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DREAMers a Obama: ‘Usted tiene el poder de proveernos alivio administrativo’
Con una veintena de eventos a través de la nación y a seis meses de las elecciones generales, los Soñadores o DREAMers volvieron a la carga en sus esfuerzos de obtener un alivio administrativo de parte del presidente Barack Obama que los proteja de la deportación, como grupo, en tanto progresa el esquivo proyecto de ley DREAM Act que los legalizaría.
La campaña “El derecho a Soñar” se produce mientras el senador republicano de Florida, Marco Rubio, asegura que se apresta a presentar su versión del DREAM Act, una medida que no contemplaría un mecanismo de ciudadanía directo, pero que según el senador permitiría que los jóvenes se regularicen a través de las vías tradicionales. Se desconoce si la medida de Rubio tendrá el apoyo de sus colegas republicanos en el Congreso que hasta el momento han bloqueado los previos esfuerzos legislativos de avanzar el DREAM Act, el más reciente el diciembre de 2010.
Pero con la elección en puerta, la batalla por el voto latino en curso, y la posibilidad de un republicano presente un proyecto de ley sobre el DREAM Act, medida que tiene el apoyo de nueve de cada diez latinos, aumenta la presión para que el presidente Obama eche mano de su autoridad ejecutiva y gire una orden ejecutiva que proteja a los Soñadores de la deportación.
La Casa Blanca ha indicado previamente que el presidente no girará la orden porque le corresponde al Congreso legislar en torno al asunto.
El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció su política de discreción ejecutiva para priorizar las deportaciones y centrarse en verdaderos criminales y no en jefes de familia o estudiantes. Poner en práctica la teoría ha sido más complicado.
“La detención de Soñadores continúa”, afirmó Gaby Pacheco, coordinadora de United We Dream.
La semana pasada en el programa Al Punto de la cadena Univisión, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, declaró que el presidente haría más administrativamente en torno a los Soñadores y que ello ocurriría pronto.
Un total de 22 senadores demócratas firmaron una carta enviada al presidente Obama solicitándole que considere la acción diferida o suspensión de deportación para todos los jóvenes indocumentados que serían elegibles para el DREAM Act si el proyecto se promulgara.
Rubio es considerado como un potencial compañero de fórmula del virtual aspirante presidencial republicano, Mitt Romney, quien durante las primarias afirmó que de ser electo presidente vetaría el proyecto DREAM Act en su versión actual si llegara a sus manos.
Pacheco declaró que United We Dream apoya el hecho de que Rubio haya puesto el tema sobre el tapete, pero que no pueden indicar si apoyan o no la propuesta “porque no hemos visto el lenguaje”.
La joven activista afirmó que ambos partidos han utilizado a los inmigrantes como balón político y de campaña.
Pacheco también indicó que el tema migratorio ha colocado a los votantes latinos en una disyuntiva. De un lado la falta de acción en el DREAM Act sumada a la cifra récord de deportaciones bajo la administración Obama y que la promesa de reforma migratoria no se haya concretado, y del otro un Partido Republicano con un virtual candidato presidencial que sólo ha esbozado retórica antiinmigrante.
Según Pacheco, esto no ofrece a los votantes latinos una vía clara sobre a quién apoyar.
Las encuestas recientes evidencian el apoyo de los votantes latinos a Obama sobre Romney. La interrogante es si los latinos saldrán a votar en cifras suficientes en estados clave garantizando así la reelección del presidente.
El mensaje de Pacheco y de los Soñadores a Obama fue claro y contundente: “Nueve de cada diez latinos apoyan el DREAM Act. Necesitamos que transforme su apoyo de palabras en acción. El tiene la habilidad de firmar una orden ejecutiva y le estamos pidiendo que lo haga ahora porque no podemos perder un estudiante más en nuestra comunidad”.
EE.UU.: Jornaleras son víctimas de abuso sexual, dice reporte
FRESNO, California, EE.UU. (AP) — Las jornaleras en todo Estados Unidos por lo general son objeto de hostigamiento y agresión sexual, en parte debido a su condición migratoria que les cohibe de llamar a la policía, según afirma un reporte publicado el miércoles por el grupo Human Rights Watch.
La encuesta preparada por el grupo defensor de derechos humanos refleja dos informes previos sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas en particular en el área de California, donde residen la mayoría de jornaleros del país.
“Nuestra investigación confirma lo que los defensores de los jornaleros en todo el país creen: la violencia y el acoso sexual experimentado por los jornaleros es tan común que algunas mujeres en el campo ven estos abusos como una condición inevitable del trabajo agrícola”, decía el reporte.
Alrededor de 630.000 de los tres millones de personas que se desempeñan haciendo trabajo agrícola de temporada son mujeres. El gobierno federal calcula que 60% de ellos no tienen permiso legal de estar en el país.
“Es más fácil para los abusadores lograr impunes el acoso sexual cuando haya desequilibrio de poder, y ese desequilibrio de poder es particularmente descarado en el campo”, dijo a The Associated Press la autora del reporte, Grace Meng.
El documento pide al Congreso que apruebe leyes que protejan a las mujeres inmigrantes que trabajan en el campo, y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que rechace reglas que alienten a las policías locales a reportar violaciones federales de inmigración.
El reporte describe incidencias de violación, acoso, manoseo y uso de lenguaje vulgar contra mujeres, que aseguran que no suelen reportar los actos por temor a ser despedidas, o peor, deportadas.
Final del formulario
Meng entrevistó 52 jornaleros y 110 abogados, trabajadores de servicio social, policías y miembros de la industria agrícola en Nueva York, Carolina del Norte, Florida, Texas, Colorado, Ohio, Arizona, Pensilvania, Tenesí y el estado de Washington, pero se enfocó principalmente en California debido a que hay más jornaleros del campo.
Las mujeres que trabajan para contratistas son más vulnerables que quienes trabajan directamente para un agricultor, según el informe.
“El objetivo de nuestro informe era demostrar que este era un problema nacional. Y mostrar las trabas gubernamentales existentes para reportar estos crímenes y abusos. Y para demostrar que es un problema de derechos humanos”, dijo Meng.
Mientras que estudios anteriores han dicho que hasta 80% de las mujeres que trabajan en el campo han sido acosadas o asaltadas, una abogada en el corazón de la región agrícola de California dice que su experiencia coloca la cifra más cercana a la mitad. Agregó que el problema existe en todos los negocios en que hay mujeres inmigrantes que quizá no tengan conocimiento del idioma inglés ni confían en las policías, aunque las granjas son los mayores empleadores por lo que los abusos son más frecuentes en ese ámbito.
Los casos rara vez son reportados a las autoridades, dijo Amparo Yebra de la organización sin fines de lucro llamada Red de Servicios de Preservación de la Familia Westside, en Huron, California.
“Hemos tenido muchas quejas”, dijo Yebra. “La mayoría de las personas son trabajadores del campo, pero si tienen la oportunidad de abandonar el campo para trabajar en una tienda, algunos de los propietarios también sacan provecho de esas personas”.
El acoso sexual en el lugar de trabajo es ilegal en California, y según Bryan Little, de la Federación Agrícola de California, la Legislatura identificó esto como un problema universal. El grupo de afiliación de la federación, Servicios Laborales de Empleadores Agrícolas, ofrece prevención del acoso sexual y entrenamiento, el cual los empleadores deben proporcionar cada dos años a cualquier persona que trabaje como supervisor.
“La agricultura es una industria importante en California, pero parece poco probable que aprueben esta ley sólo por el trabajo agrícola”, dijo Little. “Tienen que haber respondido a algo mayor en los lugares de trabajo”.
Grupos proinmigrantes planean marcha contra ley en Arizona
PHOENIX.- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes planean una protesta cuando se presente la ley de inmigración de Arizona ante la Corte Suprema federal.
Grupos a favor de los inmigrantes como Somos América y el American Civil Liberties Union anunciarán el viernes sus planes en el centro de Phoenix para una marcha en contra de las políticas migratorias estatales y federales.
La marcha, planeada para el 25 de abril, tiene como objetivo coincidir con la fecha en que la corte suprema empiece las audiencias de los argumentos en la demanda del gobierno federal con la propuesta de ley SB1070.
La ley de Arizona fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en 2010, y exige que todos los inmigrantes obtengan y lleven consigo documentos de registro.
La ley también permite a la policía preguntar el estatus migratorio de cualquier persona en caso de sospecha razonable de que estén sin permiso en el país. Esta ley ha generado protestas y boicots contra Arizona por parte de las organizaciones a favor de los derechos de los hispanos en todo el país.
Grupos proinmigrantes planean marcha contra ley en Arizona
PHOENIX.- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes planean una protesta cuando se presente la ley de inmigración de Arizona ante la Corte Suprema federal.
Grupos a favor de los inmigrantes como Somos América y el American Civil Liberties Union anunciarán el viernes sus planes en el centro de Phoenix para una marcha en contra de las políticas migratorias estatales y federales.
La marcha, planeada para el 25 de abril, tiene como objetivo coincidir con la fecha en que la corte suprema empiece las audiencias de los argumentos en la demanda del gobierno federal con la propuesta de ley SB1070.
La ley de Arizona fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en 2010, y exige que todos los inmigrantes obtengan y lleven consigo documentos de registro.
La ley también permite a la policía preguntar el estatus migratorio de cualquier persona en caso de sospecha razonable de que estén sin permiso en el país. Esta ley ha generado protestas y boicots contra Arizona por parte de las organizaciones a favor de los derechos de los hispanos en todo el país.
Comunidades Seguras evaluación: Efectivo pero difícil de implementar
WASHINGTON, D.C.- Dos nuevos reportes emitidos recientemente, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, identificaron problemas en la implementación y ejecución del polémico programa Comunidades Seguras.
Este consiste en ingresar las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él, para luego contrastarlas con las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Si se determina que el individuo no posee estatus migratorio legal, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta medidas de control, entre ellas iniciar procesos de deportación. Actualmente el programa está activado en 2,590 jurisdicciones, es decir en 81% del país.
El primer informe de la Oficina del Inspector General de DHS, publicado el 5 de abril de 2012, explicó que desde 2008, ICE ha gastado cerca de 750 millones de dólares en Comunidades Seguras y ha identificado a 692 mil criminales extranjeros. Es decir 1,083 dólares por persona localizada.
El documento aseguró que este sistema ha sido efectivo en identificar extranjeros criminales en la mayoría de los casos.
“La agencia expandió su capacidad de reconocer delincuentes extranjeros, en áreas que no estaban cubiertas por sus otros programas. Además, fue capaz de ubicar a estas personas temprano en el proceso, algunas de las cuales no habrían sido localizadas por otros métodos”.
Sin embargo, el reporte destacó también que “las oficinas locales duplicaron la investigación asociada a su detención y los oficiales no siempre documentaron de manera suficiente, sus acciones de control de seguridad”.
El segundo reporte, con fecha 27 de marzo de 2012, se enfocó en la implementación de Comunidades Seguras. ICE ha enfrentado fuertes críticas debido a la ambigüedad con la que expandió el programa en 2009 y sobre todo, la poca claridad respecto a su carácter obligatorio.
“No encontramos evidencia de que la agencia engañó al público intencionalmente o a los estados y jurisdicciones locales, al implementar Comunidades Seguras. No obstante, no comunicaron claramente a los grupos de interés, las intenciones del programa y lo que esperaban de su participación en él”, detalló el informe.
“Estoy muy decepcionada con los reportes del inspector general”, declaró la congresista Zoe Lofgren (D-CA), la demócrata de más alto rango en el subcomité de inmigración, quien pidió inicialmente que se realizaran las investigaciones, el año pasado.
“Después de esperar mucho tiempo, sorprende que haya fallado en proveer respuestas claves a preguntas esenciales”. “El reporte aseguró que el programa ha sido efectivo deportando inmigrantes con acusaciones criminales, pero esa no era la pregunta. ¿Comunidades Seguras atrapa víctimas sin historial criminal?, ¿es susceptible al perfil racial? Minimiza los esfuerzos de vigilancia de la comunidad, dejándonos más desprotegidos”, recordó la legisladora, refiriéndose a las interrogantes que se han planteado en audiencias realizadas en el Capitolio.
Por su parte, DHS defendió el reporte, en declaraciones a La Opinión y utilizó sus conclusiones para reafirmar su visión, respecto al funcionamiento del programa, que pretende implementar a nivel nacional en 2013.
“Nos complace que los informes confirmen que Comunidades Seguras ha demostrado su efectividad en transformar el control de inmigración, para enfocarse en criminales, así como en su identificación temprana en el proceso judicial, sin un costo adicional para las jurisdicciones locales”, especificó Nicole Navas, vocera de ICE.
Organizaciones de derechos civiles aseguraron que parte de la información contenida en el reporte, sí prueba alegatos con los que han cuestionado a la agencia por meses.
“El documento confirma que cuando quedó claro que más del 50% de las deportaciones se salieron del alcance original de Comunidades Seguras, ICE cambió sus categorías y ahora está poniendo ofensas menores como nueva prioridad”, declaró la activista Sarahí Uribe, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Ciudad de Nebraska se prepara para ordenanza de inmigración
OMAHA, Nebraska, EE.UU.- Los funcionarios de Fremont intentan resolver la manera de ejecutar una ordenanza que exige a las empresas comprobar varias veces la ciudadanía de los nuevos empleados.
El fiscal de la ciudad, Paul Payne, le dijo al Ayuntamiento en su reunión del martes que está obligado a comenzar a hacer cumplir el requisito desde el 4 de mayo, pero que todavía trata de determinar qué recursos se necesitan y lo que debe implicar el proceso.
“No tenemos muchas guías … en otras comunidades, porque en realidad no veo que muchas de ellas la estén haciendo cumplir”, dijo Payne.
El requisito de que los empleadores utilicen el sistema E-Verify para detectar inmigrantes sin autorización legal es parte de una ordenanza aprobada por los votantes de Fremont en junio de 2010, pero quedó en suspenso hasta ahora para que se pudieran tramitar las demandas que la impugnaban.
Un juez federal ratificó la mayor parte de la ordenanza en febrero, pero rechazó una parte de las normas que obligaba a los inquilinos potenciales a jurar que son residentes legales y pagar cinco dólares para obtener un permiso de alquiler. Por lo tanto, las normas de vivienda permanecen en suspenso mientras apelan los representantes de la ciudad y de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés).
NY: Planean marcha hasta capital de estado para exigir Dream Act
NUEVA YORK.- Diez estudiantes planean caminar desde la ciudad de Nueva York hasta la capital del estado, Albany, para exigir que la legislatura estatal apruebe una medida que facilitaría ayuda financiera a jóvenes inmigrantes sin autorización para residir en el país que quieren ir a la universidad.
La marcha de 241 kilómetros (150 millas) empezará el lunes y se espera dure ocho días.
Su objetivo es que los legisladores aprueben el llamado New York Dream Act, una medida que permitiría a los estudiantes sin papeles acceder al llamado Programa de Asistencia Educacional (Tuition Assistance Program, TAP) del estado. Un segundo proyecto de ley propuesto crearía un fondo privado al que los estudiantes podrían acudir para solicitar ayuda financiera.
“Se espera que caminen un mínimo de 12 millas al día”, explicó Angy Rivera, una colombiana que ayudó a organizar la marcha. “Necesitamos el apoyo de legisladores republicanos y planeamos reunirnos con ellos al llegar a Albany”.
Rivera fue traída por su familia a Estados Unidos de forma ilegal cuando tenía tres años.
Los estudiantes forman parte del grupo New York Youth Leadership Program (Programa de Liderazgo de Jóvenes en Nueva York) y llevan meses pidiendo la aprobación de las medidas en manifestaciones y ruedas de prensa.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó recientemente un presupuesto estatal que no incluye dinero para ambas medidas. Aún así, los jóvenes dijeron que seguirán presionando para que la legislatura apruebe las iniciativas este año.
El New York Dream Act beneficiaría a entre 4.000 y 5.000 alumnos matriculados en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) que no tienen permiso para radicar en el territorio nacional.
Según datos emitidos recientemente por el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, las dos medidas podrían beneficiar a unos 65.000 estudiantes de secundaria del estado que están en la misma situación migratoria.
Jóvenes sin papeles no pueden acceder a becas federales en Estados Unidos, pero en algunos estados como Nueva York, pueden pagar las mismas tarifas en universidades públicas que estudiantes nacidos en el estado.
Legisladores no revivirán proyecto de inmigración en Misisipí
JACKSON, Misisipí, EE.UU.- El presidente de la Cámara de Representantes de Misisipí desistió de revivir un proyecto de inmigración que habría requerido a la policía denunciar ante las autoridades federales a las personas que residieran supuestamente sin permiso en el estado.
El proyecto, rechazado esta semana por el presidente del Senado, al parecer no tiene visos de prosperar en esta legislatura.
El presidente de la Comisión Judicial B de la Cámara de Representantes, el republicano Andy Gipson, dijo que sigue empeñado en adoptar en algún momento una ley de inmigración.
“Pienso efectuar audiencias sobre ello este verano”, dijo Gipson.
Empero, Gipson indicó el jueves a la cámara baja que tras consultar con los abogados, decidió que quizá no prospere la incorporación de las normas deseadas en el proyecto de ley 2549 del Senado, que trata de la venta de bienes falsificados.
La Cámara prohibe agregar temas ajenos a un proyecto de ley durante su debate.
Gipson reconoció que hubiese querido incluir el tema de la inmigración no autorizada en el proyecto de ley sobre bienes falsificados porque los partidarios del proyecto reconocieron que la venta de productos apócrifos, como zapatas de frenos, medicinas y otros, son un problema en las comunidades de inmigrantes.
Agregó haber sido informado por los asesores legales que los temas no estaban relacionados directamente y su inclusión podría haber sido puesta en entredicho en el pleno de la Cámara. Una impugnación habría obligado a su presidente, el republicano Philip Gunn, a determinar si ambos temas estaban relacionados, con el posible enojo de los legisladores más conservadores que defendieron la adopción de una ley parecida a la de Arizona.
El proyecto de ley original, Cámara 488,fue aprobado el 14 de marzo por votación de 70-48. Expiró esta semana cuando el presidente de la Comisión Judicial B del Senado, el demócrata Hob Bryan, decidió no someterla a votación antes del martes, cuando expiraba el plazo.
El proyecto de ley 488 de la Cámara habría obligado a la policía a denunciar ante el servicio de Inmigración y Protección de Aduanas a las personas detenidas y sospechosas de residir ilegalmente en Estados Unidos. Los organismos policiales que incumplieran el requisito serían multados hasta con 5.000 dólares diarios. Además, el proyecto habría prohibido a los inmigrantes ilegales solicitar licencias de manejar o permisos mercantiles. Nueva York.- El movimiento Ocupa Wall Street llamó a celebrar el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo próximo, con una marcha para destacar la contribución de los inmigrantes a Estados Unidos y defender sus derechos civiles.
La marcha partirá a las 16:00 horas locales (20:00 GMT) del 1 de mayo de la actual base de operaciones del movimiento, en la histórica Plaza Unión, para criticar las “enormes brechas en el ingreso” que hay en Estados Unidos y solidarizarse con la clase trabajadora del país.
De acuerdo con Hanilee Ramos, representante de la Coalición 1 de Mayo, esta fecha fue adoptada por los inmigrantes en Estados Unidos, por lo que la conmemoración debe unir a esa comunidad con el movimiento laboral organizado.
“El 1 de mayo es una ocasión para manifestar nuestra crítica al ‘uno por ciento’ (de la población que controla la economía) y para celebrar la historia y la cultura de las luchas de los trabajadores en todo el mundo”, afirmó Ramos.
A la manifestación se unirán también estudiantes que pugnan por la aprobación de la iniciativa Dream Act, que abriría una puerta para que universitarios y militares que viven sin documentos en el país puedan regularizar su situación migratoria.
Yohan García, estudiante de la Universidad Hunter y originario del central estado mexicano de Puebla, expresó su solidaridad con la marcha.
“Mi sueño es llegar a ser senador de Estados Unidos. Por eso marcharé el 1 de mayo, una fecha para todos. Seguimos trabajando para garantizar que la marcha y la manifestación sean seguras, invitando a todos los miembros de la comunidad, incluidos los inmigrantes”, dijo.
El movimiento Ocupa Wall Street se inició en septiembre pasado para criticar la desigualdad en el ingreso, la corrupción y la avaricia del sistema capitalista.
Su lema alude a que el uno por ciento de la población más acaudalada en Estados Unidos controla casi 40 por ciento de la economía del país.
Convocan indignados a marcha pro inmigrante el 1 de mayo
Nueva York.- El movimiento Ocupa Wall Street llamó a celebrar el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo próximo, con una marcha para destacar la contribución de los inmigrantes a Estados Unidos y defender sus derechos civiles.
La marcha partirá a las 16:00 horas locales (20:00 GMT) del 1 de mayo de la actual base de operaciones del movimiento, en la histórica Plaza Unión, para criticar las “enormes brechas en el ingreso” que hay en Estados Unidos y solidarizarse con la clase trabajadora del país.
De acuerdo con Hanilee Ramos, representante de la Coalición 1 de Mayo, esta fecha fue adoptada por los inmigrantes en Estados Unidos, por lo que la conmemoración debe unir a esa comunidad con el movimiento laboral organizado.
“El 1 de mayo es una ocasión para manifestar nuestra crítica al ‘uno por ciento’ (de la población que controla la economía) y para celebrar la historia y la cultura de las luchas de los trabajadores en todo el mundo”, afirmó Ramos.
A la manifestación se unirán también estudiantes que pugnan por la aprobación de la iniciativa Dream Act, que abriría una puerta para que universitarios y militares que viven sin documentos en el país puedan regularizar su situación migratoria.
Yohan García, estudiante de la Universidad Hunter y originario del central estado mexicano de Puebla, expresó su solidaridad con la marcha.
“Mi sueño es llegar a ser senador de Estados Unidos. Por eso marcharé el 1 de mayo, una fecha para todos. Seguimos trabajando para garantizar que la marcha y la manifestación sean seguras, invitando a todos los miembros de la comunidad, incluidos los inmigrantes”, dijo.
El movimiento Ocupa Wall Street se inició en septiembre pasado para criticar la desigualdad en el ingreso, la corrupción y la avaricia del sistema capitalista.
Su lema alude a que el uno por ciento de la población más acaudalada en Estados Unidos controla casi 40 por ciento de la economía del país.
Ley de Arizona SB1070 llega a la Corte Suprema
Los motores ya se están calentando para lo que se espera sea otra disputa controvertida de la Corte Suprema en abril.
El próximo 25 de abril, el máximo tribunal decidirá si el estado de Arizona tiene el derecho a legislar sobre inmigración, de la forma en que lo hizo en SB1070, a pesar de que es el Gobierno federal el encargado de manejar este tema.
Será un debate decisivo, con todo el teatro y la política que amerita su perfil. Grupos del más diverso origen han presentado más de 100 documentos bajo la figura de “Amigos de la Corte”, con la esperanza de ratificar, que la ley de Arizona viola la Constitución.
Las partes más controvertidas de la medida fueron bloqueadas por una corte federal en 2010 y, luego en abril de 2011, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito reafirmó la decisión.
Entre sus provisiones figuraba convertir en delito menor que los extranjeros no llevaran sus documentos de registro, requeridos por la ley.
“No queremos tener un país donde el color de tu piel te haga sospechoso”, dijo la congresista Zoe Lofgren (D-CA), una de las legisladores que se unió a 67 legisladores, en un documento de “Amigos de la Corte, esfuerzo liderado por el representante de Arizona, Raúl Grijalva (D-AZ).
Este recurso legal es un escrito presentado por terceras partes, de voluntad propia, que tiene el objetivo de ayudar a la corte a tomar una decisión, entregando una opinión respecto al caso.
Uno de los puntos más llamativos es la diversidad de países que se han opuesto a SB 1070, por escrito. El documento de “Amigos de la Corte” presentado por México fue respaldado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
“SB 1070 dificulta las relaciones con Estados Unidos e impide la colaboración bilateral efectiva, porque busca establecer un esquema migratorio diferente, precedido por la ley federal”, declaró el Gobierno mexicano.
Organizaciones de derechos civiles nacionales y locales, grupos religiosos, departamentos de policía, entre otros, también han presentado documentos de “Amigos de la Corte”.
“Tenemos una gran diversidad de voces y esperamos que esto tenga un efecto persuasivo”, aseguró Marielena Hincapié, directora ejecutiva de Nacional Immigration Law Center.
“La SB 1070 desvía recursos limitados de prioridades como la lucha contra el crimen organizado y obliga a los oficiales a centrarse en arrestar a jornaleros, que no son las personas que están cometiendo crímenes”, dijo el ex jefe de policía de Phoenix, Jack Harris.
Mientras, el congresista Luis Gutiérrez (D-Il) criticó las posturas partidistas. “En este último tiempo lo único que estamos viendo sobre inmigración son estrategias políticas partidistas, personas que se sacan fotos en la frontera. A eso hemos llegado”, comentó Gutiérrez.