Archive for Derecho penal
Juez de EE.UU. pospone fallo sobre ley de inmigración de Utah
SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU.- Un juez federal de Estados Unidos pospuso una decisión sobre la aplicación de la ley de inmigración de Utah hasta después de que la Corte Suprema se pronuncie sobre una ley similar de Arizona.
El juez federal de distrito Clark Waddoups afirmó que existen suficientes similitudes entre las leyes de Utah y Arizona para justificar la demora. La orden previa de dejar en suspenso la ley de Utah se mantendrá.
El máximo tribunal de justicia norteamericano tiene agendado escuchar argumentos sobre la ley de Arizona en abril y se espera que emita su determinación en junio.
Abogados del Departamento de Justicia y grupos defensores de derechos civiles dijeron que la ley de inmigración de Utah usurpa la autoridad federal y viola los derechos civiles. Representantes legales de Utah sostienen que la ley estatal es constitucional y que simplemente refleja la ley federal.
La ley busca que las personas arrestadas por delitos graves demuestren su ciudadanía, pero otorga a la Policía libre albedrío con respecto a personas que cometan delitos menores. .
Participará sindicato de EE.UU. en actos contra ley antiinmigrante HB 56
Washington, D.C.- El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) estadunidense anunció hoy que se unirá a organizaciones civiles que realizarán eventos en marzo próximo para pedir la revocación de la ley antiinmigrante HB 56 de Alabama.
El gremio indicó en un comunicado que la ley antiinmigrante de Alabama es un retroceso a los tiempos del odio racial y la división, “la época en la que las personas eran golpeadas o asesinadas por (exigir) el derecho a votar, durante las marchas de 1965″.
La ley HB 56 criminaliza a la inmigración indocumentada, faculta a la policía a detener a personas que sospeche se encuentran de manera ilegal en el país, y permite que las escuelas verifiquen la situación migratoria de alumnos y padres de familia.
La organización sindical apuntó que sus miembros están trabajando en la movilización de hispanos y afroestadunidenses en contra de la injusticia racial y la inequidad social, escondida en la supresión del voto y la legislación antiinmigrante.
El SEIU indicó que comenzará su campaña el 4 de marzo próximo, con un mitin para conmemorar el “domingo sangriento” de 1965 en Selma, Alabama, cuando una manifestación por el derecho al voto para los afroestadunidenses fue reprimida violentamente por la policía.
Las actividades culminarán el 9 de marzo próximo en Montgomery, la capital de Alabama, con un mitin para hacer demandas sociales y económicas.
Rimalower: Otro ataque encubierto contra los inmigrantes
La decisión de un juez del Tribunal Superior de Arizona que le prohibió a Alejandrina Cabrera,una candidata a concejal del municipio de San Luis,Arizona , integrar una lista electoral debido a lo que él llamó “amplia brecha” entre su dominio del inglés y los requisitos del cargo pone de manifiesto lo irónico del debate sobre la comunicación en la esfera pública.
Durante los más de treinta años que me he dedicado a los idiomas, primero como intérprete, traductor y editor, y luego como presidente de una empresa proveedora de servicios de idioma para las industrias de los servicios financieros y de atención médica, entre otras áreas, he podido observar lo que percibo como una “falta de comunicación” constante e intencional entre los funcionarios públicos y los ciudadanos a quienes son elegidos para representar.
Si bien ya pasó bastante tiempo, tengo muy presente una audiencia pública programada a fines de los años ochenta con el propósito de analizar la posibilidad de instalar un incinerador de residuos tóxicos en la ciudad de Vernon – ocho millas al sur del centro de Los Angeles – al lado de la fábrica de salchichas y fiambres de Oscar Mayer y otras empresas procesadoras de alimentos.
La única notificación de la audiencia había sido publicada en un periódico de Chicago –en inglés solamente, por supuesto– aunque se trataba de una decisión que afectaría la salud y el bienestar de miles de residentes de la región este de Los Angeles, de los cuales muchos hablaban solamente español. En la audiencia inicial no se suministró ningún intérprete de español. Recién cuando llegaron los activistas acompañados de cientos de seguidores (conmigo como intérprete) se pudo escuchar o comprender la opinión de la amplia mayoría de los ciudadanos.
Prohibir a un candidato a un cargo público en una ciudad como San Luis, Arizona, donde el 99% de la población habla español, es el colmo de las ironías. ¿No sería mucho más lógico pedirles a los concejales que hablen y comprendan español, en lugar de que tengan un determinado nivel de dominio del inglés?
Exigirle a un funcionario público que pueda comunicarse en un idioma que solamente una minoría de la población de la ciudad entiende refleja lo absurdo del debate actual sobre el acceso al idioma en los Estados Unidos. Es más, el nivel de dominio en este caso es, como mucho, subjetivo, y desde ya poco claro.
Aunque no cabe duda de que el inglés es el idioma preponderante en la sociedad estadounidense, y deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los inmigrantes y otras personas que no hablan inglés a aprender el idioma y comunicarse bien, no hay ningún motivo para discriminar a nuestros ciudadanos –y sus representantes– que no hablan inglés como idioma nativo. Vivimos en una sociedad cosmopolita, formada por inmigrantes, que se basa en el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse en democracia. Negarle el acceso a los ciudadanos o a los funcionarios públicos al gobierno representativo es una medida completamente injustificada.
Otra ironía del caso es que el informe que reveló la falta de dominio del idioma de la candidata se basó en una evaluación realizada por un sociolingüista nacido en Australia. Esto plantea un interesante interrogante: si comprender un acento o una jerga en particular es parte de la prueba de nivel. Por ejemplo, ¿podrían aprobar las pruebas de nivel en inglés estándar los oficiales públicos de determinadas zonas geográficas o ciertos grupos étnicos, dadas las diferencias de vocabulario e incluso gramaticales que existen dentro del propio idioma?
La principal prueba del nivel de competencia de los funcionarios públicos para desempeñarse como tales tendría que evaluar su capacidad para representar eficazmente a sus propios ciudadanos. Podría decirse que una concejala hispanoparlante con dominio limitado del inglés está, como mínimo, tan capacitada para representar a los ciudadanos de habla hispana como un hablante nativo de inglés con dominio limitado o nulo del español.
Lo que más me preocupa es que esta controversia idiomática –como muchas otras de los últimos tiempos– podría ser un ataque encubierto más contra los inmigrantes. En un país fundado y construido por inmigrantes, muchos de los cuales llegaron sin saber una palabra de inglés, nuestro futuro dependerá de la posibilidad de brindarles una oportunidad a todos los habitantes de nuestro país, incluidos aquellos que recién están aprendiendo el idioma.
En lo que respecta al dominio del idioma y la comunicación intercultural efectiva, hay muchas herramientas a nuestra disposición para educar e informar a las personas que no hablan inglés, e integrarlas al idioma y la cultura estadounidenses. Pero cuando el idioma tiene el potencial para ser usado como una forma de discriminar a las personas que no hablan inglés o excluirlas de los debates democráticos, son todos los ciudadanos estadounidenses los que sufren.
Panel de Utah considera repeler ley para trabajadores huéspedes
SALT LAKE CITY.- Un panel de senadores de Utah archivó un proyecto de ley que buscaba repeler un programa controversial que permitiría a los inmigrantes sin documentación vivir y trabajar en el estado.
El Comité de Servicios de Fuerzas Laborales votó unánimemente en contra de enviar el proyecto al Senado en pleno para su debate el jueves.
El senador republicano Steve Urquhart, de St. George, patrocinador del proyecto, dijo que el programa de trabajadores invitados recompensa a personas que transgreden la ley.
El programa fue promulgado en marzo por el gobernador Gary Herbert. No entra en vigencia hasta el 2013 y requiere que el estado solicite una exención federal, que no ha sido concedida.
El programa permitiría a los inmigrantes sin documentación para estar en el país, que no hayan cometido otros delitos y que tengan un trabajo estable, permanecer en el estado con sus familiares inmediatos.
Senado Nuevo México aprueba propuesta demócrata de licencias
SANTA FE, Nuevo México, EE.UU.- El Senado ha aprobado una propuesta para imponer nuevas restricciones en la expedición de licencias de automovilista a los inmigrantes que carecen de permiso para residir en el país.
Los demócratas impulsaron la medida como una alternativa a una propuesta de la gobernadora republicana Susana Martínez, que buscaba impedir que Nuevo México expidiera licencias a los inmigrantes sin autorización para encontrarse en Estados Unidos.
El Senado aprobó el proyecto demócrata el lunes por la noche, por una votación de 27-15. Un demócrata, el senador John Arthur Smith, se unió a los republicanos para oponerse a la medida.
Con la propuesta, se seguirían expidiendo licencias a los inmigrantes carentes de autorización, pero se requeriría tomar las huellas dactilares a los solicitantes, y los permisos no tendrían una vigencia superior a un año. El estado puede también cancelar licencias expedidas previamente a extranjeros si no residen ya en Nuevo México.
La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Representantes, que ha rechazado una propuesta similar. La gobernadora se opone también a la medida aprobada por el Senado.
Más leyes anti inmigrantes: Rechazan matrícula consular en bibliotecas
A los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, no solo les quieren despojar de la ciudadanía estadounidense, a la que tienen derecho por haber nacido en territorio de este país, o arrebatar les los mil dólares de crédito tributario, que les asigna la ley si sus padres presentan los impuestos con un número de identificación asignado por el Servicio de Rentas Internas (IRS).
Esas iniciativas malévolas, promovidas por los pesos pesados del movimiento antiinmigrante en Washington DC, no bastan.
También hay funcionarios de rangos inferiores, que aportan sus gotas de hiel para perjudicar a infantes indefensos. La autora de un nuevo disparate es M.J. Wilkerson, directora del Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Alamance, ubicado en el estado donde vivo, Carolina del Norte.
La señora Wilkerson ha decidido excluir la matrícula consular mexicana como documento viable para obtener la credencial de las bibliotecas que administra, que es el aval para que los padres de familia saquen libros y materiales audiovisuales con los que sus retoños pueden ampliar sus conocimientos.
“No reconocemos la matrícula consular o las identificaciones internacionales como documento de identidad para obtener un carné de biblioteca”, consignó Wilkerson en un correo electrónico que le envió a la corresponsal de la agencia EFE en Carolina del Norte, quien la indagó sobre el tema.
La directora argumenta -para sustentar esa práctica- que la matrícula “no valida el estatus legal” de los solicitantes, con lo que asume funciones de juez de inmigración para suministrar un servicio para el que se debería tener un criterio de universalidad de acceso.
Para la señora del condado de Alamance la matrícula no es buena, así sea aceptada por Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), y por sistemas de bibliotecas de lugares mucho más cosmopolitas como el de Queens en Nueva York o el de Los Angeles en California.
Con su rechazo a las identificaciones de otros países diferentes a México, Wilkerson está vetando documentos que varias naciones impulsaron en la década pasada, como la matrícula consular argentina, la matrícula de ciudadano brasileño, la tarjeta de registro consular colombiana y la tarjeta de identificación consular guatemalteca.
La medida, que tomó Wilkerson, con el despegue de 2012, contrasta con las palabras con que se presenta este año la entidad que dirige en su sitio de internet: “El Sistema de Bibliotecas Públicas de Alamance provee un acceso gratuito y libre a conocimientos duraderos, recursos para el diario vivir y el placer de la lectura en un ambiente de bienvenida”.
Y agrega: “Nuestras colecciones, servicios y programas mejoran la calidad de la vida de individuos, familias y comunidades”.
Claro que en esa visión de la bibliotecaria mayor de Alamance, de servicio y bienvenida, no están incluidos los portadores de la matrícula consular mexicana o documentos similares de otros países, porque el acceso al saber requiere papeles que certifiquen un estatus migratorio.
Aunque parezca la movida baladí de una funcionaria local desorientada, lo ocurrido en Alamance encarna un sentimiento sórdido y mezquino contra un grupo nacional en particular.
Clarísimo que está dirigido contra los mexicanos y por añadidura contra los nacionales de otras patrias que han tenido que recurrir a identificaciones expedidas por sus consulados porque carecen de estatus migratorio en Estados Unidos.
Y los tipos no deben ser tan malos, porque quienes intentaban que se les expidiera del carné de la biblioteca, y se les negó, no tenían el propósito de cometer un ilícito, sino contribuir a la educación de sus hijos.
En su defensa, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Alamance ha afirmado que no niega la expedición del carné a los menores de edad sino a los adultos, pero acaso: ¿un niño de 6 años está capacitado para tramitar el documento?
Alabama: Niegan cupones de alimentos a hijos de indocumentados
MONTGOMERY, Alabama, EE.UU.- Los funcionarios de algunos condados de Alabama están utilizando la nueva ley de inmigración del estado para negarle cupones de alimentos a los hijos de inmigrantes sin papeles, denunció la fiscal general del Southern Poverty Law Center.
En una carta enviada a los funcionarios estatales, Mary Bauer dijo que a algunos menores de edad se les han negado los beneficios de cupones para alimentos en los condados de Jefferson y Marshall, porque no contaban con documentación de que sus padres tienen la residencia legal.
Bauer dijo que estos hijos eran ciudadanos de Estados Unidos y por lo tanto tenían derecho a recibir la ayuda.
La fiscal dijo que la confusión sobre lo que se requiere por la nueva ley, aprobada por la legislatura estatal el año pasado, “literalmente le está quitando ahora la comida de las bocas de los niños que son ciudadanos estadounidenses”.
La carta exige que el departamento de Recursos Humanos le aclare a los funcionarios de condados que no deben negarse a entregar esos cupones a los menores que son ciudadanos estadounidenses.
Barry Spear, vocero del departamento de Recursos Humanos, dijo que esa dependencia no tenía registro alguno de que las autoridades le estén negando cupones a ciudadanos con residencia legal, incluso si sus padres ingresaron al país ilegalmente.
Pudo gobierno mentir a Suprema Corte sobre deportaciones
Nueva York.- El gobierno de Estados Unidos pudo haber dado información “imprecisa o distorsionada” a la Suprema Corte sobre sus políticas migratorias, lo que posiblemente influyó en la decisión de deportar a miles de inmigrantes, señaló el juez Jed Rakoff.
El diario The Wall Street Journal explicó este viernes que el juez requirió al gobierno hacer públicos el próximo lunes correos electrónicos internos en los cuales los abogados del Departamento de Justicia generaron la información que presentaron a la Suprema Corte de Justicia en enero de 2009.
Entonces, el gobierno explicó que los inmigrantes que fueron erróneamente deportados no sufrirían de un “daño irreparable” si una corte de apelación les otorgaban de nuevo la condición migratoria que tenían antes de la expulsión y se les ayudaba a regresar al país.
Sin embargo, abogados del tema migratorio aseguran que no han sabido de casos en que clientes deportados hayan sido ayudado a regresar al país por una política específica del gobierno.
Abogados han señalado que muchos inmigrantes son deportados mientras sostienen juicios que apelan la decisión, y que una vez expulsados es probable que no puedan regresar de ganar el caso o ni siquiera se enteren de la decisión judicial que les pudiera favorecer.
El diario citó a Deborah Rhode, directora del centro de la profesión legal de la Escuela de Leyes de Stanford, quien explicó que “las implicaciones (de esta investigación) podrían ser serias si el gobierno no fue honesto” con la Suprema Corte.
Rhode opinó que el gobierno federal debería reconocer su error o bien “las políticas deben ser revisadas para que se conviertan en lo que el gobierno dijo que eran”.
Florida: Grupo critica a gobernador con valla sobre inmigrantes
MIAMI.- Un grupo de Florida que pide leyes más severas contra aquellos ilegalmente en el país está “agradeciendo” al gobernador Rick Scott por dar la bienvenida a inmigrantes ilegales.
El grupo sin fines de lucro Floridanos por el Cumplimiento de las Leyes de Inmigración presentó su mensaje sarcástico en una valla anunciadora que fue colocada el miércoles en la carretera Interestatal 75, entre la frontera de Georgia y la Interestatal 10.
La valla dice: “Bienvenidos Inmigrantes Ilegales. Les ofrecemos empleos, atención médica, educación y prestaciones”. La valla sugiere que los inmigrantes ilegales le agradecen al gobernador Scott.
Tiene además el conocido gráfico en amarillo y negro de una familia corriendo que a menudo es visto en caminos cerca de la frontera con México para alertar a los automovilistas sobre el cruce de inmigrantes.
La oficina del gobernador se negó a comentar sobre el anuncio.
El grupo está furioso de que las leyes que requerirían que las compañías en Florida usen un programa federal para identificar si un potencial empleado puede trabajar legalmente en el país se han estancado en Florida.
Críticos dicen que la tasa de errores es demasiado alta, y hacen notar que el programa hace poco para identificar a aquellos que usan el nombre y el número de Seguridad Social de otras personas.
Pero el director de asuntos legislativos del grupo, Jack Oliver, dice que el programa está siendo mejorado constantemente, y que el sistema está incorporando ahora pasaportes y otras formas de identificación con fotografías para reducir la capacidad de los inmigrantes ilegales de usar números de Seguridad Social robados.
Scott respaldó la legislación en la sesión del 2011, pero no ha parecido darle su apoyo este año.
Promotor de ley contra inmigrantes en Tenesí retira propuesta
Nashville, Tenesí, EE.UU. – El promotor de un proyecto de ley que buscaba que el estado de Tenesí considerara como delito grave el esconder o trasladar a un inmigrante sin residencia legal en Estados unidos retiró la iniciativa.
El proyecto estaba programado para ser sometido a votación el martes en la Comisión Judicial de la legislatura estatal.
Activistas a favor de los derechos de inmigrantes aplaudieron el cambio y lo consideraron una victoria. Un comunicado de prensa emitido por la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tenesí dijo que integrantes y partidarios habían pedido a sus legisladores que se opusieran a la propuesta.
El promotor de la iniciativa, el representante Tony Shipley, dijo que esas acciones no tuvieron ninguna relación con su decisión.
El republicano de Kingsport dijo que su principal preocupación era evitar el tráfico humano, pero descubrió que otros proyectos de ley que ya han sido presentados en esta sesión ya hacen frente a ese asunto.
La propuesta de Shipley reflejaba partes de una controversial ley de Alabama que es el tema central de varias demandas.