocumentados, el congresista Luis Gutiérrez se paró en los terrenos exteriores de la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, con el propósito de abogar para que se pare la expulsión del país de un padre de familia mexicano.
Lucido como nunca, Gutiérrez espetó que Gabino Sánchez encarna las injusticias de este sistema roto de inmigración que convierte en víctimas a los trabajadores honestos. Sánchez, quien llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, tiene una esposa indocumentada y dos hijos nacidos aquí en territorio estadounidense.
Como en el caso del protagonista de la película “Una vida mejor”, que interpretó el actor Demian Bichir, Gabino terminó en proceso de deportación por no poseer licencia de conducir.
Lo único es que la policía de la localidad de Ridgeland, en Carolina del Sur, se ensañó con el mexicano, al que paró en seis ocasiones y la última a la entrada del complejo de casas móviles que habita.
Gabino pagó cumplidamente más de 3 mil dólares en multas y gastos de corte, lo cual hizo que Gutiérrez enfatizara que se trató claramente de un caso de perfil racial. “Lo que sucede es que los policías, ya conocían a Gabino”, apuntó.
El abogado del mexicano, Marty Rosenbluth explicó que si se hubieran seguido las indicaciones del memorando de Morton, Gabino no estaría ad portas de una deportación.
El problema es que los oficiales de ICE consuetudinariamente se hacen de la vista gorda en relación a las órdenes de su jefe.
El memorando de Morton contiene 19 factores a considerar para ejercer la discreción judicial para evitar la deportación de gente que le está haciendo bien al país y para que los deportadores se enfoquen en la expulsión de extranjeros indocumentados criminales.
Entre las consideraciones está la edad en que llegó la persona a Estados Unidos, si alguno de sus familiares está en las fuerzas armadas estadounidenses, si tiene vínculos a la comunidad y aporta al bien común, si tiene hijos ciudadanos, si ha observado un buen comportamiento.
Pero tanto los agentes de ICE, como sus fiscales se pasan por la faja esas directrices.
Tras el memorando, la administración anunció la revisión de 300 mil casos de indocumentados a los que se les podría tener en cuenta para la discreción judicial.
Por eso en diferentes ciudades se están creando comités de las organizaciones de base para verificar si la acción administrativa prometida por el presidente para aliviar tanto dolor, tanta separación familiar se cumple, o es un fuego fatuo, que resulta trucho por la forma como la aplican los funcionarios de menor rango.
En Charlotte, la iniciativa la encabeza Jess George, una pelirroja, pecosa, de ojos verdes, con corazón hispano, que dirige la Coalición Latinoamericana.
Falta saber si los criterios ordenados por Morton, en el memorando, aplican para los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras.
A Gabino le fijaron una nueva aparición en corte para el 15 de mayo. Si lo deportan, quedarán en entredicho las buenas intenciones del presidente, que recibirían la cachetada de la realidad.
Quejas sobre los “vaqueros de ICE” y sus prácticas fue las que recibió una delegación de la Casa Blanca, en Durham, también en Carolina del Norte, durante un foro, que impulsó la dirigente Andrea Bazán.
Entre las representantes de Washington estaba la abogada Esther Olavarría, quien trabaja ahora para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esther, un sol de persona, luchó denodadamente por la fallida reforma migratoria de 2007 y su desempeño se puede ver en la cinta “El Trato de los Senadores”, que presentó la cadena HBO.
Olavarría, junto a la nieta de César Chávez, Julie Rodríguez Chávez, quien trabaja en la Casa Blanca, escuchó pacientemente los lamentos derivados del más de millón de deportaciones realizadas durante la presidencia de Obama.
